SOCIEDAD
Garrafas: distribuidores piden que aumenten a $2100 y alertan sobre posibles faltantes

Las empresas de gas licuado advirtieron que la situación es crítica. Presentaron petitorios a Sergio Massa y Flavia Royón
Cámaras empresarias del sector de gas licuado reclamaron al Gobierno que autorice un aumento del 200% para llevar el valor de la garrafa de 10 kilos de $700 a $2100 y que el Programa Hogar actualice su precio cada seis meses. Aseguraron que la situación es crítica y que, de no modificarse, habrá desabastecimiento.
El petitorio lo presentaron al ministro de Economía, Sergio Massa, y a la secretaria de Energía, Flavia Royón, y lo firman las cámaras de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), de Operadores y Distribuidores de Gas Licuado (CODIGAS) y de Distribuidores de Gas Licuado (CADIGAS).
En el escrito plantearon una “gravísima situación económica y financiera que atraviesan las empresas de fraccionado de gas licuado de petróleo”. “El atraso de los valores del Programa Hogar hace insostenible la continuidad de la actividad, con un déficit crónico para las empresas fraccionadoras y distribuidoras”, dijo el presidente de CEGLA, Pedro Cascales.
La crisis del sector del gas licuado
Por la falta de conectividad de la red de gas natural, en la Argentina hay más de 20 millones de usuarios de garrafas y cuatro provincias del nordeste del país (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) que dependen en su totalidad del gas licuado de petróleo para cuestiones básicas como tener agua caliente o cocinar, de acuerdo con los datos del sector.
El gas licuado se transporta desde las bocas de producción hasta cada uno de los lugares del país que necesitan gas, pero las empresas fraccionadoras y distribuidoras aseguran que el valor de $700 “no llega ni siquiera a cubrir los precios de referencia autorizados para la etapa del fraccionador en esas provincias”.
Sumado a eso, denuncian que “la asistencia económica transitoria (AET) del 20% de la facturación otorgada al sector fraccionador por las resoluciones 809/21 y 980/21 no se le está abonando a las empresas desde marzo/abril pasados”.
“Con un valor de la garrafa que en el promedio país se consigue a $700 se corre riesgo de desabastecimiento en todo el país porque ese valor no alcanza para cubrir costos”, dijo Cascales.
Qué pide el sector
En el petitorio que entregaron a Massa y Royón, fraccionadores y distribuidores reclamaron:
Pago urgente de las asistencias económicas transitorias (AET) que se adeudan, dado que “representan cifras muy significativas que comprometen la continuidad de las operaciones”.
La inmediata recomposición de márgenes de la cadena de comercialización del sector para cubrir los costos y una razonable rentabilidad, según establece la Ley 26.020. Para la etapa de fraccionado es de $1071 y para la de distribución de $1023, totalizando un valor final promedio país sin impuestos de $2094 por garrafa de 10 kg, señalaron.
La implementación inmediata de una fórmula de actualización automática de los precios de referencia en línea con la normativa vigente y acorde con la elevada inflación.
La modificación de los precios cada seis meses, de acuerdo con lo que establece la Ley 26.020.
Otorgamiento de créditos subsidiados que permitan cumplir con la renovación obligatoria de la flota vehicular asignada a la distribución de GLP.
RIO TURBIO
Gremios de YCRT buscan audiencia con el gobernador ante la incertidumbre por el proceso de transformación en S.A.

Representantes de Luz y Fuerza, APS, ATE y La Fraternidad se reunieron en Río Turbio para expresar su preocupación por la falta de información y participación en la reestructuración de YCRT bajo el decreto 115. Elevan una nota al gobernador Claudio Vidal y esperan ser recibidos en los próximos días.
Este lunes, los gremios con representación en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) mantuvieron un encuentro clave para definir su postura frente al proceso de reconversión de la empresa estatal en una sociedad anónima, enmarcado en el decreto 115 firmado por el presidente Javier Milei. La falta de información clara y la exclusión de los trabajadores en las decisiones impulsadas por la Agencia de Transferencia de Empresas Públicas (ATEP) generaron malestar entre los sindicatos.
En la reunión participaron representantes de Luz y Fuerza, Asociación del Personal Superior, ATE y La Fraternidad, quienes coincidieron en la necesidad de solicitar una audiencia urgente con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, a fin de plantear directamente sus inquietudes. La nota ya fue enviada y, según trascendidos, habría sido recibida por el mandatario, quien evaluaría una fecha para concretar el encuentro.
Entre las problemáticas expuestas figura la crítica situación en el puerto de Punta Loyola, donde el acopio de carbón —afectado por procesos de autocombustión— pone en riesgo la operación. Se suma la falta de insumos básicos, locomotoras fuera de servicio y la ausencia de certezas sobre la comercialización del mineral.
El contexto de transformación estructural, la urgencia por definir el futuro del yacimiento y el estado operativo de la infraestructura empujan a los gremios a buscar respuestas concretas y participación efectiva en un proceso que consideran clave para el destino de la región.
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