Es la hipótesis del Frente de Todos y la planteó una de las víctimas del represor Luis Muiña. El secretario de Rosenkrantz lo consideró «alocado». Un abogado del Estado reconoció que protegieron a Highton.

Por Mauricio Cantando

El Frente de Todos sumó elementos para considerar que el fallo de la Corte que permitió la salida anticipada del represor Luis Muiña en 2017 fue negociado con el gobierno de Mauricio Macri, quién según está hipótesis para conseguir el voto decisivo de Elena Highton de Nolasco ordenó a los abogados del Estado no apelar un amparo y así permitirle continuar en el máximo tribunal pese a haber cumplido 75 años. 

Se trata de una de las causales del juicio político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema que impulsa el Frente de Todos y este martes tuvo su cuarta audiencia para escuchar a testigos.

Gladys Cuervo, víctima del represor Muiña, aseguró que en la justicia le informaron de una «amnistía encubierta» a represores digitada por el juez de la Corte Carlos Rosenkrantz; mientras que el subprocurador Horacio Diez confirmó que fue instruido a proteger a Highton. Federico Morgenstern, experto en temas penales en la vocalía de Rosenkrantz, defendió el polémico fallo y consideró «alocada» la hipótesis de una negociación con el Gobierno.

Los ex funcionarios de Macri citados no fueron. El ex ministro de Justicia Germán Garavano prometió asistir la semana próxima, el senador del PRO José Torello se amparó en sus fueros y Fabián «Pepín» Rodríguez Simón está prófugo en Uruguay.  Los dos últimos fueron asesores presidenciales en temas jurídicos. Durante la sesión, se supo que la Corte de Uruguay no había aceptado la continuidad de Pepín como refugiado.

 Cuervo fue enfermera del Hospital Posadas, donde durante la última dictadura fue torturada por la patota de Muiña, que en el nosocomio denominaban Swat. «Se paseaban impunemente por el hospital con armas largas, bombas y fusiles al hombro. Estaban a cara descubierta. Cuando nos detuvieron se la tapaban, pero yo reconocía las voces». 

Según su versión, Rosenkrantz instruyó a Morguensen a elegir un caso de 2×1 (que reducía la pena a la mitad y permitía una salida anticipada) y optó por el de Muiña, «porque nadie lo conocía. No era mediático. Pero las víctimas sí lo conocíamos».

«El partido judicial es un partido corporativo, filtran datos, ahí me enteré, no voy a decir por quién», respondió  Cuervo ante una pregunta de Omar De Marchi, del Pro, para conocer el origen de sus datos.

Destacó además que «el 2×1 no correspondía a lesa humanidad, sino a superpoblación de cárceles. Si pasaba, era amnistía encubierta. Nadie duda qué partido es el sucesor del partido militar». 

Y aseguró que, cómo señala el kirchnerismo el voto decisivo de Highton se consiguió permitiéndole continuar como jueza pese a tener más de 75 años, para lo que fue necesario un gesto del Gobierno de entonces. «No voy a decir quién me lo dijo, me guardo la fuente, como los periodistas», replicó la mujer de 83 años. 

El kirchnerismo sostiene que el fallo para liberar represores fue acordado por Macri con la Corte. Una víctima de torturas avaló la hipótesis, que para el principal asesor de Rosenkrantz es «alocada». 

Juntos por el Cambio se molestó por el testimonio. «El nombre de las personas que hablaron con la testigo es muy importante. Y ella no tiene protección de fuentes. No puede negarse a decir verdad», la increpó Alejandro Finochiaro, del PRO. 

«¿Escuché mal o quienes protegieron a Pepín Rodríguez Simón y a Stornelli la quieren obligar a declarar?», respondió el kirchnerista Rodolfo Tailhade. A partir de sus preguntas, Cuervo detalló sus 58 días de cautiverio con golpizas que la desmayaron y le rompieron el esternón. «¡No podemos revictimizar a las personas que traemos como testigos!», se molestó la radical Karina Banfi. 

Zulema Chester describió las vejaciones que recibió su padre Jacobo en el hospital Posadas, pero quien aportó otro testimonio a la hipótesis del Gobierno fue el actual subprocurador del Tesoro Horacio Diez, uno de los abogados de carrera que representa Estado argentino.

Tailhade le hizo llegar una nota de Santiago Otamendi, quien era su superior durante la gestión de Garavano, en la que se ordena «consentir» el fallo favorable en primera instancia que había conseguido Highton para seguir en la Corte. Diez admitió que esa fue la orden y por eso no hubo apelación. Otamendi estaba invitado, pero no fue.

María Ángeles Ramos, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, explicó que se opuso a otros pedidos de 2×1 a represores que surgieron tras el caso Muiña, que crecieron como nunca. 

La jurisprudencia se rompió con otro fallo de la Corte en 2018, cuando el Congreso había votado una ley que prohibió el 2×1 a represores y cuatro de los cinco jueces votaron en contra. Aún así, Rosenkrantz volvió a votar a favor, está vez en soledad.

Nervioso, Morgenstern defendió a su jefe y negó cualquier injerencia del Gobierno para liberar represores. «Me parece alocado, porque fue de donde más ataques recibimos», destacó, en un intenso interrogatorio que el oficialismo celebró, porque dejó algunos datos para su hipótesis, que Gaillard describió sin metáforas. 

«Estamos discutiendo si hubo un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la Corte para beneficiar a represores. El 14 de febrero queda firme el amparo de Highton por la no apelación del Gobierno. Un mes después sale el fallo del caso Schiffrin (que confirma el tope de 75 años para ser juez de la Corte), que estuvo en la vocalía de Rosenkrantz y si salía un mes antes Highton no podía seguir. Y con ella hacen mayoría por el fallo Muiña que retrotrae una doctrina que viene del juicio a la Corte».

Morgenstern no se quedó callado: «Yo no tengo idea de nada extra jurídico. Mi experiencia en la Corte trabajando el caso Muiña desmiente absolutamente esa cosa espuria que están insinuando. Si no están discutiendo el fallo no sé para qué me convocaron. No tengo nada para decir extra jurídico». 

Pero el vocal que trabaja al servicio de Rosenkrantz dejó varios elementos que sustentan la hipótesis descripta por Gaillard. Por caso, no supo explicar porqué se eligió el caso Muiña habiendo otros sobre 2×1 vigentes. «Vino el doctor (el secretario Esteban) Canevari, me trajo varias causas y no recuerdo porqué se eligió esa», se desentendió, pese a que unas horas antes había escuchado como Cuervo lo acusaba de haber seleccionado ese caso él mismo. 

Morgenstern, además, reconoció que tuvo dos reuniones con Highton de Nolasco antes del fallo en el que su voto fue decisivo para liberar a Muiña, cómo él sugería. «No puedo relevar el contenido, pero fueron conversaciones jurídicas», aclaró y confirmó que fueron las únicas dos veces que vio a la ex jueza en soledad. Admitió que dedicó el verano de 2017, el primero en su cargo, a buscar información para elaborar el fallo que defendió.

«No hay ningún programa judicial diferencial del derecho vigente para los condenados por delitos de lesa humanidad», destacó y ante un intercambio con Leopoldo Moreau negó que se incumpliera el pacto de San José de Costa Rica, porque no se trató de una conmutación de pena, un indulto o una amnistía. 

Morgenstern dijo no conocer a Pepin, el asesor jurídico de Macri, pero reconoció que Rosenkrantz sí era amigo y tuvo que excusarse de una causa.

El último en declarar fue Sebastián Elías, también de la vocalía de Rosenkrantz, quién negó haber participado en la redacción del fallo 2×1, pero si en la discusión previa. «No tengo conocimiento de que hubiera habido algún grado de urgencia. No fue tratado de ese modo», se defendió.

El kirchnerista Tailhade pidió citar a los periodistas Jorge Lanata, Martín Granovsky, Irina Hauser y Luciana Bertoia, quienes en 2017 detallaron el supuesto pacto entre el gobierno y la Corte para liberar represores. La reunión será el jueves 30.