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NACIONALES

El Gobierno destinará $650 millones a la compra de yerba mate para la población vulnerable

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Así lo dispuso el Ministerio de Desarrollo Social, tras aprobar una licitación pública.

El Gobierno destinará cerca de $650 millones para la adquisición de yerba mate, con el fin de «atender a la población en situación de vulnerabilidad». Así se estableció por medio de una decisión administrativa publicada este martes en el Boletín Oficial, con las firmas del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

«Apruébase la Licitación Pública N° 95-0072-LPU21 del Ministerio de Desarrollo Social, con el objeto de lograr la adquisición de yerba mate elaborada con palo para atender a la población en situación de vulnerabilidad, solicitada por la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria del citado Ministerio», según el texto oficial.

A través de esa Licitación, se decidió «a favor de las firmas, por las cantidades, marcas y montos que a continuación se detallan: Ignacio Kleñuk, por 800.000 unidades de yerba mate elaborada con palo, presentada en envases con un contenido neto de 1 kilogramo cada uno, según especificaciones del Pliego, marca Yo- La-Vi, por un monto total de $331.920.000». Además, se aceptó la oferta de Grupo Área por 800.000 unidades de yerba mate elaborada con palo, presentada en envases con un contenido neto de 1 kilogramo cada uno, marca Yerutí, por $311.456.000″.

El Ministerio de Desarrollo Social fue autorizado a aprobar la ampliación, disminución, resolución, rescisión, declaración de caducidad y aplicación de penalidades a los adjudicatarios o cocontratantes respecto de la Licitación Pública que fue aprobada.

El gasto que demande la medida, que asciende a la suma total de $643.376.000 millones, se imputará con cargo a los créditos específicos del Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social para el Ejercicio 2022, aclaró la decisión administrativa.

El Poder Ejecutivo explicó que la Dirección de Políticas de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social, elaboró el correspondiente Informe Técnico de las ofertas recibidas y determinó el cumplimiento, por parte de los oferentes, de las especificaciones técnicas exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En ese sentido, indicó que la Comisión Evaluadora del Ministerio, «en función de los análisis administrativos, económicos y técnicos preliminares y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de Evaluación de Ofertas con fecha 15 de marzo de 2022».


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Menem intenta cortar el escándalo de los votos del tabaco para que no le impugnen la ley

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El titular de la Cámara baja busca evitar que se judicialice el tema. El PRO puso a sus abogados a chequear las actas porque no les registraron el voto negativo a dos diputadas.

Los bloques de la Cámara de Diputados atraviesan horas frenéticas luego del escándalo de la votación del capítulo del tabaco de la ley ómnibus.

Este medio explicó que el bloque peronista abrió una auditoría interna para verificar si Martín Menem adulteró el resultado de la votación del martes pasado para incorporar el impuesto a las tabacaleras.

Según se desprende de las actas parlamentarias, hubo más abstenciones de las que se computaron en recinto, se contabilizaron como afirmativas las abstenciones de los diputados chaqueños María Luis Chomiak y Aldo Leiva y no se incluyeron los votos negativos de Germana Figueroa Casas y Daiana Fernández Molero, del PRO y de Benedit Beltrán, de La Libertad Avanza. Estos diputados pidieron votar a viva voz porque sus votos no habían sido registrados en el sistema de votación por computadora.

La situación es muy delicada porque si se registraban esos votos de manera adecuada, la votación hubiera terminado 80 a 80 y Menem debía desempatar como presidente de la Cámara.

Una diputada del PRO adelantó que el bloque puso a sus abogados a chequear la votación. Si bien la intención del bloque amarillo es no complicar a Menem, quieren garantizarse de que no hubo ninguna maniobra que pueda ser objetada en la Justicia.

Es que una adulteración de la votación puede tener derivaciones penales, tanto en denuncias de falsificación de instrumento público como de falsedad ideológica. Además puede haber lugar para la impugnación del acta de la votación y la consecuente judicialización de la ley, que haría que se caiga la media sanción y por ende el Senado no podría aprobarla de manera definitiva.

Menem por estas horas busca que el tema no escale y se ampara en que la mesa de conducción de la Cámara es multipartidaria, por lo que puede alegar que la culpa no fue sólo de él sino también del secretario parlamentario o el proseceretario. Incluso los libertarios que reniegan del presidente de la Cámara creen que se buscará un chivo expiatorio antes de llegar tan alto.

Menem intenta cortar el escándalo de los votos del tabaco para que no le impugnen la ley

En el PRO, la explicación que bajaron a sus diputados es que en el caso de Leiva y Chomiak por sistema votaron afirmativamente por lo que en el tablero no aparecieron como «voto pendiente de votación» (su voto fue emitido válidamente), pero luego pidieron la palabra y expresaron un voto distinto al emitido. «El único voto valido es el emitido por sistema», dicen en el bloque del PRO.

«En el caso de los diputados Parola, Lopez Rodriguez, Daives, Freites, Araujo Hernadez, Ginocchio, Rauschenberger, Martinez, Sand, Figueroa Casas, Benedit, Y Fernandez Molero, durante la votación se deslogearon (por ejemplo, habiéndose levantado de sus bancas) o ingresaron al recinto luego de cerrada la votación, por lo que el sistema los computó como ausentes (en estos casos el voto de dichos diputados tampoco figuró como «pendiente de votación»)», comunicaron internamente en el bloque que encabeza Cristian Ritondo

«Sin embargo, una vez cerrada la votación pidieron la palabra y expresaron como su voto, pero dicho voto no cuenta», explicaron. «En resumen: se busca generar confusión con el hecho de que, una vez cerrada la votación, el presidente les haya dado la palabra a muchos diputados que no figuraban ‘pendientes de votación para no cercenar su derecho a expresarse», aseguran en el PRO. Pese a esto, sus abogados siguen investigando.


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