Dos jueces federales ya declararon ante la comisión, pero los comunicados se difundieron frente a la convocatoria al fiscal rebelde. «Ahora que se cita a Stornelli, se zambullen de cabeza. Indudablemente este personaje tiene la influencia como para generar estos comunicados»,  dijo el diputado Rodolfo Tailhade.

Por Miguel Jorquera

La corporación judicial se niega a que jueces y fiscales sean citados como testigos a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en el marco del proceso de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFUUN) se sumó a la proclama de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que rechazó el viernes pasado la citación de jueces y fiscales ante la comisión. Toda una señal de amparo para una nueva rebeldía del fiscal Carlos Stornelli, que será citado para el 7 de marzo junto a su par María Laura Roteta para testificar sobre el dictamen en el que se solicitó archivar la causa por los chats entre el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, y el ahora licenciado ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro: una filtración que muestra la connivencia entre miembros de la Corte y la oposición política al Gobierno nacional para favorecerla en sus fallos. «Si no tienen nada que ocultar deberían venir, no son citados para indagarlos sino en calidad de testigos», indicó a Página/12 la diputada del FdT y titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.

La respuesta a las demandas corporativas no se hizo esperar: “El juicio político está regulado en la Constitución Nacional (CN) en los artículos 53, 59 y 60. Su procedimiento está reglado por el reglamento de @DiputadosAR en el artículo 90 y por el Reglamento Interno de la Comisión. Allí se establece la obligación de jueces y fiscales de comparecer a dar testimonio”, posteó en su cuenta de Twitter la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.

“Los jueces y fiscales tienen obligación de comparecer a declarar en la comisión. Es una carga pública, sino lo hicieren se llevarán adelante las acciones penales que correspondan así como informar a sus organismos disciplinarios correspondientes. Si no tienen nada que ocultar deberían venir, no son citados para indagarlos sino en calidad de testigos para aportar datos útiles para esclarecer el proceso en el marco de una investigación”, respondió Gaillard ante la consulta de este diario.

La comisión enviará a partir de hoy la citación para el próximo 7 de marzo a los fiscales Carlos Stornelli y María Laura Roteta para testificar sobre el dictamen en el que se solicitó archivar la causa por los chats entre Robles (vocero del presidente de la Corte Suprema) y el ministro porteño D’Alessandro.

También serán citados a la comisión, el exsenador radical Mario Cimadevilla, que también ocupó la Secretaría de Estado que creó el Gobierno de Mauricio Macro para el seguimiento de las causas del atentado a la AMIA, cargo al que renunció tras denunciar que el macrismo obstaculizaba la causa sobre el encubrimiento judicial del atentado. Además del Secretario Judicial de la Corte Suprema en materia Contenciosa Administrativa, Sergio Miguel Napoli.

La Familia con Stornelli

“Sería un papelón que Stornelli no vaya”, lanzó, a modo de advertencia, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, tras la última reunión de la comisión de Juicio Político en la que testimoniaron los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos. Aunque no hay demasiado optimismo sobre que Stornelli asista a comparecer.

En tanto sus colegas de la AFUUN salieron a cuidarle la espalda a Stornelli. “En efecto, la citación en carácter de testigos, exigiendo que las/los fiscales declaren bajo juramento sobre su propio proceder o sobre cuestiones inherentes a las partes de una causa, no solo pueden traer aparejadas violaciones de garantías constitucionales básicas, sino que también pueden interpretarse como perturbaciones al ejercicio de sus funciones, afectando la seguridad jurídica de un Estado Democrático”, sostuvo la entidad presidida por Ricardo Toranzos.

“Este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, por el contrario tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de lo establecido en el artículo 120 de la CN y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio”, completa el comunicado.

La AFUUN siguió los mismos pasos corporativos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. El documento que lleva la firma del presidente de la entidad Marcelo Gallo Tagle y del secretario general Marcelo Peluzzi remarca que la primacía constitucional «es clara y no admite sumisión a reglamentos que rigen la actividad de otros poderes del Estado».

«En ese andarivel, tanto como no es función de los magistrados pronunciarnos acerca de la forma en que desempeñan sus funciones los poderes Legislativo y Ejecutivo, rechazamos cualquier intento de ellos de atribuirse facultades que no les corresponden», continúa en referencia a la comisión de Juicio Político que lleva adelante Diputados.

«Ni los fiscales deben explicar sus dictámenes a las señoras y señores Diputadas y Diputados de la Nación, ni los jueces sus decisiones», afirma la asociación de magistrados, sin referencia alguna a los artículos de la CN que establecen las condiciones para el juicio político. «Existen para las partes las herramientas recursivas correspondientes y también eventualmente, las disciplinarias», concluye el comunicado.

Más privilegios

“Los únicos que pueden declarar por escrito son el Presidente, la Vicepresidenta y los gobernadores, pero acá los jueces y fiscales, y los miembros de la Corte quieren incorporar más privilegios y quedar por encima de la ley para no asistir a declarar”, también respondió el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) que integra la comisión de Juicio Político. “La competencia de enjuiciar a la Corte es exclusiva del Poder Legislativo y los jueces y fiscales deben tener en claro que lo que estamos haciendo nos corresponde a nosotros”, insistió Tailhade en su columna de la AM 530.

“Lo que mas me preocupa no es solo el desconocimiento de la ley y la intención de confundir a la sociedad, sino el rechazo de jueces y fiscales a la obligación de tener que rendir cuentas de sus actos como todos los funcionarios públicos”, dijo Tailhade a PáginaI12 y agregó: “solo un trasnochado que respeta la democracia cree que no tiene que rendir cuentas a la sociedad, y en este caso a los diputados y diputadas que son sus representantes en la comisión de Juicio Político, cuyo reglamento interno tiene manda constitucional”.

–¿Considera que este rechazo de las asociaciones de fiscales y magistrados apunta a proteger a Stornelli?—pregunto PáginaI12.

–Los jueces Ramos y Ramos Padilla no tuvieron esa suerte. Sus citaciones a la comisión trascendieron públicamente una semana antes y no hubo ningún comunicado y ambos comparecieron ante la comisión. Ahora que se cita a Stornelli, se zambullen de cabeza. Indudablemente este personaje tiene la influencia como para generar estos comunicados— respondió Tailhade.