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El lawfare al desnudo y una silenciosa guerra civil

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Por: Ricardo Ragendorfer@Ragendorfer

Si el lawfare es –dicho de un modo técnico– la continuación de la política por otros medios, la Argentina se ha convertido en su vanguardia mundial. Tal vez porque –en contraposición a lo que indican los manuales– su ejercicio ya no es un secreto para nadie. Lo prueba la reciente denuncia del Poder Ejecutivo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema por ser garantes de su sistematización.

Pero vayamos por partes.

Cabe aclarar que el lawfare no es un invento reciente. Lo prueba el affaire Dreyfus, ocurrido al concluir el siglo XIX. Su víctima: el capitán del ejército francés, Alfred Dreyfus, un oficial judío acusado injustamente por espionaje para la Alemania imperial. Y que terminó en el penal de la Isla del Diablo, en la Guyana Francesa, pese a que en París ya se sabía la identidad del verdadero filtrador. El caso sacudió los cimientos de la Tercera República, además de dividir a la sociedad al compás del incipiente nacionalismo antisemita, entre otras disfunciones políticas alentadas por la prensa amarilla de la época. En defensa del militar se alinearon intelectuales como Bernard Lazare, Georges Clemenceau y Émile Zola, quien el 13 de enero de 1898 publicó en el diario L’Aurore su aún recordado artículo “Yo acuso” (J’Acusse), que contribuyó a torcer el rumbo de los acontecimientos: en 1899, Dreyfus fue indultado por el presidente Émile Loubet. Pero recién en 1906 fue rehabilitado por la Justicia.

Casi once décadas después, la artillería mediático-judicial, enlazada por el hilo invisible del espionaje, comenzó a ser disparada sobre las democracias más inestables de Occidente. Brasil –con el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula– es al respecto un gran ejemplo.

El lawfare puede tener por objeto desestabilizar gobiernos “populistas” o neutralizar opositores, depende desde donde se aplique. En Argentina, sus primeros signos visibles fueron articulados por el fiscal Alberto Nisman con la denuncia contra CFK y el canciller Héctor Timerman por el “Memorándum de Entendimiento con Irán”. Otro hito: a mediados de 2015, la opereta basada en el falso testimonio del convicto Martín Lanatta para malograr la candidatura bonaerense de Aníbal Fernández. Ya con Mauricio Macri en la presidencia, el laboratorio en la materia fue la provincia de Jujuy con la crucifixión jurídica de Milagro Sala en aras de imponer un ejemplo aplastante de disciplinamiento social. Pero la temporada nacional de esta especialidad comenzó el 15 de abril de 2016 con la citación del juez Claudio Bonadio a la ex presidenta por el tema del dólar a futuro; aquella vez, su llegada al edificio de Comodoro Py se transformó en un acto opositor. Sin embargo, eso no frenó el ímpetu lindante entre la dramaturgia y el revanchismo que el Poder Ejecutivo había empezado a deslizar. A partir de entonces las prisiones preventivas para ex funcionarios fueron moneda corriente, al igual que otros tantos expedientes surgidos de la imaginación de sus instructores. La lista es larga, pero no está de más rescatar dos clásicos: el caprichoso renacer de la denuncia por el “Memorándum” y la instalación del falso “homicidio” de Nisman. Pero el Oscar a la mejor ficción fue para la llamada “causa de las fotocopias”.

En este punto bien vale retrotraerse al mediodía del 10 de diciembre de 2015, cuando el aún flamante presidente leía con tono afable su discurso ante la Asamblea Legislativa. Entonces, tras un leve carraspeo, de pronto, dijo: “En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. Y a quienes quieran serlo les digo que no serán bienvenidos si quieren pasar a ser instrumentos nuestros”.

Una salva de aplausos estalló en el recinto.

Días después de tan sabias palabras, designó con un DNU a dos jueces de la Corte Suprema (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz). Ya por aquellas horas, el apuro del asunto y el desprecio por la división de poderes no eran un dato menor. Tal fue el arranque de la etapa más kafkiana del país, consumada por personajillos difíciles de olvidar.

Sin embargo, nadie fue más pintoresco que el fiscal Guillermo Marijuán. Aquel individuo pequeño y cabezón supo pasar a la historia por ser el artífice de una imagen icónica: las excavadoras abriéndose paso en la inmensidad de un campo patagónico, en busca de un inexistente tesoro kirchnerista.

El fiscal federal Carlos Stornelli resultó ser un abanderado del lawfare. Y con el juez Claudio Bonadio supo idear un sistema confesional basado en la delación asistida. Una mixtura entre el macartismo y la inquisición española a los efectos de encarcelar a todo imputado que no declare lo que ellos querían oír. Así se originó el festival de los arrepentidos.

Pero Stornelli cometió el pecado de tensar la cuerda extorsiva más de lo debido, extendiendo su voracidad procesal hacia la alimentación de presuntas cuentas bancarias a su nombre.

Desde una perspectiva totalizadora, no está de más puntualizar que el lawfare fue concebido como un mecanismo de relojería. Pero apenas basta un desperfecto en alguno de sus engranajes para transformar a sus hacedores en protagonistas de una patética comedia de enredos. En este caso, tal engranaje se llamaba Marcelo D’Alessio. La calamitosa caída en desgracia de aquel tipo jactancioso y bocón dejó al desnudo una red de chantaje y fisgoneo integrada por cabecillas judiciales, periodistas, espías, legisladores y funcionarios del régimen macrista.

Pues bien, luego saltaron a la luz pública otros escandalosos ejemplos: el caso del grupo de espías llamado “Super Mario Bros” y el de la “Gestapo bonaerense” dirigido por la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

A esta altura, al carácter clandestino del lawfare ya se le veía todos sus hilos. Aún así, tanto su práctica como sus operadores siguieron incólumes. Lo prueba el bueno de Stornelli, quien –pese a estar procesado por espionaje y extorsión– tuvo recientemente la dicha de dictaminar la anulación de la causa contra el ministro larretista Marcelo D’Alessandro y el operador de la Corte, Silvio Robles, por el escándalo de los chats.

¿Acaso, en este contexto, el fallido atentado a CFK no indicaría que la etapa superior del lawfare es el asesinato?

Lo cierto es que cuando la naturaleza de sus maniobras secretas toma estado público, al generar la reacción defensiva de sus destinatarios, el asunto se transforma en una silenciosa guerra civil.


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El futuro de la energía atómica: renuncias, desfinanciamiento y deudas millonarias

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La CNEA tiene parados sus proyectos principales y acumula deudas millonarias. Los despidos ya llegan a 570. Paro y protestas de la Uocra. La voz de la presidenta saliente, Adriana Serquis.

Pablo Esteban

Por Pablo Esteban

En medio del brutal ajuste en el sector nuclear, el gobierno finalmente aceptó la renuncia que Adriana Serquis había presentado el 10 de diciembre y, mediante un decreto, determinó que Germán Lavalle y Luis Rovere asumieran como presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).  La funcionaria saliente había denunciado la falta de fondos para continuar con obras claves como el Carem y el RA-10 –dos reactores nucleares que se construyen desde 2014 y 2016, y que en poco tiempo podían estar listos–, así como también alertó por la acumulación de una deuda millonaria con las compañías subcontratistas que contribuían a la fabricación de las tecnologías. Representa toda una incógnita el futuro de la institución a partir del cambio de timón y el recambio de autoridades, que se produce mientras la motosierra trabaja a pleno: los dos proyectos están paralizados y en torno al Carem los despidos ya están por llegar a los 570, según denunció la Uocra, que mantiene en Zárate una huelga por tiempo indeterminado. Esta semana, hubo marchas y cortes de ruta en esa ciudad en reclamo de la continuidad de los trabajos.  

Más allá de las dudas, Serquis aventura sus propias proyecciones a partir de las conversaciones sostenidas con los nuevos gestores. “Me dijeron que el RA-10 lo van a tratar de sacar adelante sí o sí, porque le falta poquito. La mayor duda está con el Carem, con el que quieren hacer una revisión integral con auditores externos”. Y completa: “Veo difícil que puedan destrabar el conflicto presupuestario, ellos dicen que van a intentar resolverlo. Nosotros les comunicamos la urgencia y la necesidad de fondos para cada uno de los proyectos. La institución a partir de junio no va a poder funcionar, eso está claro”.

La situación de la CNEA, el organismo rector de la energía nuclear en el país, es conflictiva por varios motivos: en los últimos meses contrajo deudas millonarias con los contratistas que trabajan en la puesta en marcha de los reactores (en el caso del Carem, por ejemplo, acumula una suma de 7 mil millones de pesos), despidos de trabajadores implicados en líneas de trabajo que están suspendidas por el momento (principalmente de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, una de las principales contratistas) y cerebros que ya se fugan ante la imposibilidad de condiciones de trabajo adecuadas. El gobierno no envía los fondos necesarios y ello sirve como detonante para empujar a la Comisión al borde del abismo.

Finalmente, el presidente Milei le aceptó la renuncia a Serquis y luego de la transición asumieron los nuevos nombres. La doctora en Física y además Investigadora Principal del Conicet lo relata de este modo: “Hace un par de semanas vengo trabajando con esta gente. Me había comprometido a hacer una transición razonable y lo hice. El secretario de Energía me pidió que me pusiera en contacto con Germán Lavalle, que también realizó reuniones con los gerentes de área de nuestra institución. Como vicepresidente lo acompaña Luis Rovere. Ambos son ingenieros nucleares y egresados del Instituto Balseiro”, comenta quien a partir de la semana que viene volverá a estar al frente del Instituto de Nanociencia y nanotecnología del Conicet.

Los que entran y los que salen

Consultada por este diario, Serquis brinda un detalle de la trayectoria de las autoridades designadas. “En los 90’s, Lavalle fue gerente de institucionales en el momento en que la CNEA perdió el control de las centrales nucleares, cuando fueron a parar a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. En el 2000 se fue de la institución con un retiro voluntario que le ofreció el gobierno de la Alianza”. Lavalle, según cuenta la expresidenta, se autoasume con un perfil “más técnico que político”. A menudo, se utiliza tal caracterización cuando se busca dotar de legitimidad el rol experto en detrimento del ideológico; como si la ciencia y la política podrían pensarse como dos campos autónomos. Rovere, por su parte, es ingeniero nuclear y es gerente del Centro de Medicina Intecnus, una institución sanitaria reconocida en Bariloche. “Las nuevas autoridades tratarán de poner nuevos gerentes de las gestiones anteriores. Por ahora, no vi en carpeta a ninguna mujer en su equipo de trabajo y no tengo idea si sacarán a las que ahora están a cargo. Estoy preocupada, la verdad”.

Lavalle y Rovere reemplazan a Adriana Serquis y a Diego Hurtado, que había presentado su renuncia el 9 de diciembre cuando Alberto Fernández aún era el presidente. Serquis se destacó en su rol por conducir iniciativas relevantes como los reactores nucleares Carem y el RA 10, desarrollos que están en etapas muy avanzadas de diseño y que podrían ser fundamentales para el ingreso de miles de millones de dólares al país si en el futuro inmediato consiguieran finalizarse. Tecnologías que, de hecho, podrían colocar a Argentina a la vanguardia de la energía nuclear.

Asimismo, Serquis tuvo un rol fundamental al democratizar las condiciones de acceso y participación de las mujeres en la gestión de la energía nuclear. También se destacó por un relato muy activo en pos de cambiar la percepción social con respecto a la materia. En cada intervención pública, trató de narrar las ventajas que tiene la energía nuclear en relación a otras energías e intentó desestigmatizar una fuente que históricamente estuvo marcada por desastres como Chernobil y Fukushima. También, sus colegas detallan su énfasis en promover el conocimiento local como vía hacia la soberanía: se forman científicos y científicas en instituciones públicas y luego le devuelven al Estado esta educación de excelencia a través del diseño de tecnologías autóctonas que, en última instancia, permiten el ingreso de divisas al país.

Casi listos, casi paralizados

El Carem es el primer reactor de potencia baja y media, diseñado y desarrollado 100 por ciento en Argentina. Su puesta en marcha podría ser clave para el abastecimiento eléctrico en zonas alejadas de centros urbanos y en parques fabriles, así como también para objetivos diversos que serán cruciales en los próximos años, como la desalinización del agua de mar y la producción de hidrógeno. Por su parte, el RA 10 servirá, entre otras cosas, para abastecer de radioisótopos a todos los centros de medicina nuclear del país; insumos fundamentales para el diagnóstico y el tratamiento de cáncer.

Las aplicaciones en salud, industria, ciencia y tecnología son infinitas para estas dos tecnologías de primer nivel internacional que, según las proyecciones y si el ritmo no se hubiese ralentizado por falta de financiamiento, deberían haber estado listos para 2025 (RA-10) y 2028 (Carem). Para tener referencia, el proyecto Carem ya lleva invertidos 650 millones de dólares y requeriría de una partida de 200 millones más para concluir; cuando un proyecto de la misma envergadura en Estados Unidos cuesta 1400 millones de dólares. En relación a las ganancias que se podrían obtener, la venta de un reactor de la magnitud del Carem podría significar un ingreso de 4 mil millones de dólares; mientras que el RA-10, de ponerse en marcha, podría significar ingresos de 90 millones de dólares al año.

Las potencialidades de ambas iniciativas son innegables. Sin embargo, por el momento, la inercia parece estar frenada hasta nuevo aviso. Para los tiempos que maneja la ciencia ya están casi listos, pero por una decisión política están prácticamente paralizados. 

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