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«Mesa política», el reclamo del Frente de Todos a Alberto Fernández para definir las candidaturas y ordenar la gestión

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Esta semana lo volvieron a reclamar desde La Cámpora hasta el ministro de Economía y un grupo de intendentes. Piden “tender puentes” en el oficialismo y debatir «qué se deben cambiar y profundizar» de cara al armado político en 2023.

En medio de las internas al interior del Frente de Todos, más voces se sumaron esta semana al reclamo de un sector de la coalición para que el presidente Alberto Fernández convoque a una mesa política del oficialismo para dirimir en ese espacio cómo será el armado política de cara a 2023, así como las candidaturas, pero que también ordene el día a día de la gestión. Tras el planteo de Máximo Kirchner y Andrés «Cuervo» Larroque, esta semana se sumaron Sergio Massa y un grupo de intendentes. 

El planteo de conformar una mesa política comenzó a tomar fuerza en las últimas semanas, sobre todo luego de que el Presidente insistió en varias ocasiones en que buscará competir por la reelección en 2023 y eventualmente las candidaturas podrían dirimirse en una gran PASO oficialista. 

El fin de semana pasado, Máximo Kirchner cuestionó, sin mencionar al Presidente, a quienes buscan construir una «aventura personal». Al día siguiente, el propio Alberto Fernández salió al cruce de sus dichos y cuestionó la avanzada de críticas internas. Pero esta semana, por AM750, el «Cuervo» Larroque dijo que el mandatario «piensa más en él mismo que en el pueblo», e insistió en que se debe avanzar en una «mesa política e institucional» que contenga a todas las patas que conforman el Frente de Todos. 

El reclamo, por su parte, sumó adeptos en los últimos días. En una entrevista televisiva, el ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que el Presidente debe convocar a una mesa política para dar la discusión interna, que desde hace meses es pública y a cielo abierto. 

Ahora también se sumó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien si bien mantiene una fuerte cercanía con Cristina Kirchner, durante su paso por el Ministerio de Hábitat fue uno de los funcionarios que defendía en público la gestión presidencial. En diálogo con AM750, pidió avanzar con la construcción de una mesa política en el Frente de Todos para definir el rumbo y los candidatos de cara a las elecciones del 2023.

El exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat explicó que es justamente con esta finalidad que dejó el Gabinete nacional y decidió volver al armado territorial del frente oficialista.

Grupo Octubre · Jorge Ferraresi

Ferraresi explicó que su tarea en el Poder Ejecutivo “fue cumplida”. “Es un tiempo en donde me parece que es clave tender puentes. Y uno estando en un lugar de ministro tiene limitaciones para esas cuestiones”, comentó el intendente. Para el funcionario, el problema del Frente de Todos “tiene que ver con estructurar” el espacio. “Es necesario hacer una mesa política para profundizar lo que tenemos que profundizar y generar un programa”, puntualizó.

Ferraresi explicó que en 2019 el objetivo estaba claro, “sacar al neoliberalismo del Gobierno”. Sin embargo, cuestionó: “Lo logramos, pero no teníamos una estructura política con concepto ideológico de lo que íbamos a hacer ante cada tema”. “Lo que falta es tener en claro para qué venimos a gobernar. Nunca tuvimos claro qué íbamos a hacer con la deuda externa. Me parece que es una etapa donde tenemos que profundizar la distribución y que los precios tengan un control”, comentó.

Hasta acá, el Presidente nunca avaló el armado de una mesa del Frente de Todos donde se discutan aspectos centrales de la gestión, en la que se unifiquen posturas y que luego sean reafirmadas en el día a día. El fin de semana, Fernández fue consultado al respecto y se limitó a responder que «todos los sectores del Frente son parte del gobierno y el gobierno es la gran mesa donde se gestiona». 

«No hay resistencia del Presidente»

El exministro explicó que el Alberto Fernández está de acuerdo con avanzar en esta dirección. Aclaró: “No hay resistencia por parte del Presidente. Tenemos que construir la mesa política. El Gobierno necesita sentir el apoyo de su espacio para tomar decisiones”.

En esta dirección, cuestionó los debates internos que se dieron en el Frente de Todos a nivel parlamentario: “Como Frente de Todos no nos pudimos poner de acuerdo con qué hacer con la Ganancia a los jueces. Son temas de agenda que son interesantes, pero que no es tiempo de debatir. Cuando uno es gobierno, el legislador levanta la mano a favor del proyecto del Ejecutivo. Y eso no sucede”. 


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Menem intenta cortar el escándalo de los votos del tabaco para que no le impugnen la ley

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El titular de la Cámara baja busca evitar que se judicialice el tema. El PRO puso a sus abogados a chequear las actas porque no les registraron el voto negativo a dos diputadas.

Los bloques de la Cámara de Diputados atraviesan horas frenéticas luego del escándalo de la votación del capítulo del tabaco de la ley ómnibus.

Este medio explicó que el bloque peronista abrió una auditoría interna para verificar si Martín Menem adulteró el resultado de la votación del martes pasado para incorporar el impuesto a las tabacaleras.

Según se desprende de las actas parlamentarias, hubo más abstenciones de las que se computaron en recinto, se contabilizaron como afirmativas las abstenciones de los diputados chaqueños María Luis Chomiak y Aldo Leiva y no se incluyeron los votos negativos de Germana Figueroa Casas y Daiana Fernández Molero, del PRO y de Benedit Beltrán, de La Libertad Avanza. Estos diputados pidieron votar a viva voz porque sus votos no habían sido registrados en el sistema de votación por computadora.

La situación es muy delicada porque si se registraban esos votos de manera adecuada, la votación hubiera terminado 80 a 80 y Menem debía desempatar como presidente de la Cámara.

Una diputada del PRO adelantó que el bloque puso a sus abogados a chequear la votación. Si bien la intención del bloque amarillo es no complicar a Menem, quieren garantizarse de que no hubo ninguna maniobra que pueda ser objetada en la Justicia.

Es que una adulteración de la votación puede tener derivaciones penales, tanto en denuncias de falsificación de instrumento público como de falsedad ideológica. Además puede haber lugar para la impugnación del acta de la votación y la consecuente judicialización de la ley, que haría que se caiga la media sanción y por ende el Senado no podría aprobarla de manera definitiva.

Menem por estas horas busca que el tema no escale y se ampara en que la mesa de conducción de la Cámara es multipartidaria, por lo que puede alegar que la culpa no fue sólo de él sino también del secretario parlamentario o el proseceretario. Incluso los libertarios que reniegan del presidente de la Cámara creen que se buscará un chivo expiatorio antes de llegar tan alto.

Menem intenta cortar el escándalo de los votos del tabaco para que no le impugnen la ley

En el PRO, la explicación que bajaron a sus diputados es que en el caso de Leiva y Chomiak por sistema votaron afirmativamente por lo que en el tablero no aparecieron como «voto pendiente de votación» (su voto fue emitido válidamente), pero luego pidieron la palabra y expresaron un voto distinto al emitido. «El único voto valido es el emitido por sistema», dicen en el bloque del PRO.

«En el caso de los diputados Parola, Lopez Rodriguez, Daives, Freites, Araujo Hernadez, Ginocchio, Rauschenberger, Martinez, Sand, Figueroa Casas, Benedit, Y Fernandez Molero, durante la votación se deslogearon (por ejemplo, habiéndose levantado de sus bancas) o ingresaron al recinto luego de cerrada la votación, por lo que el sistema los computó como ausentes (en estos casos el voto de dichos diputados tampoco figuró como «pendiente de votación»)», comunicaron internamente en el bloque que encabeza Cristian Ritondo

«Sin embargo, una vez cerrada la votación pidieron la palabra y expresaron como su voto, pero dicho voto no cuenta», explicaron. «En resumen: se busca generar confusión con el hecho de que, una vez cerrada la votación, el presidente les haya dado la palabra a muchos diputados que no figuraban ‘pendientes de votación para no cercenar su derecho a expresarse», aseguran en el PRO. Pese a esto, sus abogados siguen investigando.


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