Sumida en una feroz interna detonada por el juicio político, la Corte respondió un pedido de informe al Congreso en un gesto que por primera vez valida su legitimidad. Además, la respuesta muestra nuevo foco de conflicto. ¿Rosatti vs. Maqueda? Un mail escandaloso con el fracaso rotundo del control a la Obra Social.

Por Raúl Kollmann

La Corte Suprema contestó por escrito y aportando documentación a uno de los requerimientos que le hizo la Comisión de Juicio Político sobre la acusación relacionada con el desmanejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). Con ese hecho, el máximo tribunal admite -de hecho- la legalidad de todo el procedimiento del juicio político. Pero, además, la Corte entregó un documento significativo, ya adelantado en sus contenidos por Página/12: el famoso mail que el ministro Juan Carlos Maqueda le dirigió a sus colegas de la Corte el 30 de agosto de 2021 admitiendo los desastres ocurridos en la obra social. “Se están eliminando prácticas corruptas -reconoce Maqueda-; se sucedieron frustradas licitaciones para equipar a la obra social de un sistema informático; no se modernizaron los sistemas, no existen manuales de sistemas. Toda esta situación hizo eclosión durante la pandemia”. En ese marco, el juicio político está provocando fuertes terremotos en el máximo tribunal. El martes pasado le aceptaron la renuncia al director de la obra social, Aldo Tonón, hombre de confianza de Maqueda. Y dos días después, el secretario administrativo de la Corte, que tenía poder sobre la obra social, Héctor Marchi –vinculado con Ricardo Lorenzetti– recusó a toda la Corte pero en especial a los otros tres integrantes -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Maqueda- porque, según dijo, están protegidos por Elisa Carrió. La guerra es feroz. 

El juicio político es legal

La respuesta de la Corte Suprema a la Comisión de Juicio Político legitima el proceso que se lleva adelante en el Congreso. El máximo tribunal podría haber contestado que no corresponde ninguna respuesta porque el juicio político es ilegal o ilegítimo. No lo hizo. Contestó a la requisitoria.

Aún así, la secuencia es llamativa. El 15 de febrero la presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard, le mandó una notificación al titular de la Corte, Rosatti, pidiéndole documentación muy precisa sobre la crisis de la Obra Social. En el texto, Gaillard le menciona un famoso mail en el que Maqueda afirma:“mi experiencia de ejercer la supervisión de la Obra Social sin tener poder de ejecución ha sido francamente negativa”.

Lo asombroso es que Rosatti le derivó el pedido a Maqueda, o sea el presidente de la Corte, en lugar de tomar las cosas como una cuestión del conjunto del cuerpo, le mandó el oficio a Maqueda, casi señalándolo como el responsable de los problemas de la obra social. En verdad, la Corte misma es la que está a cargo de la OSPJN y no puede delegar las culpas.

Un mail explosivo

El 31 de agosto de 2021, Maqueda le mandó a los otros miembros de la Corte una renuncia como supervisor de la obra social. Ya en el segundo párrafo dice: “No presento una renuncia porque no conozco ninguna resolución que me hubiera designado”. En un renglón evidencia el caos reinante.

Maqueda arranca con reconocimientos asombrosos:

* ”Estábamos en una obra social insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones médicas reducidas”.

* ”Se eliminaron prácticas corruptas”.

* ”Mi tarea no fue acompañada de una modernización. Se frustraron licitaciones de equipos informáticos. No se mejoró la atención administrativa”

* ”Todas las autorizaciones dependen de una sola persona”

* ”Ustedes deberían saber la ímproba tarea de intermediación que durante estos años tuvo el personal de mi vocalía (en la Corte) a quienes acudían magistrados, funcionarios y empleados para obtener respuestas a sus pedidos. Dedicaron igual tiempo a sus tareas que a los reclamos de la obra social”. Es decir, los que trabajaban supuestamente en temas judiciales con Maqueda, se dedicaron a responder a las quejas de los afiliados.

Una auditoría catastrófica

El 15 de octubre de 2021, la Corte ordenó una auditoría, para la cual contrataron contadores. El período analizado fue 2008-2021.

Estas fueron algunas de las conclusiones:

* El directorio de la obra social estaba en situación irregular. Quedaba en realidad un solo integrante, Aldo Tonón, que ejercía una especie de unicato desde hacía cinco años.

* Estuvo vacante la Auditoría Interna y nadie ejerció la función.

* No había manuales de procedimientos.

* No había auditor de prestadores.

* No había presupuestos de gastos.

* No existió un sistema formal de contabilidad.

* A una empresa cordobesa, Farmandat, (Maqueda proviene también de Córdoba), sin tener la estructura y trayectoria requerida, se le adjudicó el contrato de suministro de medicamentos. “En un informe de 2020 se estimaba un desvío de 26.260 unidades entre medicamentos e insumos”.

* Los medicamentos vencidos no se devolvían a los laboratorios. Eran retirados por una empresa de la que no se sabe el nombre.

* Hay 78 empleados por contrato, pero no están los contratos.

La declaración de un secretario

Cristian Abritta, un secretario clave de la Corte Suprema, declaró ante la Comisión de Juicio Político de Diputados el 23 de febrero. El funcionario admitió, por ejemplo, que la propia Corte representaba a la obra social en causas de demandas de afiliados a los que se le habían negado prestaciones. Es decir, la Corte aparecía de los dos lados del mostrador: era la demandada y al mismo tiempo resolvía como juez. “Yo le había sugerido a OSPJN que armaran un área jurídica, precisamente porque había enorme litigiosidad. Nunca fui oído”, dijo el secretario.

El dato que, además, surgió con claridad fue el aumento de la litigiosidad. De 24 juicios en 2008, la cifra trepó a 112 en 2021. Buena parte por mala praxis médica.

¿Todos contra todos?

Dado el caos reinante, la Corte emprendió una reforma de los estatutos para darle lugar, por ejemplo, a la Asociación de Magistrados, en la conducción de la OSPJN. La acordada del máximo tribunal motivó una durísima disidencia de Lorenzetti, quien en idioma jurídico señaló que “no se trata de reformar, antes hay que hacer cumplir lo que está escrito”. En otras palabras, que debía haber algún tipo de sanción para los hombres de Maqueda.

Y además, Lorenzetti advirtió que hay un simulacro de cambio, porque la Corte Suprema tomaba todo el control y en realidad al directorio de la OSPJN se le adjudicaba un poder sólo aparente. Para colmo, una de las bases de la reforma fue un informe de un contador que admite que «hay incertidumbre relacionada con el sistema informático en la registración, porque existen falencias en la seguridad e integración de la información”. Es decir, que los números no están claros.

La conclusión de Lorenzetti es que debe haber sanciones, antes que reformas.

Una renuncia en la tormenta

Las acusaciones cruzadas produjeron la renuncia del director general de la obra social, Aldo Tonón. Esa dimisión fue aceptada este martes con una resolución breve y fría. Ni siquiera se le agradecen los servicios prestados. El segundo párrafo estuvo destinado a recordarle que debe presentar una declaración jurada de bienes dentro de los 30 días hábiles.

El trasfondo parece ser la pretensión de echarle la culpa a Tonón y a quien tenía el control de la obra social, Maqueda. Sin embargo, la responsabilidad sobre la OSPJN es del conjunto y el juicio político pone el acento en hechos tan evidentes como:

* No designar el directorio.

* No hubo presupuestos.

* No hubo controles de ningún tipo.

* Se afectó la salud de los trabajadores y jubilados judiciales.

* La Corte actuó en demandas que eran contra la OSPJN, es decir contra la propia Corte.

Y encima, una recusación con ruido

La obra social estuvo siempre en el área de la secretaría administrativa de la Corte, a cargo de Héctor Marchi, quien llegó al cargo de la mano de Lorenzetti, pero se mantuvo con Rosenkrantz y Rosatti. Como contó en Página/12 la periodista Luciana Bertoia, Marchi presentó una recusación contra todos los cortesanos en un juicio que tiene contra Elisa Carrió. La líder de la Coalición Cívica denunció a Lorenzetti y a Marchi por enriquecimiento ilícito, la causa fue sobreseída y Marchi demandó a Carrió. La Cámara Civil le dio la razón, pero el caso llegó en 2020 al máximo tribunal. Ahí Marchi recusó a todos y ahora los cortesanos rechazaron la recusación.

En ese marco llegará a declarar a la Comisión de Juicio Político, con otro elemento adicional: se dice que Rosatti buscó siempre recortarle poder a Marchi para dárselo a su operador y alter ego, Silvio Robles. Como se sabe, Robles apareció en los chats del celular de Marcelo D’Alessandro, el ministro de Justicia porteño, dándole instrucciones sobre los planteos que Juntos por el Cambio debía hacer en la Corte y en el Congreso. O sea, un detrás de escena de Rosatti jugando de asesor del macrismo.