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Casi 4 millones de argentinos dejaron de usar tarjeta de crédito: por qué pasó y a quiénes culpan los bancos

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En los últimos 5 años, la cantidad de usuarios que se financian con plásticos cayó un 17 por ciento. En el sistema financiero aseguran que el tope de las tasas obliga a muchas entidades a no renovarlas, en especial a quienes tienen bajos ingresos

A pesar del avance de los pagos digitales iniciado en la última década e intensificado durante la pandemia, la cantidad de personas que utilizan tarjetas de crédito cayó un 17% en los últimos 5 años y pasó de 21.720.000 usuarios únicos en 2018 a 18.027.000. Esa reducción dejó sin el instrumento más tradicional de financiamiento para el consumo a 3.700.000 argentinos y los más perjudicados en esta retracción son los segmentos socio económicos de medios y bajos ingresos

La tarjeta de crédito, que tiene el doble rol de servir como instrumento de pago y de financiamiento al mismo tiempo, perdió un terreno en un segmento cuantioso de la población, según un informe de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc) al que accedió Infobae. El estudio establece que del total de los usuarios salidos del sistema, un 96% pertenecen a los segmentos más vulnerables de la sociedad que, de este modo, deben acceder a otras opciones para financiar sus compras.

El relevamiento detalla cuáles fueron los usuarios que dejaron de usar el dinero plástico en relación a su condición socioeconómica. En los niveles altos (ABC1) y medio altos (C2) no hubo impacto: tienen casi la misma cantidad de usuarios que hace 5 años. En los segmentos medio-bajo y bajo, la caída en la cantidad de usuarios es palpable. De los 3,7 millones de usuarios perdidos, 3,6 millones se ubican en esos grupos

¿Cuáles son las razones para que tantos argentinos se hayan quedado sin tarjeta de crédito? En los bancos no encuentran la explicación para este fenómeno en los vaivenes del consumo, que en un periodo de 5 años y en un país como la Argentina pueden intercalar etapas tanto negativas como positivas.

La principal causa de que casi 4 millones de argentinos se hayan quedado sin tarjeta, aseguran en el sistema financiero, está en los topes a las tasas de interés. La existencia de tasas máximas, combinada con una inflación alta y creciente, obliga a muchos bancos a retirarle la tarjeta a los clientes de mayor riesgo, que podrían calificar solamente si estuviese permitido que las tasas fuesen más altas.

Ante ese escenario, hay entidades que prefieren no renovarle la tarjeta de crédito a los usuarios de ingresos medios y bajos. Esa decisión se hace presente en especial en el caso de los pequeños bancos dedicados al financiamiento al consumo y de las entidades no financieras habilitadas para emitir tarjetas de crédito, tales como las financieras ligadas a supermercados o cadenas comerciales, explican en el sistema. Esos emisores de tarjetas con menos espalda que los grandes bancos son los que suelen dedicarse a los clientes de los estratos sociales más bajos que, a la vez, son los que tienen mayor riesgo por tener ingresos bajos o irregulares.

“La política de tasas reguladas, que supuestamente tiene como objetivo proteger a los usuarios de los abusos con las tasas excesivamente elevadas, al final termina dejando afuera del crédito a aquellos que más lo requieren. Un asalariado registrado siempre va a poder acceder a una tarjeta de crédito, por lo menos en el banco que en el que tiene la cuenta-sueldo. En cambio, los asalariados informales se están quedando sin tarjetas por los controles de tasas”, explicaron en una entidad bancaria.

La tasa que los bancos cobran a aquellos usuarios que abonan el pago mínimo del resumen, conocida como “tasa de revolving”, es actualmente del 77% anual nominal, lo que lleva a una tasa efectiva cercana al 140 por ciento. Esa tasa rige para financiar resúmenes de hasta 200.000 pesos.

Quienes pagan el mínimo y deben financiar más de $200.000, rige una tasa máxima: los bancos no pueden cobrar más de un 25% por encima de la tasa que cobran por préstamos personales. Para aquellas entidades no bancarias que emiten tarjetas pero no otorgan préstamos personales, el límite es un 25% por encima de la tasa promedio del sistema para esos créditos.

El uso de la tarjeta de crédito, por distintas razones, mostró una caída en el último año. Según un informe de la consultora First Capital Group, el saldo total de operaciones en pesos con tarjetas de crédito superó los 2 billones de pesos en noviembre pasado, lo que refleja un crecimiento del 68,1% en relación al mismo mes de 2021. De esa forma, el stock de financiamientos con tarjeta creció muy por debajo de la inflación, que en el mismo período fue del 92,4 por ciento.

El informe menciona otro aspecto más que, en cierto modo, limita el uso de las tarjetas de crédito en clientes de poder adquisitivo más elevado. En los últimos años, muchos bancos han dejado de actualizar los límites para gastar con la tarjeta para seguir la marcha de la inflación. A diferencia de los clientes de ingresos bajos, en estos casos la tarjeta se sigue renovando pero cada vez se puede financiar menos con ella porque su margen para gastar se volvió escaso.

Este punto, explican en los bancos, fue el motivo principal por el que el reciente plan Ahora 30 lanzado por el Gobierno no tuvo una aceptación muy masiva. El programa contemplaba la compra de celulares y televisores, entre otros productos, con precios de hasta $400.000 incluyendo el interés a pagar. No son tantos los usuarios que disponen de ese límite en su tarjeta.


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Bronca universitaria por los aumentos a la UBA

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Rectores de todo el país expresaron su rechazo al acuerdo del Gobierno con la UBA. Adorni negó que exista discriminación hacia el resto de las universidades y habló de «analizar caso por caso». Judialización en puerta y nuevo paro nacional el jueves 23 de mayo. 

Werner Pertot

Por Werner Pertot

El Gobierno y la UBA salieron a aclararse encima, mientras las otras universidades siguen prendidas fuego por la decisión del Ejecutivo nacional de aumentarle el presupuesto exclusivamente a la UBA y dejar al resto en una larga fila de espera que no se sabe cuando terminará. Los rectores recordaron que el 85 por ciento de los estudiantes del país estudian en otras universidades e hicieron cola, pero para cuestionar la decisión. Algunos admitieron lo que este diario adelantó ayer: que se esta estudiando una presentación judicial por discriminación y violación de la Ley de Educación Superior. 

Condenado a atajar penales, el vocero Manuel Adorni sostuvo su cara de pocos amigos para decir que es falso que estén discriminando a las otras universidades y que se tomarán decisiones caso por caso. A su turno, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, aseguró: «Nosotros no nos cortamos solos».

Ante esta situación, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un nuevo paro nacional. Será el jueves 23 de mayo, a un mes de la marcha federal.

Adorni primero se mostró ofendido cuando le preguntaron por la denuncia de discriminación a las otras universidades. Luego negó que exista una discriminación hacia las otras universidades, y dijo que van a continuar el diálogo de forma sectorial con cada una, analizando caso por caso, para “ajustar los presupuestos y necesidades a lo que cada uno les pasa”.

No aclares que oscurece

“No es lo mismo la UBA con su volumen y su propia dinámica de lo que puede ser alguna otra universidad. Es razonable”, destacó. Y aquí está una de las claves de la estrategia del Gobierno: el objetivo es, al parecer, arreglar con las universidades más grandes (podrían seguir la de Córdoba, la de Santa Fe o la de Cuyo) y dejar al resto en espera por tiempo indeterminado. 

“Se conversa con todos. No hay diálogo cortado con ninguna universidad. Ayer se conoció el acuerdo con la UBA y se seguirán conociendo. Se van a ir sorteando las trabas y obstáculos”, insistió Adorni ante el comunicado furibundo que recibió el Gobierno de parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde consideraron «inadmisible y provocador aumentarle solo a la UBA». “Siempre planteábamos que el diálogo sigue abierto, pero hay un empecinamiento en decir que cortamos los diálogos y no es así”, se ofendió el portavoz. En rigor, lo que vienen diciendo los rectores es que los diálogos con ellos son infructuosos, mientras que la UBA tuvo tres reuniones aparte con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, que redundó en el aumento del 270 por ciento para gastos de funcionamiento y 300 por ciento para los seis hospitales universitarios. 

El resto de las universidades recibieron apenas un aumento del 70 por ciento para los gastos de funcionamiento, que representan en algunos casos solo el 7 por ciento de todos los costos. No obstante, para el vocero del presidente Javier Milei, “no hay ningún tipo de discriminación entre universidades, sino que con todas se está terminando de diseñar el ajuste presupuestario porque cada una tiene particularidades que se deben atender de manera individual».

A la lista de los que salieron a aclarar se sumó Yacobitti, que dijo: «No nos cortamos solos». También descartó que el acuerdo con la UBA luego se traduzca en un voto favorable del bloque de la UCR en el Senado a la Ley Omnibus: «No tiene nada que ver destrabar el financiamiento universitario con la ley Bases». Eso sí, el vicerrector de la UBA reconoció que es “provocador aumentarle solo a la UBA”, sin embargo señaló que la institución “forma parte del Consejo Interuniversitario, pero cada universidad también dialoga por separado con el Gobierno«.

Marcha de la bronca

En el CIN, masticaron furia desde que se enteraron de la medida. Y la lista de rectores que la cuestionaron es larga, comenzando por el presidente del CIN, Victor Moriñigo, quien dijo con tristeza: «Todos creíamos que la UBA era el mascarón de proa en el cual íbamos a estar todos integrados. Nunca pensamos que íbamos a estar en las vísperas de un acontecimiento histórico por lo desastroso, lo vergonzoso”, reprochó. Por las dudas: Moriñigo es radical, al igual que Yacobitti. “Esto no pasó nunca en la historia de la educación argentina, que a una se le diera todo y a 60 universidades de menor escala se les dé cero”, insistió el rector de la Universidad de San Luis.

Se le sumó el rector de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Martín López Armengol, quien remarcó que “es inadmisible y arbitrario que solo le otorguen a la UBA la actualización del presupuesto. Somos un colectivo y las necesidades las tenemos todas las unidades académicas”. “Quizás el Gobierno hizo una mala lectura de la marcha federal universitaria, que se dio en todas las provincias”, le dijo a radio Provincia. Y remarcó que están evaluando una presentación judicial  “por la arbitrariedad de la decisión, porque todas las universidades necesitamos la misma actualización presupuestaria”. Y advirtió que el debate no es solo por los gastos de funcionamiento, sino que “existe un atraso muy importante en el salario de los trabajadores y un sistema científico tecnológico con carencias”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Moreno, Hugo Andrade, destaco que «el CIN está considerando estar en sesión permanente. Se ha considerado la opción de presentarse a la Justicia, porque la Ley de Educación Superior plantea que los presupuestos no pueden ser disminuidos. Estamos considerando cuál es el mejor camino». «El resto de las universidades están muy preocupadas. Es un aumento exclusivo para la UBA. Con ese aumento que le dieron a la UBA, se financia todo el año diez universidades como la de Moreno. Todas las universidades entramos en crisis cuando se prorrogó el presupuesto», indicó a radio Splendid.

«Las conversaciones con el Gobierno son asombrosas por la imposibilidad de considerar la situación de las otras universidades. Hay estudiantes de primera y de segunda. Los de segunda serían el 85 por ciento de todos los estudiantes del país«, destacó el rector de una de las universidades del conurbano. «El Ejecutivo nos dijo que va a considerar caso por caso. Nosotros ya presentamos los reclamos y los documentos en febrero y no fue considerado el caso aún. Lamentablemente, el Ejecutivo maneja el presupuesto y decide permanentemente la vida y la muerte de las universidades, alterando la autonomía universitaria», destacó.

En la misma línea fue la rectora de la universidad Rio Cuarto, Maria Rovera: «Esto es muy preocupante y entristece ver este tipo de decisiones. Hubo un acuerdo para la UBA. El resto de las universidades, nada. Por un lado, está el análisis de que claramente se admite con la decisión que hay un desfinanciamiento del sistema universitario. Por otro lado, se decide reforzar el financiamiento con una única universidad. Hay un desconocimiento del sistema universitario: el 85 por ciento estudia en el resto de las universidades. Es inadmisible esta decisión». Y recordó también: «En la movilización, no solo focalizamos el reclamo en el funcionamiento sino también en el salario, las becas estudiantiles, y el sistema científico, además de la obra pública. 


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