INFO. GENERAL
Santa Cruz: hubo derrame de petróleo en el territorio de la Comunidad Camusu Aike

Integrantes de la Comunidad Camusu Aike, denunciaron un grave derramamiento de petróleo en su territorio. Acusan a la empresa CGC como responsable del daño ambiental y el intento de ocultarlo permanentemente, violando los espacios y derechos de la comunidad tehuelche que vive allí.
CGC (Compañía General de Combustibles), es una de las empresas petroleras más importantes del país y pertenece a la familia Eurnekian. A mediados del año pasado compró a la petrolera china Sinopec. Tiene una producción de 50 mil barriles de petróleo diarios y tiene presencia en Mendoza, Chubut y Santa Cruz.
La Comunidad Camusu Aike, se encuentra cercana el paraje La Esperanza y allí viven entre treinta y cuarenta familias tehuelches, son alrededor de cien personas que habitan de manera permanente. Otra parte de la comunidad emigró a Río Gallegos, por busca de trabajo, estudio y mejores condiciones de vida. Quienes se quedaron suelen sufrir el atropello de empresas contratistas de CGC y tienen sus campamentos de explotación en sus territorios ancestrales. Tampoco fue consultada previamente, para extraer petróleo en su territorio. Dicha comunidad tiene sus autoridades como la señora Miriam López, Herminia Lis, Elizabeth Mac Coll y Myrta Pocón como representante de tres comunidades tehuelches en el Consejo de Participación Indígena por el pueblo tehuelche en Santa Cruz y su abogado es el señor Matías Schraer.
Myrta Pocón, fue quién hizo la denuncia pública del derrame de petróleo en una laguna natural del territorio de su comunidad.
“Esto pasó en el territorio de Camusu Aike, que queda a 180 kilómetros de Río Gallegos, a 25 kilómetros del paraje La Esperanza y por la zona de Boleadoras. Afectó a unos 200 o 300 metros y una laguna natural, donde van los caballos, guanacos y otros animalitos que se acercan a beber agua. Ocurrió el domingo 15 de mayo pasado, lo descubrió una sobrina mía que sale a recorrer el campo, para buscar sus caballos y notó que había movimientos extraños de las petroleras, ya que los domingos no suelen trabajar.
Habían topadoras, retroexcavadoras, camiones y camionetas con ingenieros, todos trabajando allí para chupar el petróleo que estaba en la laguna y seguramente tenían la intención de tapar con tierra encima.
Como todos estos años, en Camusu Aike nosotros veíamos tremendas montañas de tierra y no supimos porqué aparecían. Ahora entendemos las causas, y es por los manchones de petróleo son tapados con tierra. Por suerte, esta vez los descubrimos.
En Camusu Aike, siempre hicieron lo que quisieron y el gobierno o las empresas decían que no podíamos reclamar porque no teníamos los documentos de nuestras tierras. Hoy sí contamos con personería jurídica, con los títulos comunitarios y hacemos esta denuncia pública, para que se terminen los atropellos a nosotros y a los pueblos originarios. Quizás, estas empresas no se enteran que están operando en territorios que tienen leyes específicas y derechos.
Desde CGC, lo primero que nos ofrecieron, fue dinero para indemnizar a la comunidad y pagar un alquiler por el espacio que afectaron. Nosotros decimos que no queremos dinero. Hace varios años que estamos luchando para tener gas natural, viviendas y por agua corriente. Es algo tan urgente, que cualquier comunidad necesita, pero las empresas petroleras están en contacto con los gobiernos y no nos ayudan en nada e incluso nos ignoran.
Fue grave lo que pasó, lo intentaron esconder y a nosotros como comunidad de pueblos originarios nos viven chicaneando, pisoteando y pasando por encima. Las empresas petroleras hacen este tipo de cosas en el campo y nadie se hace cargo”.

INFO. GENERAL
ATE frena los pases a disponibilidad: la Justicia multa al Gobierno con $10 millones diarios

El Juzgado Federal N°2 de San Martín ordenó al Ejecutivo cumplir con la cautelar que anuló el decreto 462/25 y frenar los despidos en el INTA. Si no acata, deberá pagar una sanción millonaria por cada día de incumplimiento.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores del INTA sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se expidió nuevamente en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), intimando al Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar que había suspendido el decreto 462/25 y frenado los pases a disponibilidad en el organismo.
Pese a la resolución judicial dictada la semana pasada —y a que el Senado votó en contra del DNU— el Ministerio de Economía intentó avanzar con la Resolución 1240, que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del INTA. Frente a esta maniobra, la Justicia reaccionó con dureza: ordenó el cumplimiento inmediato de lo dispuesto y estableció una multa de $10.000.000 diarios en caso de desobediencia.
Desde ATE celebraron el fallo y cuestionaron la actitud del Gobierno. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, advirtió: “El Presidente insiste en desconocer a los otros poderes del Estado. Pretenden gobernar por decreto y a espaldas de la legalidad, pero la Justicia volvió a darnos la razón. No vamos a permitir despidos encubiertos ni atropellos contra los trabajadores”.
El gremio sostuvo que cada fallo judicial fortalece la resistencia sindical y ratificó que seguirán defendiendo a los empleados del INTA y de todo el sector público frente a las políticas de ajuste.
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