PROVINCIALES
Una lucha decisiva contra el ajuste, en medio de las internas del poder

Desde el Partido Obrero sentaron postura por el conflicto que está a poco de cumplir un mes en YCRT.
**Por Miguel Del Pla
La Asamblea General en boca de mina, realizada el miércoles 1/6 ratificó las medidas de fuerza y reclamó 4 puntos: Que se vaya la Intervención; Representación gremial en la conducción de la empresa; Inversiones en la mina y el ramal ferroportuario y concursos para los cargos de ascenso. Se rechazó la propuesta de una Intersindical con los otros tres gremios de la empresa (Jerárquicos, Luz y Fuerza y Fraternidad) que no están parando.
El reclamo salarial y la devolución de los derechos arrebatados en el macrismo, planteados por varios compañeros están presentes en un segundo plano.
Esta semana la noticia fue la renuncia de Walter Ramos el secretario de ATE Río Turbio y la posible salida de toda la comisión (a nivel nacional responde a Catalano), lo que después de varios días se recompuso precariamente y quedó sin efecto.
El cimbronazo se sintió en la participación de los compañeros en las actividades sobre todo en Río Turbio, que ha mermado considerablemente. El paro en Turbio se hace con marcación de tarjeta en los lugares de trabajo mientras que en Río Gallegos es paro total y acampe sin marcación.
El reclamo vital son las inversiones para reactivar la empresa, que a punto de ponerse en marcha el primer módulo de la usina, no estaría en condiciones de abastecer adecuadamente carbón por la falta de inversiones en los frentes y no puede usar el ferrocarril por falta de locomotoras, de mantenimiento, con un galpón a medio hacer en Punta Loyola.
El fantasma de los despidos ronda en la decisión de lucha de los compañeros y especialmente en las medidas más decididas que están llevando adelante los trabajadores de vías y del puerto de Loyola. Disputa de poder por arriba
El cambio de Interventor y la presencia de ATE en las decisiones de la empresa interesan al gobierno provincial que quiere asumir el control de YCRT y trata de pescar a río revuelto junto a la burocracia de ATE provincial (responde a Alicia Kirchner), que viene acercándose al conflicto con cierta desconfianza, ya que la iniciativa de la lucha salió de las bases.
Por su parte el Diputado y dirigente petrolero Vidal, trata de articular una “propuesta” de reactivación en conjunto con los gremios que no paran, y cooptando algún dirigente de segunda línea de ATE. La “propuesta” presentada en un elegante power point consiste en ver la oportunidad de exportar carbón dados los precios internacionales en alza, pero no ha reparado en que en la emergencia hay que invertir en los frentes, comprar locomotoras, arreglar las vías y completar la preparación del puerto, que es precisamente el reclamo vital de los compañeros que están haciendo una huelga para defender su fuente de trabajo y poder precisamente TRABAJAR.
En medio de una lucha muy importante, campea la demagogia de sectores del poder que se disputan el control de la empresa y a lo sumo aceptarían la “participación” de algún burócrata sindical asociado a la intervención.
De conjunto el aumento del presupuesto necesario para reactivar YCRT choca con los planes de austeridad del FMI (Cabe recordar que Alicia Kirchner y Vidal apoyaron el acuerdo con el FMI) y las políticas de ajuste, en que están empeñados todos los grupos de poder que se disputan el control de la empresa. A su forma esta huelga en el extremo sur es otra muestra de la necesidad de un Paro Nacional para derrotar el ajuste.
La perspectiva de triunfo de esta lucha pasa por la formación de comités de lucha (Ya se hizo en la asamblea de Río Gallegos), superar las vacilaciones de ATE con una intervención decidida del cuerpo de delegados y profundizar el plan de lucha con acciones dispuestas hacia toda la comunidad, como se hizo en 2018, incluso movilizando a Río Gallegos y a Buenos Aires para instalar el reclamo en los centros del poder político. ¡¡¡A rodear de solidaridad la lucha de YCRT!!! Por Miguel Del Plá
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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