El Consejo de la Magistratura, la coparticipación devuelta a CABA y el 2×1 a favor de genocidas, entre los principales argumentos del bloque del Frente de Todos en Diputados. La Coalición Cívica también carga contra Lorenzetti, pero a distancia prudencial. Comienzan cuatro meses de un proceso incierto.

Por: Tatiana Scorciapino

Entre críticas, chicanas y la tensión en constante ebullición, este jueves inició la primera sesión en comisión para tratar el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue presentado por el oficialismo parlamentario el 13 de enero de este mes, pocos días después de que Alberto Fernández llamara a abrir las sesiones extraordinarias. Con la firma de 15 diputados, el proyecto plantea el enjuiciamiento por mal desempeño en las funciones de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, a quienes le atribuyen falta de independencia.

En una jornada que acató la formalidad de los inicios, los representantes se vieron las caras en el primer round de una disputa que se extenderá a lo largo de cuatro meses. Con reuniones semanales, la comisión de juicio político, integrada por 31 legisladores -16 oficialistas y 15 opositores-, tratará cada uno de los catorce pedidos que se encuentran vigentes, solicitados por los diputados y diputadas Vanesa Siley, Juliana Di Tullio, Eduardo Valdés, Antonio de Martino, María Rosa Martínez, Antonio La Greca, y Patricia Isasa.

Aunque independientes entre sí, la mayoría de las solicitudes del oficialismo tienen ejes en común, además de la estricta denuncia por mal desempeño. El primer ítem que se combina en los proyectos habla sobre la intromisión de la Corte en la decisión del Ejecutivo de redireccionar fondos de la Ciudad hacia la Provincia de Buenos Aires, luego de que el conflicto por la coparticipación escalara y el pasado diciembre el máximo tribunal fallara a favor de Horacio Rodríguez Larreta devolviéndole el porcentaje que, en su momento, le había otorgado Mauricio Macri.

Otro de los motivos es la decisión del máximo tribunal de declarar inconstitucional la formación del Consejo de la Magistratura después de 15 años de su funcionamiento.

El peronismo gobernante sostiene que el fallo puso en vigencia una ley ya derogada, lo que interviene en la jurisdicción del Legislativo. Gracias a esta resolución, el presidente de la Corte vuelve a tener la titularidad del organismo encargado de la selección y remoción de jueces, situación que no es beneficiosa para el oficialismo dado que no cuentan con mayoría en esa institución.

Además, la exposición de los chats que viralizó este diario puso a la luz la cercanía entre Silvio Robles -vocero y hombre de inmensa confianza de Rosatti- y del ministro de seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, quienes visitaron juntos Lago Escondido, la finca del empresario y amigo de Macri Joe Lewis. También, la habilitación del “2×1” al represor Luis Muiña, las desprolijidades y sobrecargos en las obra social del Poder Judicial y otras polémicas sentencias y acciones de los integrantes del tribunal conforman antecedentes difíciles de esquivar para los denunciantes.

Foto: Télam

Denuncias opositoras

A estas denuncias oficialistas se suma el pedido de la Coalición Cívica -comandada desde afuera del Congreso por Elisa Carrió- que presentaron los diputados Paula Oliveto y Juan Manuel López únicamente contra Ricardo Lorenzetti. El espacio que integra las filas de Juntos por el Cambio pide la remoción del magistrado por tener “un patrimonio oscuro”.

Atenta a que su pedido puede linkearse a los del oficialismo -o mismo ser funcional a este-, Carrió salió a aclarar este miércoles que esta presentación la harán en base “a sus propias razones y no por las del Gobierno”. La antelación de la líder de la Coalición deriva de la necesidad de que sus correligionarios de Juntos por el Cambio no tomen su postura como una traición ni un cambio de vereda, algo en lo que la dueña de la marca de ropa By Lilita tiene experiencia.

En este punto, el diputado Rubén Manzi apoya los dichos de su líder política y mantiene las diferencias con los demás proyectos: “lo que planteamos tiene que ver con la cuestión de la administración económica de la Justicia y con la escasa transparencia de las declaraciones juradas de Lorenzetti. No lo estamos cuestionando por sus fallos, sino por su rol como superintendente de Justicia. Es muy probable que nuestros representantes en la comisión voten por la admisibilidad del juicio político, pero no por los mismos criterios que los del oficialismo”.

La exdiputada sostiene su lejanía con el proyecto del frentetodismo al contar con tres presentaciones anteriores al mismo funcionario. La primera de ellas se realizó en 2017 y se repitió en 2018, en un acto que fue tomado como una desobediencia a quien comandaba el Ejecutivo en ese momento. Ya bajo la gestión del Frente de Todos, la CC-ARI volvió a la carga del juez en el año 2021. A pesar de las insistencias, ninguna de estas presentaciones tuvo éxito.

Por la avenida del medio, pero más cercano a la vereda opositora, el lavagnismo también tiene qué decir. El diputado Alejandro ‘Topo’ Rodríguez es el único miembro de la comisión que no pertenece ni al Frente de Todos ni a Juntos por el Cambio, aunque adelantó que votará en la misma línea que este último. El legislador justifica su postura: “este proceso daña al país en términos económicos. La reparación de la situación actual no puede sostenerse con un gobierno que quiere voltear a la Corte Suprema. Por eso, entre menos se extienda en el tiempo, más beneficioso será para la recuperación e incluso para el propio gobierno”, sostiene.

En la misma línea, adelantó que votará en contra del pedido de juicio político contra Lorenzetti que presentó la Coalición Cívica: “no voy a acompañar ningún proyecto que quiera embestir contra la Corte y trabar el funcionamiento de la Justicia”, afirma sin dudar.

Respecto al cruce que mantuvo con su colega Rodolfo Tailhade, quien deslizó que Rodríguez “hace política con miedo y le teme a Clarín”, el exministro de Asuntos Agrarios durante la segunda gestión de Daniel Scioli le reafirmó a Tiempo su posición sobre este altercado: “a mí no me puede correr con el discurso de frases hechas, yo no soy un concheto de Recoleta. La tengo bien puesta, no le tengo miedo a nadie”, sostuvo el diputado notablemente molesto por los dichos del ex inspector General de Justicia: afirma que no le encuentra lógica a sus declaraciones ya que él no es un diputado mediático.

El primer encuentro ya se concretó y las tropas están preparadas para seguir en pie de guerra las semanas que restan para llegar a dar admisibilidad al proyecto que será, por cuestión numérica, favorable para el oficialismo. El verdadero problema iniciará una vez que el proyecto llegue al recinto, en donde el FdT no cuenta con los dos tercios necesarios para aprobarlo. Ningún oráculo se anima a adivinar este futuro.