Se investiga un a un grupo especial que utilizaba una sola clave para buscar datos de dirigentes políticos del FdT y Cambiemos, futbolistas y artistas, entre otros. La demanda recayó en el juzgado de Julián Ercolini, el juez del viaje a Lago Escondido.

Por Raúl Kollmann

La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ante la justicia federal que se registraron casi 40.000 ingresos indebidos al sistema en el que constan todos los bienes, cuentas, propiedades y movimientos de los argentinos. Las personas a las que se le realizó ese espionaje fiscal, entre el 1 de enero de 2017 y el 24 de octubre de 2019, o sea durante el gobierno de Mauricio Macri, son dirigentes políticos del Frente de Todos, también de Juntos por el Cambio distanciados del entonces presidente, empresarios, jueces, renombrados jugadores de fútbol e integrantes de la farándula. Todo indica que la información se usó para presionar o “carpetear”, como se dice en la jerga y en algunos casos para armar causas judiciales. 

Un ejemplo es cómo utilizó otra información el falso abogado Marcelo D’Alessio: “tengo todos tus viajes, el yate que tenés en Olivos, los gastos de tarjeta que no se explican”, apretaba D’Alessio. La denuncia por los ingresos indebidos, firmada por el actual titular de la AFIP, Carlos Castagneto, tiene fecha del 16 de febrero y recayó en el juez Julián Ercolini. Se ve que el magistrado, uno de los viajeros a Lago Escondido, no tiene vocación de involucrarse personalmente en investigar el espionaje fiscal macrista, por lo que tomó la decisión de delegarle la pesquisa al fiscal Ramiro González.

El truco del empleado ejemplar

En teoría, el funcionario de la AFIP que ingresó 56.864 veces al sistema es Vicente Luis Magnaterra. De ese total, según un informe de auditoría, 35.439 se hicieron sin justificación alguna. Magnaterra utilizó el usuario u38024 y se hizo desde la computadora con IP 10.2072.143. Pero es evidente que no fue un solo funcionario el que hizo los ingresos, ya que es materialmente imposible: la hipótesis obvia es que se armó una oficina, con 10 o 15 agentes, que utilizaron la misma computadora y el mismo usuario. 

Magnaterra era parte de la Auditoría de Riesgos, Planificación y Control, que tenía como jefe al contador Néstor Abelardo Sosa. En la investigación sobre el hostigamiento a los directivos de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián de Sousa, que estuvieron dos años presos, surgió que los informes originales de la causa, los números 14/2016 y 15/2016 fueron realizados por Sosa. Aquellas maniobras se realizaron en tiempos en que el titular de la AFIP era Alberto Abad. Los ingresos ilegales denunciados por Castagneto son tanto del mandato de Abad como de la gestión de Leandro Cuccioli.

La lista de las víctimas

La AFIP no quiere dar a conocer los nombres de las víctimas del espionaje porque rige el secreto fiscal. En teoría, lo que debe suceder es que el juez Ercolini debe levantar el secreto para que la AFIP le informe al propio magistrado a quien se investigó de manera ilegal. Sin embargo, el fiscal González pidió la lista de las víctimas del espionaje y sostiene –con razón– que no está entrando a los datos de esas personas, sino únicamente a la nómina. Lo que sí se sabe es que hay aproximadamente 11.000 víctimas y de todos los colores: del peronismo, de JxC, empresarios, jugadores de fútbol, actores, actrices, personalidades de la televisión. 

El conjunto variopinto recuerda mucho, muchísimo, a lo hecho por el grupo de espías autodenominado Super Mario Bros, con Macri en la Casa Rosada: ellos siguieron al Instituto Patria, pero también a Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó, el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones; el periodista Hugo Alconada Mon; Hugo y Pablo Moyano; la diputada Graciela Camaño y hasta la propia hermana de Mauricio Macri, Florencia. El listado es amplísimo e incluye macristas que por entonces opinaban que había que buscar otra candidatura presidencial, no la de Macri.

En la denuncia, Castagneto graficó la irregularidad de los ingresos. Se pregunta: ¿hay documentación sobre las razones de la entrada al sistema? ¿Obedece a una denuncia fundada? ¿el contribuyente figura en la denuncia? A través de esos tamices es que se llega a la cifra de ingresos indebidos. Sucede que los funcionarios de la AFIP no pueden indagar en la vida de los ciudadanos sin una razón justificada. No se pueden pasear por el sistema como si fuera un shopping.

El estado de la causa

El fiscal Ramiro González, con fecha 8 de marzo, firmó un escrito en el que impulsó la investigación. Propuso una serie de medidas. Por ejemplo, que se le entregue copia de la auditoría que estableció la existencia de los 35.439 ingresos indebidos; una copia del primer informe que detectó esas entradas; un detalle del personal que trabajaba en el área desde el cual se ingresó al sistema, incluyendo las autoridades intermedias y superiores y un listado de los contribuyentes sobre los cuales se hicieron las consultas presuntamente ilegales. Todo eso se le pidió a la AFIP.

En realidad, ya existe una denuncia anterior, formulada por la entonces titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, a raíz del grupo de tareas que existió dentro del organismo recaudador y que se dedicó a perseguir a quienes entonces eran personalidades o empresas a los que el macrismo sindicaba como opositores. En primer lugar, Cristina Kirchner y su familia, pero también los empresarios de Oil Combustibles o Electroingeniería. Ese expediente también recayó en Julián Ercolini y no se percibe ningún movimiento. Cuando se le pregunta a quienes le proveyeron datos a ese grupo de tareas, alegan que lo hicieron “por obediencia debida”, pero se niegan a contestar de quién fueron las órdenes.

En realidad, la catarata de accesos indebidos no es sólo de violación del secreto fiscal, sino que internacionalmente los aprietes de esta naturaleza son considerados violaciones a los derechos más elementales. Por lo tanto, el listado de delitos que se imputan por este espionaje ilegal arranca con violación del secreto fiscal, pero sigue con abuso de autoridad -que es utilizar su posición de poder para violar las normas y en este caso atropellar el derecho a la privacidad de las personas-, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado por ser funcionario público.

Para el macrismo, todo servía para espiar

Las denuncias formuladas desde la AFIP exhiben que el macrismo recurrió a todos los organismos para llevar adelante la persecución de opositores. No sólo la justicia y en especial el aparato de Comodoro Py, sino que se utilizaron la totalidad de las ramas del estado, incluyendo la Agencia Federal de Inteligencia, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y muchísimos otros estamentos. El objetivo no fue sólo la oposición al macrismo: las auditorías de la AFIP exhiben que se indagó en la vida y la economía de jugadores de fútbol, integrantes de la farándula, empresarios. Es muy probable que parte de esa información se le haya entregado a privados a cambio de dinero o se hayan puesto en marcha sugerencias para que la persona haga o no haga determinados movimientos.

Todo hace acordar a la causa más antigua sobre espionaje ilegal atribuido a Mauricio Macri. El expresidente logró ser absuelto achacándole la culpa a su padre, Franco. Pero en aquellas operaciones protagonizadas por el espía Ciro James -contratado por el gobierno porteño cuando Macri era el jefe de gobierno- se investigó ilegalmente a familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA, a una hermana de Mauricio, Sandra, porque tenía una pareja que no le gustaba al clan Macri; a Carlos Avila –aquel dueño original de Torneos y Competencias— porque impulsaba la ruptura del contrato de transmisión de los partidos de fútbol, y a abogados de algunos supermercados, por otro espionaje relacionado con negocios.

Algo parecido surge de la denuncia de la AFIP. La prioridad es la persecución de opositores, pero en la mira está también quedarse con empresas, con obras públicas, presionar, carpetear, armar causas falsas.