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Martes 20 de Mayo del 2025

INFO. GENERAL

Denuncian a una abogada por su estrategia para que el Ejército le entregue un predio del Estado a los Mapuches

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La oposición denunció a la abogada Silvia Vázquez por haber dejado vencer el plazo de apelación para que el Ejército le entregue el predio en cuestión a la comunidad mapuche.

La oposición presentó una denuncia contra la abogada Silvia Vázquez del Ministerio de Defensa de la Nación, debido al “incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la disputa territorial entre el Ejército nacional y la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue”.

Vázquez dejó vencer el plazo de apelación para que el Ejército le entregue 180 hectáreas a la comunidad mapuche. Por lo tanto, diputados de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia penal contra el accionar de la abogada.

“La letrada oficial que pertenece a la Procuraduría General de la Nación permitió que se venciera el plazo para presentar un recurso de amparo en rechazo del fallo judicial que permitió que las tierras del Estado sean otorgadas a los pueblos originarios”, establecen en la denuncia, la cual se encuentra encabezada por el diputado nacional Gerardo Millman.

Desde la oposición liderada por Patricia Bullrich, remarcaron: “No debe perderse de vista que, según el relato de los hechos, surge la posible participación en el evento de funcionarios de las más altas esferas del Ministerio de Defensa”.

También señalando que los mismos funcionarios eran “quienes habrían impartido las órdenes para concretar el envío tardío del expediente administrativo correspondiente” y, por lo tanto, “la presentación tardía del escrito de apelación pertinente”.

La denuncia presentada contra la letrada determina que la misma habría cometido un “delito doloso que requiere la conciencia de la ilegitimidad o la arbitrariedad del acto y la voluntad de llevarlo a cabo y el sujeto activo debe ser un funcionario público en ejercicio de sus funciones”.

Bajo ese mismo marco, la oposición sospecha que “desde el Estado se permitió caer una causa que debía defenderse y que involucra al patrimonio nacional”. “La intencionalidad de todo lo sucedido está a la vista de las pruebas y representa un grave accionar por parte del organismo público y sus funcionarios”, subrayó Milman.

En la misma línea, el funcionario concluyó: “Deberá responder ante la Justicia acerca de su accionar que interpeló la soberanía argentina sobre un territorio nacional”, con el apoyo de Ricardo López Murphy, Laura Rodríguez Machado, Aníbal Tortoriello, Alberto Asseff, Pablo Torello y Fernando Iglesias.

A partir de un fallo judicial de la Cámara de Apelaciones de General Roca, validado por la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, el Ejército argentino debe cederle 180 hectáreas, ubicadas a 12 kilómetro de Bariloche, a la comunidad mapuche.

Dentro de ese territorio se encuentra la Escuela Militar de Montaña del Ejército “Teniente General Juan Domingo Perón”, el cual debe ser entregado dentro de los próximos 60 días. La jueza le habría dado la mano derecha a la comunidad mapuche por lo que ordenó la transferencia de las tierras


Avisos

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Amiguismo y acomodo en la justicia de Santa Cruz

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La retirada del kirchnerismo del poder provincial no solo dejó vacantes en los despachos de la administración pública, sino que también puso en evidencia los espacios que aún conservan influencia. Uno de esos bastiones es la Municipalidad de Río Gallegos; el otro, más silencioso, pero muy poderoso, es el Poder Judicial de Santa Cruz.

Circulan nombres conocidos, apellidos con historia política en la provincia, muchos ya fueron denunciados por el gremio de judiciales, que ven con resignación como hoy encuentran en la justicia un refugio ante la pérdida del control institucional. La falta de concursos públicos transparentes y la persistencia de vínculos de parentesco, amistad o lealtad política a la vieja conducción provincial refuerzan la percepción de que, en Santa Cruz, la Justicia es un reducto de acomodos y amiguismo.

Mientras se exige austeridad y responsabilidad en otras áreas del Estado, el sistema judicial sigue operando con privilegios, beneficios especiales y una lógica corporativa que impide el ingreso por mérito.

Algunos ejemplos de los últimos ingresos al poder judicial:

Claudio García ( ex diputado ex ministro de salud)

Echazu Elea (Hija del Dip por pueblo de Río Gallegos Eloy Echazu)

Carlos Gleadell (ex Parlamentario del Mercosur)

Sergio Gerardo Sepúlveda ( ex secretario legal y técnica de Alicia Kirchner).

Andrea Cantin ( hija ex intendente de Río Gallegos)

Agustina Sironi (hija de Mónica Gutiérrez funcionaria de Pablo Grasso).

Leandro Flores (Amigo de Basanta integrante del tsj)

Rocio Campos ( ex secretaria de Alicia Kirchner )

Fuente: Info Caleta


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