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Lago Escondido Gate: las presiones a la fiscal de Bariloche para que la investigación termine en Comodoro Py

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El fiscal general porteño Juan Bautista Mahíques cuenta cómo «negoció» con la fiscal subrogante de Bariloche María Cándida Etchepare que enviara la causa a Comodoro Py. Además acordó que pediría medidas de prueba que fueran inconducentes para poder cerrarla y evitar una investigación por dádivas. El Grupo Clarín financió el viaje.

Por: Néstor Espósito@nestoresposito

“La fiscal federal de Bariloche, bien, buena predisposición. Ofreció mandar la causa a Py o en su defecto pedir que aportemos nosotros las facturas de vuelo y eventualmente del hospedaje, y en base a eso cerrarlo. Si están de acuerdo, avanzo en alguna de estas opciones”.  El fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques transmitió este mensaje en el grupo de Telegram en el que jueces, un ministro del gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín buscaban la forma de diluir los efectos de un viaje inexplicable que realizaron a Lago Escondido, la supuesta propiedad del magnate británico Joe Lewis.

Supuesta, porque de los diálogos se desprende que Lewis no estaba y los directivos del grupo multimediático Jorge Rendo y Pablo Casey se mostraban como anfitriones frecuentes.

El abogado Marcelo Herzriken Velasco había formulado una denuncia para que se investigara en Bariloche la situación derivada del viaje, del que también participó el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Y el objetivo del grupo de Telegram era cerrar rápidamente ese expediente para lanzar una contraofensiva judicial y mediática, considerándose víctimas de espionaje ilegal.

Del chat que filtró la página de internet patagonianfacts.com surge que Mahiques se contactó con la fiscal subrogante de Bariloche María Cándida Etchepare, muy activa en causas vinculadas con los reclamos mapuches en la región. Y con ella acordó cómo simularía investigar la causa con medidas inconducentes para impulsar un rápido cierre con un sobreseimiento por inexistencia de delito.

Toda la información que surge de los chats es inútil en términos judiciales. Como prueba es nula por la teoría del “fruto del árbol envenenado”. No podría ser utilizada en una causa judicial.

“Si piensa cerrarla es por su manifiesta improcedencia. No sería entonces necesario pedir facturas por un viaje privado. Pero estoy a lo que decidan”, dijo en el grupo el juez de la Cámara de Casación Carlos Mahiques. Su hijo Juan le respondió: “Pero si lo hubiera pagado Lewis no sería tan loco que investigue . Con eso, se cae definitivamente y listo”.

Juan Mahiques anticipa las próximas movidas judiciales: “Acordamos que la fiscal pidiera la lista de pasajeros del vuelo a la PSA y, con eso, el oficio a la empresa para pedir las facturas. La fiscal va a pedir la factura de Lago”. Y pregunta: “Está ok, ¿no?”.  La medida de prueba apuntaba a determinar que los jueces que viajaron a Lago Escondido pagaron por el vuelo y el alojamiento en el lugar. Facturas antedatadas sobre las que hablaron en otro tramo del chat y que –según se desprende de la conversación- gestionaron con un tal “Nico”, quien parece ser el responsable administrativo del alojamiento en la estancia supuestamente de Lewis.

Pablo Casey, el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, confirma con un “sí señor” que está todo bajo control.  Y, de paso, aporta un dato adicional: “Me dicen que la fiscal que tiene el caso es la mujer del secretario del juzgado”. 

Aún cuando una fiscalía no impulse acusación alguna, igualmente la desestimación de una denuncia se consolida con la decisión final de un juzgado. El juez federal Julián Ercolini advirtió sobre esa situación y sugirió los cauces de acción. En un mensaje de audio propuso, aludiendo a lo que debería hacer la fiscal: “Lo ideal sería que la mina pida (no que nos presentemos porque si no nos terminamos presentando como si fuéramos imputados y eso es una locura). Qwue la mina le pida a Flyzar si existió ese vuelo y eventualmente lista de pasajeros y constancia de las facturas. Que no pida facturas sino que pida constancias. Y más o menos lo mismo que pida a Lago Escondido. Con eso se descarta cualquier posibilidad de dádiva y después es todo un bluff, se cierra y chau. Lo mejor es que la cierre la mina de allá. El denunciante no tiene ninguna legitimidad para ser querellante con lo cual no va a poder ser querellante ni apelar. Después obviamente hay que hablar también con la jueza de allá para que tenga presente esta situación y chau. Me parece que es lo mejor. Incluso lo de Flyzar en la información que envían puede decir ‘adjunto las facturas’ que en algunos casos fueron pagadas en efectivo al momento del vuelo y otros han transferido, sin dar nombres”.

Flyzar es la empresa de charters en que viajaron los integrantes del grupo a Lago Escondido.

El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola le formula un pedido adicional al fiscal Mahiques: “Juan, de acuerdo a la relación con la fiscal, ¿hay margen para que con el pedido de sobreseimiento a la jueza, agregue que llama fuertemente la atención que la información acerca de la existencia del viaje se origina en la filtración de un documento, cuya información debía permanecer bajo la exclusiva órbita de preservación y custodia del personal de seguridad aeroportuaria? Y en ese caso que haga la denuncia extrayendo testimonios a CABA, diciendo que tanto PSA como ORSNA se encuentran territorialmente acá y son organismos del Estado Federal”. De esa manera proponía abrir una causa en Comodoro Py por presunto espionaje ilegal por la filtración de la documentación sobre el vuelo. La sugerencia hacía hincapié en la inclusión del término “espionaje ilegal” porque, de esa manera, se podrían forzar conexidades con otros expedientes.

El juez de Casación Carlos Mahiques avaló la propuesta: “Excelente análisis Pablo. Lo comparto in totum”.  Pero Ercolini mostró cautela: “Habría que ver si la fiscal se anima a hacerlo, quizás sienta que sobreactúa haciendo una denuncia o sugiriendo extracción de testimonios . Si fuera así , estaría bárbaro . Si no, que al menos deslice como parte de los fundamentos que fue irregular la filtración de la fuente que dio origen a la noticia y posterior denuncia. Y nada más . Y quizás ahí puede jugar la jueza , mandando testimonios a CABA”. En ese contexto aparece un nuevo sincericidio: “O eso habilita a que se haga la denuncia con un anónimo por acá”.

Ercolini es el juez que sostuvo que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado.  Y el que instruyó la Causa Vialidad, en la que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, está a punto de ser condenada.

En la previa de la declaración como testigo del tal “Nico”, pronosticó: “Se me ocurre que la fiscal con esta testimonial va a cerrar y no creo que pregunte mucho más. En cualquier caso , si va a preguntar por facturación, (Nico) debería estar preparado para responder si lo que se cobró es una tarifa normal o qué”.  Juan Mahiques le confirma que la fiscal “sólo eso va a preguntar”. 

“Ok. Vamos por ahí si todos están de acuerdo”, terció el juez Mahiques. Y su colega Yadarola se sumó: “De acuerdo en todo. Con eso la causa se cierra y sin que nadie pueda decir que no se investigó. Y esa resolución nos sirve para el Consejo y para la contraofensiva cuando sea el momento adecuado”.

En ese contexto, se permitió una humorada. “Con el sobreseimiento firme nos vamos a dar la vuelta al mundo con Casey Tur!”.

Casey, según el propio Yadarola, fue quien invitó al grupo a Lago Escondido. Así surge de otro tramo de los chats, cuando buscaban la forma de demostrar que cada uno había pagado sus gastos. Casey les dijo: “Muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad”, a lo que Yadarola le respondió: “Pablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación”.

https://www.tiempoar.com.ar/politica/el-escandaloso-chat-entre-jueces-funcionarios-portenos-y-el-presidente-del-grupo-clarin/embed/#?secret=2nqjqEuLSv


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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