PROVINCIALES
Se cumplen 100 días de la desaparición de Marcela López: «No se avanza y necesitamos respuestas»

Así lo manifestó Rocío González, hija de Marcela López Frey, en diálogo con Radio Nuevo Día. Indicó que la jueza que lleva adelante la causa, Valeria López Lestón, bloqueó la cuenta del bancó de su madre y expresó: «Es algo completamente grave

Hoy se cumplen 100 días desde la misteriosa desaparición de Marcela López Frey, una vecina de Río Gallegos que fue vista por última vez en la zona de la costanera local.
La causa, a cargo de la jueza Valeria López Lestón, apuntaba en un principio a que la jubilada de 61 años se habría suicidado, pero tras los hallazgos en la casa de José Luis Balado, ex pareja de la mujer desaparecida, se sembró una nueva hipótesis.
Cabe recordar, que luego de que se inspeccionarán varias propiedades pertenecientes a Balado, con la asistencia de un perito con canes de búsqueda a pedido de la familia López, se encontraron un manojo de llaves con un mechón de pelo y restos óseos.
Radio Nuevo Día 100.9 se contactó con Rocío González, hija de Marcela, quién comentó que aún no tienen respuestas concretas por parte de la Justicia sobre esta desaparición.
«Es triste porque siento que mi vida está estancada desde ese 22 de mayo. Para nosotros es terrible y mis días no son como antes, estoy totalmente mentalizada en hacer todo por encontrar a mi mamá», manifestó.
La hija de Marcela indicó que a través de su representante legal, Dr. Jorge Trevotich, recientemente se les notificó que fue aceptado el cotejo de las llaves con el mechón de pelo que se hallaron en la propiedad de Balado.
De igual modo, sostuvo que dicho procedimiento se solicitó tres veces y expresó: «Es injusto porque en un punto las reconocimos como las llaves de mi mamá, de hecho tenia las iniciales de ella».
En cuanto a la hipótesis de suicidio, la calificó como un «grave error» y aseguró que la investigación sobre el paradero de su madre no ha avanzado.
«Siento que tengo que estar todo el tiempo forzando o impulsando a la Justicia para buscar a mi mamá cuando en realidad ellos se tendrían que encargar de ayudarme a mí y no es así. Yo tengo que estar todos los días redactando escritos donde les pido por favor que me ayuden a encontrarla», señaló.
Asimismo, afirmó que la jueza que lleva adelante el caso tomó la desconcertante medida de bloquear la cuenta del banco de Marcela López, pese a que continúa desaparecida y no hay evidencias fehacientes que determinen su fallecimiento.
Al respecto, reprochó: «Es algo completamente grave bloquearle la cuenta a una persona que está desaparecida, nosotros seguimos pagando cuentas de mi mamá y ella (por Valeria López Lestón) da por hecho que ya no está», y agregó: «Que pasa si aparece en un lugar y quiere hacer un movimiento de su cuenta pero se la encuentra bloqueada. La verdad no entiendo por qué y si se sabe que mi mamá no está que nos diga que pasó».
Para finalizar, Rocío aseveró que continuarán trabajando con su abogado para esclarecer lo sucedido. «No se avanza y necesitamos respuestas. Esto es lo peor que te puede pasar, vivir en medio de una incertidumbre pensando todos los días si la voy a volver a ver o voy a quedarme con ese ultimo día», cerró en diálogo con Arriba el Día.
(El Diario Nuevo Día)
PROVINCIALES
ATE frena los pases a disponibilidad: la Justicia multa al Gobierno con $10 millones diarios

El Juzgado Federal N°2 de San Martín ordenó al Ejecutivo cumplir con la cautelar que anuló el decreto 462/25 y frenar los despidos en el INTA. Si no acata, deberá pagar una sanción millonaria por cada día de incumplimiento.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores del INTA sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se expidió nuevamente en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), intimando al Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar que había suspendido el decreto 462/25 y frenado los pases a disponibilidad en el organismo.
Pese a la resolución judicial dictada la semana pasada —y a que el Senado votó en contra del DNU— el Ministerio de Economía intentó avanzar con la Resolución 1240, que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del INTA. Frente a esta maniobra, la Justicia reaccionó con dureza: ordenó el cumplimiento inmediato de lo dispuesto y estableció una multa de $10.000.000 diarios en caso de desobediencia.
Desde ATE celebraron el fallo y cuestionaron la actitud del Gobierno. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, advirtió: “El Presidente insiste en desconocer a los otros poderes del Estado. Pretenden gobernar por decreto y a espaldas de la legalidad, pero la Justicia volvió a darnos la razón. No vamos a permitir despidos encubiertos ni atropellos contra los trabajadores”.
El gremio sostuvo que cada fallo judicial fortalece la resistencia sindical y ratificó que seguirán defendiendo a los empleados del INTA y de todo el sector público frente a las políticas de ajuste.
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