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Cristina Kirchner: «Es insostenible la continuidad de la jueza Capuchetti al frente de la investigación»

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La vicepresidenta publicó un video de 4 minutos y 4 segundos, con el que, sostiene, se van a poder «conocer las nuevas y muy graves irregularidades de la no investigación» de la magistrada.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner insistió en que es «insostenible la continuidad de la jueza (María Eugenia) Capuchetti al frente de la investigación» que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1° de septiembre, y presentó en un video «las nuevas y muy graves irregularidades» de la funcionaria judicial en torno a la causa.

«En este video de 4 minutos 4 segundos, vas a conocer las nuevas y muy graves irregularidades de la no investigación de la jueza Capuchetti», escribió la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter, donde publicó un video que recorre, con la voz en off de la periodista Julia Mengolini, detalles de la recusación que Fernández de Kirchner presentó contra la magistrada.

«El lunes Cristina recusó a la jueza Capuchetti en la causa que investiga el intento de asesinato. La investigación comenzó muy mal. A las pocas horas del atentado y bajo la custodia de Capuchetti, se destruyó y borró el contenido del celular de (Fernando) Sabag Montiel, el asesino que gatilló el arma a 15 centímetros de la cara de Cristina», comienza el material audiovisual publicado en la red social.

En el video que dura 4:04 minutos, la Vicepresidenta recuerda que «durante el gobierno de Mauricio Macri y antes de ser designada en el cargo, Capuchetti era una asidua visitante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)».

«En esos años la AFI estaba comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ambos actualmente procesados por espionaje al Instituto Patria, las oficinas de Cristina», señaló.

Y añadió que «como si esto fuera poco, se conoció a partir de la Comisión Bicameral de Inteligencia que la hermana de Capuchetti trabajó en el área de escuchas de la Dirección de Contrainteligencia durante el mismo período en que se desarrolló el espionaje ilegal».

Además, la recusación presentada por Fernández de Kirchner indicó «un hecho que siembra más sospechas aún: en los primeros días de la investigación, luego de una reunión entre jueces y camaristas de Comodoro Py, Capuchetti habría recibido indicaciones respecto de cómo debía tratar mediáticamente el caso y las posibles líneas de investigación».

«Después de ese encuentro, sus colegas le gestionaron una reunión con el editor general del Diario Clarín, Ricardo Roa, a la cual la jueza concurrió acompañada», detalla el video.

Y apunta: «Ricardo Roa, el editor en jefe que, a pocas horas del atentado, ya había inventado la teoría de la acción espontanea de un loquito suelto».

«¿Para qué eran necesarias esas instrucciones? ¿Alguien digita u opina por detrás de las autoridades judiciales el curso de la causa, su comunicación y las sucesivas filtraciones?», cuestiona el video publicado.

«En esos años la AFI estaba comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ambos actualmente procesados por espionaje al Instituto Patria, las oficinas de Cristina»

Durante el material audiovisual subido a Twitter, la Vicepresidenta también repasó otros hechos presentados previamente en la recusación a Capuchetti.

Al comienzo de la investigación, «durante días, la jueza demoró la detención de dos de sus cómplices ‘de Sabag Montiel’, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. A eso se sumó la paralización de la causa ni bien aparecieron pruebas que vinculan a dirigentes de la oposición con el atentado», puntualizó.

Además, el video indicó que «Capuchetti rechazó los pedidos de allanamiento y secuestro del celular de Hernán Carrol», miembro de un grupo de extrema derecha, a quien Sabag Montiel, de puño y letra, indicó como ‘la persona que se haría cargo de su situación y de designar sus abogados».

«Carrol, el mismo que habría viajado al exterior con el jefe de gabinete de la Dirección de Inteligencia, a cargo del entonces secretario de Seguridad, Gerardo Milman», añadió, y señaló que «cuando lo citó a declarar, ya era tarde», porque «el día anterior, Carrol había borrado todo el contenido de su celular».

La Vicepresidenta hizo foco también en «la obsesión» del diputado nacional (PRO) Gerardo Milman «con la seguridad».

«El diputado Milman había presentado el 18 de agosto un proyecto en el que sospechosamente alertaba sobre un posible falso atentado contra Cristina», advirtió.

Y marcó: «Pero no fue el único. El 31 de agosto, un día antes del atentado, presentó un pedido de informes para conocer el funcionamiento de la custodia de la vicepresidenta y su familia, la cantidad de agentes y vehículos asignados en cada uno de sus domicilios».

«¿Para qué quería Milman tener acceso a esa información tan sensible sobre la seguridad de Cristina?», cuestionó y se contestó: «Aún no lo sabemos porque Capuchetti nunca lo investigó».

Asimismo, apuntó: «La jueza tampoco investigó una pista fundamental sobre la planificación del atentado. Durante el allanamiento del domicilio de Brenda Uliarte se encontró una nota manuscrita que refería a la regla Tueller. ¿Qué es la regla Tueller?»

«Es una doctrina de seguridad que calcula el tiempo que tiene una persona para sacar un arma y lograr dispararla sin que se la saquen. Se enseña a la fuerza de seguridad en Estados Unidos y fue traída como una novedad a la Argentina por Patricia Bullrich, cuando Gerardo Milman era su viceministro (de Seguridad)», explica.

«El diputado Milman había presentado el 18 de agosto un proyecto en el que sospechosamente alertaba sobre un posible falso atentado contra Cristina»

Y pregunta: «¿A Capuchetti le pareció normal que una persona como Brenda Uliarte tuviera en su casa una referencia a una técnica tan específica y sofisticada?».

«Al parecer sí y por eso la jueza nunca investigó quién escribió esa nota, los entrenó o capacitó», completó. Finalmente, el video subrayó: «Todos estos hechos detallados en la recusación son los que hacen insostenible la continuidad de la jueza Capuchetti al frente de la investigación».

La jueza rechazó la recusación en su contra presentada por la querella de Fernández de Kirchner.

La magistrada elevó el incidente a la sala I de la Cámara Federal porteña, para que decida si le corresponde seguir interviniendo en la causa.


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Ida y vuelta de los aumentos en mayo

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El Gobierno postergó subas de luz, gas e impuesto a los combustibles para amortiguar otros aumentos. Colectivos y subtes, en espera.


Por Mara Pedrazzoli

Entre varias idas y vueltas respecto a los aumentos de precios liberados (y regulados) por el Gobierno, los incrementos programados para mayo impactarán directamente sobre consumos esenciales como combustibles, transporte, el servicio de internet y comunicación, colegios privados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y alquileres. Se suman a los amplicados entre enero y abril, de modo que inclusive en el caso de las subas postergadas –como en luz, gas y algunas prepagas-, la comparación contra las tarifas en igual mes del año anterior todavía superan a la inflación general. Según el Indec, el aumento en los precios “regulados” acumulado en el primer trimestre del año fue del 81 por ciento interanual, mientras el nivel general de inflación ascendió a 51 por ciento.

Para empezar, en la mañana del miércoles 1 de mayo las petrolerassubieron el valor de los combustibles entre 4 y 5 por ciento. Un ajuste que obedeció al incremento en los costos por la suba del dólar -topeada por el Gobierno en 2 por ciento mensual- y a la recomposición para alcanzar niveles cercanos a la “paridad de exportación”, hoy unos 20 dólares arriba de los precios internos. En principio, los combustibles iban a subir casi 10 por ciento en mayo, dado el traslado por la corrección de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), que fue suspendida hasta junio por el Gobierno por una decisión de último momento. Las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal evidenciaban que este ajuste del ICL hubiera sido más alto pues correspondía aplicar los precios del cuarto trimestre del año pasado, que habían rebotado debido a la devaluación de diciembre.

Así, el aumento aplicado inicialmente por YPF estuvo por debajo de las remarcaciones promedio de marzo y abril del 6 por ciento mensual. En mayo, la nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de 837 a unos 870 pesos, mientras la nafta premium avanzó de 1.033 a 1.074 pesos. Mientras el gasoil común dejó de costar 883 para pasar a venderse a un valor cercano a 918 pesos, y el gasoil premium avanzó de 1.123 a 1.167 pesos, considerando los valores más económicos del mercado. Tomando como ejemplo CABA, en los últimos doce meses el precio del litro de nafta súper pasó de 163,10 a 744 pesos, con lo que registró un incremento total del 356 por ciento en el período.

En el caso de los servicios públicos de luz y de gas, a partir de este miércoles debía regir la indexación mensual atada a la inflación que estipulaba la nueva fórmula sancionada por el Gobierno. Sin embargo, hasta el martes a la noche los entes reguladores, Enre y Enargas, no habían recibido la información correspondiente a los nuevos cuadros tarifarios. Ante la sorpresa de las empresas del sector, el Gobierno decidió pisar los ajustes que involucraban subas de entre 10 y 12 por ciento para las distribuidoras de energía eléctrica y gas y para las transportistas de gas. Dichos aumentos representaban un incremento cercano al 5 por ciento en las facturas finales de los servicios que el oficialismo prefirió evitar. Igualmente, desde enero acumulan un alza del 150 y 450 por ciento, respectivamente.

En un nuevo traspiés heterodoxo del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mantener las tarifas pisadas al menos un mes para ayudar a la desaceleración inflacionaria. La regulación de los servicios esenciales comenzó a ser entendida por el oficialismo desde una lógica menos simplista y dogmática de lo que intrepreta sobre la inflación, como un fenómeno exclusivamente monetario.En la mañana del miércoles 1 de mayo, el ministro escribió en su cuenta en la red X: “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, para explicar las postergaciones de los aumentos, con lo cual también reconoció que dejar de emitir para cubrir el déficit no condujo a la estabilidad de precios como había asegurado. Ahora necesita detener la suba de tarifas.

El congelamiento del ICL, de los aumentos en la luz y el gas, sumados a la exigencia de rebaja en las cuotas de siete medicinas prepagas deben leerse como un llamado de atención dentro de la propia lógica del Gobierno. Las idas y vueltas en materia de liberalización de precios minan el discurso libertario y su apoyo social ante la inmanente erosión en el poder adquisitivo de los salarios. 

El Gobierno ya había suspendido la aplicación de una fórmula indexatoria en su debut con la tarifa de los colectivos y trenes en el Amba durante abril. Ahora en mayo es una incógnita qué pasará con los colectivos ante la amenaza de un paro de choferes este jueves. Los colectivos ya sufrieron un alza del 29 por ciento en febrero.

En tanto, el próximo 6 de mayo sí subirá un 54 por ciento el boleto de tren en el Amba. El esquema tarifario para los servicios que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa quedará de la siguiente manera: con tarjeta SUBE registrada en la primera sección valdrá 200 pesos, en la segunda 260 pesos y en la tercera 320 pesos, mientras con tarjeta sin registrara costará el doble, y algo menos de la mitad con la tarifa social.

En el caso del boleto de subte, se espera un aumento del 359 por ciento, pues pasará de 125 a 574 pesos aunque se desconoce a partir de qué fecha concreta del mes por cuestiones administrativas. El Gobierno porteño demoró la publicación de la medida en el Boletín Oficial y aún no confirmó cuándo lo hará, con lo cual también se desconoce si luego se aplicará el segundo incremento previsto para el 15 de mayo, que lleva el pasaje a 667 pesos. El siguiente incremento estaba anunciado para el 1 de junio, hasta los 757 pesos.

Asimismo, los colegios privados bonaerenses aplicarán un incremento del 6,7 por ciento en sus cuotas, con variaciones dependiendo del nivel educativo y la subvención estatal. Los jardines con 100 por ciento de aporte costarán hasta 17.500 pesos, mientras la secundaria con subsidio del 40 por ciento hasta 102.500 pesos.

También las tarifas de internet, cable y telefonía sufrirán un ajuste que oscilará entre el 10 y el 20 por ciento dependiendo del proveedor y el tipo de servicio contratado. Y por último, los alquileres que quedaron dentro de la Ley de Contratos de Locación tendrán un incremento del 221 por ciento mientras aquellos firmados después de la derogación tendrán un ajuste “según el mercado” y las condiciones particulares de cada caso.


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