El proyecto incluye una reforma laboral, eliminación de la moratoria jubilatoria, un régimen especial para grandes inversores y facultades extraordinarias para el Presidente. Los puntos más cuestionados del texto.

Por María Cafferata

Los senadores se pusieron manos a la obra y, como si fuera un collage, comenzaron a diseñar su propia versión de la Ley Bases y el paquete fiscal. Radicales y bancadas provinciales, la base de aliados sobre la cual el gobierno nacional buscará sancionar ambos proyectos, desechan capítulos y piden cambios. Insisten en que, así como salieron de Diputados, las leyes no podrán sancionarse. Sin embargo, excepto por la restitución del impuesto a las Ganancias, existe una coincidencia en que la mayoría de los capítulos serán aprobados. Esto es 238 artículos, que son como leyes, en el caso de la Ley Bases, y 113 artículos del paquete fiscal, que impactarán de lleno sobre la vida de las y los argentinos. 

Desde la reforma laboral hasta la eliminación de la moratoria que permite que decenas de miles de mujeres puedan jubilarse a pesar de no contar con los años de aportes. Desde facultades extraordinarias que le permiten a Javier Milei eliminar organismos públicos hasta la privatización de once empresas públicas. Desde un régimen impositivo con beneficios exorbitantes para las empresas internacionales que quieren invertir en minería y petróleo, hasta un nuevo blanqueo de capitales. Mejoras impositivas en Bienes Personales para los más ricos y nuevos impuestos – Ganancias – para los trabajadores. Todo esto comenzará a debatirse en comisiones la semana que viene en el Senado y llegará al recinto el 16 o 17 de mayo.

Reforma laboral

Suspendida por la Justicia cuando formaba parte del DNU 70/2023, el oficialismo decidió incluir la reforma laboral en la nueva versión de la Ley Bases. El capítulo, reducido en pos de conseguir los votos para su aprobación, incluye la eliminación de las multas por trabajo no registrado, la posibilidad de reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral y la ampliación del período de prueba a seis meses (que puede extenderse hasta un año en el caso de las empresas con menos de cinco trabajadores). Tres puntos que facilitan a los empleadores a despedir más barato a sus trabajadores en tiempos de crisis. Y, en los casos de crecimiento de la actividad, permite contratar rápido sin mayores compromisos a futuro. «Toda la incertidumbre sobre la evolución del ciclo económico se traslada a las espaldas de los trabajadores», explica el abogado laboralista e investigador del Instituto de Formación de la CTA, Luis Campos.

El punto más cuestionado de la reforma, sin embargo, es la creación de una nueva categoría de trabajador «independiente» que puede, a su vez, subcontratar hasta otros cinco trabajadores independientes con los cuales no tendrá ningún tipo de vínculo de dependencia. Esta categoría funciona como una suerte de paraguas legal para la enorme cantidad de empleo no registrado en las que los trabajadores no cuentan con ningún tipo de derecho laboral (ni vacaciones ni aguinaldo ni licencias). Pero no solo eso: Campos identifica que esta categoría pone en riesgo también a los empleadores, ya que argumenta que la ley «se lleva muy mal con el artículo 14 bis de la Constitución» y eso podría llevar a varios juicios laborales. 

Finalmente, la ley incluye también una «indemnización agravada» para casos de despidos discriminatorios. «Es un viejo anhelo de las grandes empresas y los estudios de abogados corporativos, muchos de los cuales fueron autores intelectuales de la reforma. El despido ya no se discute, basta de fallos judiciales que te obligan a reinstalar un trabajador despedido por su actividad sindical. La patronal no tiene problema en pagar de más y garantizarse que ese trabajador a la empresa no entra más», cuestiona Campos.

RIGI

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es el corazón de la Ley Bases (y uno de los puntos más cuestionados por la oposición). Son varios capítulos que sostienen beneficios fiscales y aduaneros, exenciones impositivas, y libre disponibilidad de divisas durante 30 años para aquellas empresas que inviertan más de 200 millones de dólares. Uno de los sectores que se verá más beneficiado es el de la explotación minera e hidrocarburífera: no por nada el régimen cuenta con el apoyo entusiasta de las tres provincias que conforman el triángulo del litio – Catamarca, Salta y Jujuy -, así como de San Juan y varias provincias petroleras. 

El RIGI plantea que las empresas que inviertan tendrán libertad absoluta para entrar y sacar divisas, así como reducciones impositivas en Ganancias, amortizaciones aceleradas y hasta exención de impuestos provinciales y municipales (que generó críticas de parte de algunas fuerzas provinciales). Propone, a su vez, liberar de derechos de exportación a las importaciones de bienes de consumo, insumos y bienes de capital. «Ello supone una fuerte desprotección a la industria nacional, es la promoción del reemplazo de producción nacional por oferta importada», explica en un informe la economista Mercedes Marcó del Pont. En efecto, fue este último punto lo que despertó la irritación de varios organismos industriales, como la UIA o Adimra, que han manifestado su rechazo al régimen.

En la vereda opuesta se encuentran los gobernadores de provincias con explotación minera, que vienen presionando para que el RIGI se sancione. Incluso los gobernadores peronistas como Raúl Jalil, que llegó a enviar a sus diputados a votar a favor del régimen en la votación en particular (rompiendo así con la postura de rechazo total del bloque de Unión por la Patria). Jalil, ahora, viene presionando a sus dos senadores para que acompañen la ley en general, aunque una de ellos, Lucía Corpacci, adelantó que no lo haría.

Reforma del Estado

La Ley Bases propone delegarle a Javier Milei facultades extraordinarias en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Una versión mucho más acotada que la original – que declaraba la emergencia en once temas -, pero que igual genera desconfianza en algunos de los sectores de la oposición amigable que quieren aprobar la ley en general. «¿Vamos a darle facultades extraordinarias a un loco como Milei?», dudan algunos de los senadores radicales más críticos que podrían voltear el capítulo en la votación en particular. En Diputados, sin embargo, la mayoría del bloque acompañó.

Una de las facultades que tendrá Milei, de aprobarse el capítulo vinculado a la «Reorganización administrativa», es la de intervenir y eliminar casi todos los organismos públicos. El radicalismo y Hacemos Coalición Federal habían logrado, durante las negociaciones en el debate en Diputados, incluir un listado de organismos que quedarían exceptuados de la facultad de Milei para suprimirlos, como el CONICET, el Malbrán, la ANMAT, el INCAA, el ENACOM, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Valores, entre otros. Muchos, sin embargo, quedaron afuera, como el Banco Nacional de Datos Genéticos, lo que los deja en una situación de extrema vulnerabilidad. 

Los organismos que integran el listado de excepciones, sin embargo, tampoco están salvados: Milei todavía puede eliminarle competencias, reorganizar su estructura interna (despidos), fusionarlos con otros entes o transferir sus funciones a las provincias. 

Privatizaciones

El revival de los 90′ se percibe con más fuerza en la capítulo de privatizaciones de la Ley Bases. Originalmente, el gobierno pretendía habilitar la privatización de todas las empresas públicas (una cuarentena) pero, luego de que la ley se cayera en febrero, el oficialismo tuvo que sentarse a achicar el listado. Finalmente, el proyecto propone la privatización de once empresas públicas, aunque con modalidades diferentes. 

Por un lado, está el lote de empresas que pueden pasar totalmente a menos privadas: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (ENARSA), Radio y Televisión Argentina e Intercargo (la operadora terrestre de servicios aeroportuarios). Por el otro, están las cinco empresas que pueden ser vendidas en su totalidad o entregadas para concesión: AYSA, Correo Argentino, Corredores Viales, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (que pasó a encargarse de los trenes en 2008 luego del proceso de desguace y privatización del gobierno de Carlos Menem).

Y finalmente están Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) que, a diferencia de las anteriores, solo pueden ser privatizadas parcialmente. Es decir que tanto la empresa generadora de energía eléctrica a partir de las centrales nucleares de Embalse y Atucha, así como la empresa generadora de energía en la central termoeléctrica de Río Turbio (Santa Cruz), tendrán que continuar bajo el control mayoritario del Estado. 

Moratoria previsional

No estaba en el proyecto original, se incluyó a último momento y, finalmente, terminó siendo el único capítulo de la Ley Bases que casi se cae durante la votación en particular en Diputados. Con solo 125 votos a favor – la ley se había aprobado en general con 142 -, Diputados le dio media sanción a la eliminación de la moratoria previsional que se había sancionado en 2023. La moratoria, que era más bien un plan de pagos de deuda previsional, permitía que todas las personas que hubieran llegado a la edad de jubilarse y no tuviesen los 30 años de aporte pudieran hacerlo igual. Esto beneficiaba particularmente a las mujeres que, según datos de la ANSES, solo 1 de cada 10 cuenta con los años de aportes suficientes para jubilarse cuando cumplen 60.

De aprobarse este capítulo, todas las personas que no cumplan con los años de aportes «caerán» en la PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor), que significa un 80 por ciento de la jubilación mínima (es decir poco más de 152 mil pesos). Con una modificación: el radicalismo logró introducir la categoría llamada «Prestación de Retiro Proporcional» que pretende diferenciar entre los que tuvieron, por ejemplo, 15, 20 o 29 años de aportes de los que no tuvieron ni uno. La iniciativa de la UCR plantea dejar la PUAM como un piso e ir incrementado el porcentaje según la cantidad de años aportados hasta llegar a la jubilación mínima. Con una salvedad: el texto de la ley no da ningún detalle sobre cómo tendría que ser esta prestación y deja en manos del Ejecutivo la reglamentación. 

La eliminación de la moratoria es otro de los puntos flojos para el debate en el Senado, ya que hay varios senadores que quieren acompañar la ley en general que, el año pasado, votaron a favor de la moratoria. En Diputados, sin embargo, eso no detuvo a varios legisladores (como los que responden al gobierno cordobés) que primero votaron a favor de la moratoria y después votaron a favor de su eliminación.