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Miércoles 27 de Agosto del 2025

PROVINCIALES

Familiares de víctimas del ARA San Juan pidieron que la causa por espionaje vaya a Caleta Olivia

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Apelaron la acumulación con otro expediente en Comodoro Py y reclamaron que tramite junto con la investigación principal por el hundimiento del submarino.

Familiares de víctimas del submarino ARA San Juan presuntamente espiados ilegalmente durante sus reclamos de Justicia apelaron la decisión del juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, de enviar ese expediente a los tribunales de Comodoro Py 2002.

La abogada de los familiares, Valeria Carreras, reclamó que la causa tramite en los tribunales federales de Caleta Olivia, donde se instruye la investigación por el colapso del submarino, o en el fuero “más lejano a la Ciudad de Buenos Aires”.

“Para las querellantes, caer en la cofradía denominada Comodoro Py equivale a perder toda esperanza de justicia”, sostiene la apelación contra la decisión del juez Bava de desprenderse del expediente.

“No tenemos dudas que estamos frente a una decisión equivocada y contraria a derecho que perjudica y produce un gravamen irreparable a esta querella, por lo que deberá dejársela sin efecto o en subsidio remitirla al Juzgado Federal de Caleta Olivia o al más lejano de los Juzgados de Ciudad de Buenos Aires con asiento en Comodoro Py 2002”, insistió la abogada Carreras.

Además, advirtió que “las querellantes volverán a ser víctimas, porque sabiendo que la causa será atraída a tramitar junto a otra que desconocen, padecerán el desprestigio de los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires”.

El juez Bava decidió remitir la investigación sobre supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas, el único expediente en el que está procesado el ex presidente Mauricio Macri, para que sea acumulada al expediente 88/19, más conocido como “Causa D’Alessio”.

Las querellantes se sorprendieron por esa decisión y afirmaron “ignorar el tenor y relación de la causa 88/19 con esta causa que investiga el espionaje ilegal sobre los familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan”.

“¿Puede quedar firme la resolución que acumula a otra causa, que esta parte ignora en su totalidad, de la que jamás tomo vista, a la que jamás se nos puso en conocimiento de sus extremos? La respuesta es ‘no’. Estaríamos frente a una decisión inaudita parte, modo solo permitido en cautelares o en dictaduras”, se interrogó y respondió la abogada Carreras.

“No hay un elemento jurídico en la resolución que nos permita verificar si se ha respetado el principio de juez natural, el principio de competencia en razón del lugar donde acaecieron los hechos que se investigan. Estamos frente a una resolución que en caso de quedar firme destrozaría dos siglos de jurisprudencia y doctrina en cuanto a la competencia”, resumió.


Avisos

PROVINCIALES

ATE frena los pases a disponibilidad: la Justicia multa al Gobierno con $10 millones diarios

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El Juzgado Federal N°2 de San Martín ordenó al Ejecutivo cumplir con la cautelar que anuló el decreto 462/25 y frenar los despidos en el INTA. Si no acata, deberá pagar una sanción millonaria por cada día de incumplimiento.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores del INTA sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se expidió nuevamente en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), intimando al Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar que había suspendido el decreto 462/25 y frenado los pases a disponibilidad en el organismo.

Pese a la resolución judicial dictada la semana pasada —y a que el Senado votó en contra del DNU— el Ministerio de Economía intentó avanzar con la Resolución 1240, que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del INTA. Frente a esta maniobra, la Justicia reaccionó con dureza: ordenó el cumplimiento inmediato de lo dispuesto y estableció una multa de $10.000.000 diarios en caso de desobediencia.

Desde ATE celebraron el fallo y cuestionaron la actitud del Gobierno. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, advirtió: “El Presidente insiste en desconocer a los otros poderes del Estado. Pretenden gobernar por decreto y a espaldas de la legalidad, pero la Justicia volvió a darnos la razón. No vamos a permitir despidos encubiertos ni atropellos contra los trabajadores”.

El gremio sostuvo que cada fallo judicial fortalece la resistencia sindical y ratificó que seguirán defendiendo a los empleados del INTA y de todo el sector público frente a las políticas de ajuste.


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