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Consejo de la Magistratura: el Frente de Todos acusa a la Corte de quererse quedar con las llaves del Congreso
El oficialismo insistirá con la designación del senador Martín Doñate como representante en el órgano que selecciona a los jueces, pero es probable que la oposición recurra nuevamente a los tribunales, donde sabe que juega en tándem con los supremos.
10 de noviembre de 2022 – 03:22
“Un día la Corte va a reclamar las llaves del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y su presidente, Horacio Rosatti, se va a autoproclamar súper-presidente”. La imagen –casi distópica– le pertenece al senador Martín Doñate (Unidad Ciudadana- Frente de Todos), que acaba de ser desplazado por el máximo tribunal diez días antes de que terminara su mandato en el Consejo de la Magistratura para darle la banca al senador Luis Juez (Frente Pro). Desde el Frente de Todos denuncian un intento de avasallamiento al Congreso por parte del máximo tribunal, pero no solo eso: hay quienes entienden que –detrás del dedo en alto y los señalamientos morales– la Corte fue parte de una jugada de la oposición que estaba interesada por recuperar una de las bancas que va a perder después del 18 de noviembre, cuando se renovará el Consejo. Doñate volverá a ser propuesto para representar a la Cámara Alta y la oposición ya olfatea el camino de la judicialización.
A partir del viernes de la semana próxima habrá terminado el mandato de quienes tienen una silla en el Consejo de la Magistratura, el organismo que tiene a su cargo la selección y sanción de los jueces y juezas. Los cuatro años que les tocaron no fueron sencillos: dos años estuvieron marcados por la pandemia y el tercero por los cambios que propició la propia Corte Suprema al decir que la ley que establecía su integración era inconstitucional. En cuestión de meses, el Consejo pasó de trece a 20 miembros, lo que incluyó que Rosatti se sentara en la cabecera tanto de la Corte como del Consejo.
Contra todos los pronósticos, la Corte –con las firmas de Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz– se apuró para decir que el Senado había hecho una “artimaña” al designar a Doñate y que, en realidad, el lugar le pertenecía a Juez. Los jueces responsabilizaron a la presidencia del Senado, léase Cristina Fernández de Kirchner, por la partición de los bloques. Según la ley que actualmente rige al Consejo –que es una normativa que estaba derogada y fue resucitada en diciembre pasado por los supremos–, el Senado debe mandar cuatro representantes al Consejo: dos por la primera minoría, uno por la segunda y otro por la tercera.
Lo que estaba en discusión entonces era quién era la tercera minoría. El Frente PRO reclamaba ese lugar porque tenía nueve senadores. Sin embargo, antes de que resolviera la designación del representante, el Frente de Todos le informó a CFK que había decidido partirse: 21 senadores quedarían en el Frente Nacional y Popular y otros catorce en Unidad Ciudadana. Como Unidad Ciudadana tenía cinco legisladores más que el Frente PRO se llevó la banca en el Consejo.
Si el fallo se materializara, CFK debería mandar la designación de Juez y Rosatti debería tomarle juramento. Tampoco tendría gran actividad porque el Consejo de la Magistratura funciona solo en comisiones. No se reúne en plenario desde el 15 de julio. En esa oportunidad, Doñate le había pedido al presidente de la Corte y del Senado que sacara del cajón las ternas para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal porteña. No pasó.
“Es un fallo insólito”, dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti en una conferencia de prensa que se hizo en el Senado en la que se denunció que el avance de la Corte no era únicamente en detrimento del actual oficialismo sino de toda la representación política. “Es un avasallamiento al Poder Legislativo”, resaltó Lucía Corpacci. “Es un fallo político”, consideró, por su parte, la senadora Juliana Di Tullio.”Yo siento que la Corte entró por la ventana del Palacio Legislativo”, completó.
¿Cómo sigue?
Di Tullio es la presidenta del bloque Unidad Ciudadana y ya anunció que en los próximos días pedirá que sea Doñate quien represente a ese agrupamiento en el Consejo de la Magistratura en el mandato que se extenderá entre 2022 y 2026. Se espera que el Frente Nacional y Popular –que es la primera minoría con 21 senadores– defina si se quedan María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde o propone nuevos nombres. Lo mismo deberá hacer la Unión Cívica Radical, que es la segunda minoría con 18 senadores y que actualmente está representada por Silvia Giacoppo.
La pregunta es si el fallo de la Corte puede tener alguna implicancia para la renovación del Consejo de la Magistratura. ¿Si la conformación del bloque fue un ardid, como dijeron los cortesanos, eso la invalida? Hace seis meses que Unidad Ciudadana funciona como bloque dentro del interbloque del FdT. “El fallo solamente puede tener efectos para el período 2018-2022”, dice el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en diálogo con Página/12. “Frente al 2022-2026 es un cúmulo de dudas que la Corte no se encargó de disipar. Deja unas dudas enormes sobre si esta pauta se extiende o si será la Corte la que, en última instancia, siempre va a dirimir si las divisiones de bloque son de buena fe”, agrega.
Doñate fue básicamente un convidado de piedra en el amparo que inició Juez para reclamarle la banca. En el fuero contencioso, Juez perdió en primera y en segunda instancia. Cuando el tema llegó a la Corte consiguió el primer guiño del procurador interino Eduardo Casal, que le dio la razón. Después, salió el fallo con las firmas del trío del cuarto piso. En todo ese proceso Doñate ni fue notificado de que se podía quedar sin su asiento.
“Hay una pretensión de acumulación de la suma del poder público: Rosatti declaró la inconstitucionalidad de la ley que rigió durante quince años en el Consejo de la Magistratura, se autovotó presidente de la Corte, se autodesignó presidente del Consejo y ahora vota en algo que es juez y parte”, protesta Doñate en diálogo con este diario.
En el Senado no adelantan jugadas pero nadie descarta que el tema pueda ser judicializado por la oposición, que está envalentonada con el fallo que consiguió por parte de los supremos. Rosatti se mostró este miércoles en un acto en la Cámara Civil, donde dijo que planeaba anticipar concursos para no tener vacancias prolongadas.
Un día antes, uno de los jueces que también participó de la ceremonia, Alberto Lugones, le pidió que hiciera un plenario extraordinario para aprobar ternas. En una nota que le entregó junto con la diputada Vanesa Siley, remarcaba que en la justicia civil nacional hay cerca de 40 vacantes, 20 vacantes en el fuero laboral, 20 en el fuero penal ordinario y que los tribunales orales federales (TOF) de San Martín están por la mitad. En Comodoro Py, una tercera parte de los tribunales y juzgados está vacía.
El por qué del fallo
La resolución de la Corte se conoció en la misma semana en que Casación empezó a revisar los pedidos para reabrir dos causas contra CFK: el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Sin embargo, Fernández Sagasti dijo en la conferencia de prensa que lo entendían como una respuesta a lo que sucedió en las elecciones que se hicieron para elegir a los cuatro abogados que se sentarán en el Consejo.
Hasta ahora, la oposición tenía tres bancas del estamento de los abogados (Carlos Matterson, Diego Marías y Jimena de la Torre). La abogada permanecerá y se le sumará el radical Miguel Piedecasas. Sin embargo, Héctor Recalde –referenciado con el FdT– le arrebató un asiento y, en cuarto lugar, estará Fernanda Vázquez, que responde al bloque de poder que creó Diego Molea.
“La esperanza que tenía la oposición era que perdiéramos la elección. Pensaban que se iban a quedar con los tres. Me parece que de ahí viene la bronca y el resentimiento”, evalúa Recalde ante la consulta de Página/12. “De todas formas, el objetivo principal es el ataque a Cristina”, dice el abogado laboralista.
“Vamos a analizar la posibilidad de presentar un pedido de juicio político contra los jueces de la Corte. Sabemos que no tenemos las mayorías pero estuvimos escribiendo mucho”, anticipa Recalde.
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El 2001, la pandemia y el macrismo ya quedaron chicos
En abril, el consumo en hipermercados cayó 15,4, números que no se veían desde el estallido social de De La Rua. La UIA confirmó que la industria cayó 17,2 por ciento en marzo, muy por encima del industricidio del PRO y cerca del parate total por la COVID. Con la obra pública cerrada por el Gobierno, los tres sectores que explican la mayor parte del PBI se han desmoronado en tiempo récord. Fuertes disputas en las entidades empresarias por el apoyo que le dan a Milei mientras la economía se pulveriza.
En sólo cinco meses de Gobierno, los números muestran que la gestión económica de Javier Milei superó ampliamente los derrumbes de actividad de las tres crisis más relevantes de los últimos años: el 2001, la pandemia de la COVID y los años de Mauricio Macri. Por un lado, Página I12 accedió a un adelanto del informe de la consultora Scentia de abril, que refleja un desplome del 15,4 por ciento en las ventas de hipermercados, una caída similar a la del estallido del gobierno De La Rua; por su lado, la Unión Industrial (UIA) confirmó que en marzo la actividad fabril cayó 17,2 por ciento, emparejando los niveles de diciembre del 2001 y cayendo más que en la parte más dura de la pandemia. A este dato se suma el derrumbe de la construcción, superior al 42 por ciento, lo que deriva en un escenario inédito: en tiempo récord, la gestión de Milei y Luis Caputo pusieron a las tres actividades que explican la mayor parte del PBI en una situación de dificil retorno.
Por esta perspectiva, que ya se veía venir, los economistas empezaron a alertar hace unas semanas que el nivel de la recesión, autogenerada para intentar morigerar una inflación que sigue muy alta, era el dato central a observar. Lo curioso es que este momento de crisis casi total de la actividad se da en paralelo al apoyo que empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Comercio y la propia UIA, le dan al gobierno de Milei, a quien estuvieron escuchando y aplaudiendo hace unas horas, en su exposición en el almuerzo que organizó el Consejo del Comercio y la Producción (Cicyp) en el Hotel Alvear. A raíz de estos datos, este diario habló con dirigentes de todos esos sectores consultando cómo y hasta cuándo se sostiene el discurso de apoyo a la línea Milei cuando la actividad a la baja ya se está cargando al empleo. «Es la pregunta del millón», contestó un alto dirigente de UIA. En esa sede de la gremial empresaria hay una guerra entre pymes y gigantes por el contexto de crisis, que se está llevando puestas a las más chicas. Por toda esa tensión, muchas cámaras como los metalúrgicos de ADIMRA y los texiles de Protejer decidieron salir por las suyas a denunciar que el proceso de crisis no frena y terminará en cierres de empresas.
En este escenario, el consumo masivo es que el primero sintió el ajuste en los salarios, las jubilaciones pisadas y la liberación del resto de los bienes y servicios de la economía, que terminaron privando a las familias de mayores compras de alimentos. Según Scentia, la caída del 15,4 en ventas en los grandes supermercados de abril es la más grande desde el 2001-2002. «Quedó lejos incluso de los números muy negativos del macrismo», explicó un líder del supermercadismo multinacional. En los años del PRO, el consumo masivo medido por Scentia cayó tres de los cuatro años, quedando empatado en el período restante. Lo particular del consumo es que todos los rubros están cayendo, pero algunos como Bebidas, Aceites y Lácteos se desploman desde el 20 al 50 por ciento mensual.
Esa baja en el gasto de los hogares está directamente conectada, además, con el desempeño de las fábricas. En el reporte de la UIA se muestra que la industria de Alimentos cayó 10,2 por ciento en abril, un número del que nadie tiene antecedentes, porque en general el sector crece, aún en los peores períodos, de manera marginal en relación con el crecimiento poblacional. El derrumbe de todos los sectores que muestra la UIA produjo una caída general de la actividad que supera o se equipara al 2001 y queda muy por encima de la pandemia de COVID.
En 2001, medido por el INDEC, el sector industrial terminó cayendo 6,2 por ciento. Mientras que en diciembre de ese año, la baja fue de 18,4 por ciento. ¿Qué pasó co la COVID? En el primer semestre del 2020, el período de mayores restricciones a la circulación y la actividad, la industria cayó 18,4 por ciento. Teniendo su pico más negativo en abril, con una baja del 33 por ciento. Luego de eso, arrancó una curva ascendente que dejó al 2021 con números positivos. Hoy, en sólo un mes, retrocedió 17,2 por ciento, pero en condiciones normales, no pandémicas.
Lo particular de estos datos, aseguran los especialistas, es que las caídas tan bruscas por sectores ya adelantan no sólo números negativos hacia adelante, sino un golpe que se ve en los puestos de trabajo. Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, aseguró hace unos días que las fábricas perdieron ya 5000 puestos de trabajo, pero ese dato es previo a los 100 despidos en FATE, Acindar, los supermercados, PEPSICO y General Motors, todas cesantías que ocurrieron en las últimas horas. A eso se suman los 100 mil empleos menos que tiene la actividad de la construcción producto de la decisión de Milei de cerrar la obra pública y los que se están dando en el sector comercial.
