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Cómo fueron las negociaciones de última hora entre el Gobierno y el FMI

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Hubo charlas directas del Presidente y Guzmán con Georgieva y la directora Kozak. La traba matinal que demoró al Congreso y la letra final del acuerdo. 


Por Leandro Renou

Con pocos minutos de diferencia, el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario (FMI) dieron a conocer el cierre del acuerdo para reestructurar la deuda que tomó la gestión de Mauricio Macri, vía sendos comunicados. Pero las horas previas fueron calientes y con los número uno de cada sector negociando a teléfono abierto entre Buenos Aires y Washington

La medianoche de miércoles y madrugada del jueves tuvieron al presidente Alberto Fernández en contacto permanente con el ministro de Economía, Martín Guzmán, que le llevó al minuto los reportes de los avances y problemas de la negociación que, en general, tenían que ver con varias cuestiones que en el Gobierno preservan celosamente. Una de ellas, la de la quita de subsidios. 

En esas charlas a horas poco habituales para los comunes pero normales para este tipo de negociaciones, del otro de la línea también jugaban cuadros de peso. Guzmán charló directamente con Kristalina Georgieva, la titular del organismo, y lo propio hizo, al menos una vez, Fernández. La cuestión operativa desde Estados Unidos la llevó una de las directivas encargadas del caso argentino, la economista estadounidense Julie Kozak. En ese orden de cosas, el acuerdo llegó a buen puerto en medio de la noche. Viendo el devenir de esas cuestiones, el Gobierno ya había planificado que a primera hora del jueves la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, anunciaría el acuerdo en su habitual conferencia de los jueves y que la ley entraría al mediodía al Congreso, por Diputados. Pero a media mañana inconvenientes técnicos produjeron una demora en el envío: personal de la Secretaría de Legal y Técnica pidieron ver un término puntual en la traducción del acuerdo, que derivó en debates que, finalmente, llegaron a buen puerto en las primeras horas de la tarde. En el Gobierno prefirieron reservar cuál fue esa diferencia. «Lo importante es que se debatió y salió», contaron desde Casa Rosada a Página I12. En Economía, en tanto, casi que dan por confirmado que Guzmán y Sergio Chodos, el negociador ante el FMI, asistirán el próximo lunes al Congreso a explicar el acuerdo en el inicio del tratamiento en Comisiones. 

Así, el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, se reunió con los presidentes de bloque mostrándoles sólo un documento sin los anexos con detalles, para aunque sea avanzar en la mecánica del debate parlamentaria. A última hora de hoy, desde el Gobierno aseguraban que el proyecto completo entraría cerca de esta medianoche o mañana por la mañana. Mientras tanto, quedaron los comunicados del Gobierno, del FMI y lo que el organismo expresó en una conferencia de prensa. En esos documentos se leen diagnósticos y conclusiones casi calcadas. 

La letra chica, mediana y lo que falta

El comunicado del Gobierno puntualizó que «el nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo». Mientras que el organismo que comanda Georgieva calificó al entendimiento alcanzado como «pragmático y realista». 

El texto del Gobierno graficó que el acuerdo está compuesto por dos documentos: el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico. El titulo de la norma que irá al Congreso es «Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional”, e ingresará en los términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Con esa base y la convocatoria que se hará a centrales sindicales, empresarias y oposición, el Gobierno buscará mostrar que el acuerdo renegociado -a diferencia del acuerdo de Macri- será avalado por un espectro amplio y no se hará como decisión inconsulta del Ejecutivo.

Este nuevo programa -reza el comunicado oficial- viene a reemplazar “el fallido programa Stand By acordado en 2018, por un nuevo programa de Facilidades Extendidas”. Y agrega que «el acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas; EFF, por sus siglas en inglés) que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034». Aquí dos puntos importantes: se confirma el número de revisiones trimestrales, uno de los puntos más incómodos para el Gobierno, y se especifica que el primer desembolso (aún no se conoce el monto), será luego de aprobado el programa. En la Rosada esperan que sea, por lo menos, el doble de lo que se tiene que pagar en el vencimiento del 22 de marzo (2800 millones de dólares). 

A continuación, el Gobierno recuerda que las negociaciones contemplaron «la importancia de alcanzar un programa acorde a las necesidades y desafíos de la Argentina y que no implique una inhibición en la recuperación económica». Y agrega que «hay coincidencia en que la inflación es un fenómeno multicausal -siendo uno de los principales desafíos de la política macroeconómica- que debe ser abordado desde un enfoque integral. La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas». 

Hay otro punto importante que resalta el comunicado argentino que también consignó el FMI: que no hay una intención de aceleraciones bruscas de la devaluación. «El programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria -expresó Economía-, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas». Eso coincide en la política actual del Gobierno de ir achicando la brecha con un desinfle del dólar paralelo en consonancia con el «crawling peg», microcorrecciones diarias de la cotización oficial. 

También Argentina destaca que «se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos». 

Subidios e inflación

En particular, el Gobierno resaltó que «el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional» y se ratificó la decisión de «lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso», revisiones que «abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales». Aquí el esquema de segmentación en base al Coeficiente de Variación Salarial que anunció Fernández en la apertura de sesiones (ver aparte). 

Sobre el tema, Ilan Goldfajn director del Departamento Occidental, dijo en la conferencia del prensa que la reducción de los subsidios energéticos acordada será equivalente al 0,6 por ciento ddel PBI y «está básicamente respaldada por suposiciones con respecto a la evolución de los precios de la energía, también las condiciones con respecto al cambio climático y en qué medida se puede mejorar la hidroelectricidad como fuente de energía. Esta es una proyección de línea de base, obviamente, está sujeta a riesgos y esos riesgos dependen en gran medida de los precios de la energía». 

Otro punto relevante del proyecto, incluido en los comunicados y explicado por el director del FMI Luis Cubeddu, es el sendero de inflación: se espera que en 2022 desacelere a entre 38 y 48 por ciento, desde «casi 51 por ciento en 2021». Tal el número acordado con el Gobierno. La frase final de la conferencia del FMI es una perla. Le preguntaron a Goldfajn si este acuerdo funcionaria: «hemos aprendido de experiencias anteriores», sentenció. 


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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