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PROVINCIALES

Una lucha decisiva contra el ajuste, en medio de las internas del poder

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Desde el Partido Obrero sentaron postura por el conflicto que está a poco de cumplir un mes en YCRT.

**Por Miguel Del Pla

La Asamblea General en boca de mina, realizada el miércoles 1/6 ratificó las medidas de fuerza y reclamó 4 puntos: Que se vaya la Intervención; Representación gremial en la conducción de la empresa; Inversiones en la mina y el ramal ferroportuario y concursos para los cargos de ascenso. Se rechazó la propuesta de una Intersindical con los otros tres gremios de la empresa (Jerárquicos, Luz y Fuerza y Fraternidad) que no están parando.

El reclamo salarial y la devolución de los derechos arrebatados en el macrismo, planteados por varios compañeros están presentes en un segundo plano.

Esta semana la noticia fue la renuncia de Walter Ramos el secretario de ATE Río Turbio y la posible salida de toda la comisión (a nivel nacional responde a Catalano), lo que después de varios días se recompuso precariamente y quedó sin efecto.

El cimbronazo se sintió en la participación de los compañeros en las actividades sobre todo en Río Turbio, que ha mermado considerablemente. El paro en Turbio se hace con marcación de tarjeta en los lugares de trabajo mientras que en Río Gallegos es paro total y acampe sin marcación.

El reclamo vital son las inversiones para reactivar la empresa, que a punto de ponerse en marcha el primer módulo de la usina, no estaría en condiciones de abastecer adecuadamente carbón por la falta de inversiones en los frentes y no puede usar el ferrocarril por falta de locomotoras, de mantenimiento, con un galpón a medio hacer en Punta Loyola.

El fantasma de los despidos ronda en la decisión de lucha de los compañeros y especialmente en las medidas más decididas que están llevando adelante los trabajadores de vías y del puerto de Loyola. Disputa de poder por arriba

El cambio de Interventor y la presencia de ATE en las decisiones de la empresa interesan al gobierno provincial que quiere asumir el control de YCRT y trata de pescar a río revuelto junto a la burocracia de ATE provincial (responde a Alicia Kirchner), que viene acercándose al conflicto con cierta desconfianza, ya que la iniciativa de la lucha salió de las bases.

Por su parte el Diputado y dirigente petrolero Vidal, trata de articular una “propuesta” de reactivación en conjunto con los gremios que no paran, y cooptando algún dirigente de segunda línea de ATE. La “propuesta” presentada en un elegante power point consiste en ver la oportunidad de exportar carbón dados los precios internacionales en alza, pero no ha reparado en que en la emergencia hay que invertir en los frentes, comprar locomotoras, arreglar las vías y completar la preparación del puerto, que es precisamente el reclamo vital de los compañeros que están haciendo una huelga para defender su fuente de trabajo y poder precisamente TRABAJAR.

En medio de una lucha muy importante, campea la demagogia de sectores del poder que se disputan el control de la empresa y a lo sumo aceptarían la “participación” de algún burócrata sindical asociado a la intervención.

De conjunto el aumento del presupuesto necesario para reactivar YCRT choca con los planes de austeridad del FMI (Cabe recordar que Alicia Kirchner y Vidal apoyaron el acuerdo con el FMI) y las políticas de ajuste, en que están empeñados todos los grupos de poder que se disputan el control de la empresa. A su forma esta huelga en el extremo sur es otra muestra de la necesidad de un Paro Nacional para derrotar el ajuste.

La perspectiva de triunfo de esta lucha pasa por la formación de comités de lucha (Ya se hizo en la asamblea de Río Gallegos), superar las vacilaciones de ATE con una intervención decidida del cuerpo de delegados y profundizar el plan de lucha con acciones dispuestas hacia toda la comunidad, como se hizo en 2018, incluso movilizando a Río Gallegos y a Buenos Aires para instalar el reclamo en los centros del poder político. ¡¡¡A rodear de solidaridad la lucha de YCRT!!! Por Miguel Del Plá


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Avanza en Santa Cruz la Ley de Emergencia Administrativa: Reunión clave con legisladores

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El Gobierno de Santa Cruz busca consenso entre los bloques de la Legislatura para la aprobación de la Ley de Emergencia Administrativa, en una reunión liderada por el ministro de Gobierno, Pedro Luxen.

El Gobierno de Santa Cruz está dando pasos firmes hacia la aprobación de la Ley de Emergencia Administrativa, buscando consenso entre los distintos bloques de la Legislatura. En una reunión encabezada por el ministro de Gobierno, Pedro Luxen, se abordó el proyecto de ley con representantes de diversos sectores políticos.

Durante el encuentro en Casa de Gobierno, Luxen destacó la importancia de agilizar los mecanismos estatales para brindar una respuesta más efectiva a las necesidades más urgentes de la población, especialmente en áreas como la asistencia social y la emergencia energética. Se enfatizó en la necesidad de trabajar en conjunto y dejar de lado las diferencias partidarias en pos del bienestar de la provincia.

El ministro informó que se creará una comisión de seguimiento en la Cámara de Diputados para supervisar la aplicación de la ley en cuanto a la adquisición de insumos básicos y otros aspectos administrativos. Además, se adelantó que continuarán las conversaciones para alcanzar un consenso político amplio que respalde la iniciativa.

En este contexto, representantes de diferentes bloques políticos expresaron su disposición al diálogo y la colaboración. El diputado Pedro Muñoz, de la Coalición Cívica Ari, resaltó la importancia de esta convocatoria como un gesto de apertura hacia la oposición. Mientras tanto, la diputada Lorena Ponce, en representación del bloque de Unión Por la Patria, destacó la necesidad de brindar herramientas al gobierno para superar la situación actual.

En conclusión, el Gobierno de Santa Cruz está trabajando activamente para alcanzar un consenso político que permita la pronta aprobación de la Ley de Emergencia Administrativa, reconociendo la urgencia de la situación y la necesidad de actuar con celeridad y eficacia para garantizar el bienestar de los ciudadanos.


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