Una gruesa columna de manifestantes recorrió este martes la Avenida San Martín, desde la plazoleta Güemes, hasta el ingreso al Correo Argentino. No solo eran docentes y referentes gremiales, había estudiantes, familiares, vecinos y referentes de distintas instituciones de la comunidad que adhirieron al reclamo que se extendió en todo el país: la defensa irrestricta a la educación pública; universidades estatales libres y gratuitas para todos; y el presupuesto que permita realiza docencia, investigación y extensión.

Luego de recorrer más de 10 cuadras pacíficamente, los manifestantes llegaron a la intersección principal de las Avenidas Néstor Kirchner y San Martín. Desde las escalinatas del Correo Argentino, las autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, de la Unidad Académica local, y de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN, junto a los referentes gremiales del personal docente y no docente de cada casa de altos estudios, leyeron un documento conjunto. Previamente, entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

La primera en hacer uso de la palabra fue la decana de la UARG, Karina Franciscovic, quien manifestó: “La universidad pública argentina atraviesa un periodo de crisis como consecuencia de las decisiones del gobierno nacional. Agradecemos las manifestaciones de la sociedad y el apoyo y convocamos a la ciudadanía a trabajar para sostener las universidades abiertas haciendo docencia, investigación y extensión. La Universidad Pública es uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales”, dijo.

Luego habló el referente del sindicato Atunpa: “Las universidades han sufrido un fuerte ajuste para los gastos de funcionamiento. Las partidas, en marzo del 2024, equivalen al presupuesto del 2022. El incremento del 70 % que se dio en primer término, sumado al anuncio del 70 % de ayer, es insuficiente, cuando la inflación fue de un 300%. El gobierno hace el anuncio en el marco de la marcha con la intención de confundir a la comunidad. Las obras de infraestructura están paralizadas y no hay certeza sobre su continuidad. Más del 90 % de lo que el Estado invierte en educación superior es para salarios. Y los trabajadores, en estos últimos meses, han perdido el 50% de sus sueldos respecto a la inflación”.

Karina Dodman de la ADIUPA continuó: “Este deterioro salarial se hermana con el resto de los sectores del mundo del trabajo. Ello lleva a retomar consignas de hace más de 20 años. Ningún trabajador o trabajadora de las universidades nacionales por debajo de la pobreza. Reivindicamos los convenios colectivos sectoriales, docentes y no docentes y el espacio paritario nacional con participación plena del gobierno nacional, quien hasta ahora malversa su participación imponiendo aumentos paupérrimos de manera unilateral”.

“De esta manera se cancela de hecho la negociación colectiva, pilar del diálogo social y uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo reconocido por la OIT. Exigimos paritarias libres sin techo para garantizar salarios acordes a la situación inflacionaria y que permita recuperar con urgencia lo que se ha perdido. Sin salarios dignos de docentes y no docentes, la universidad pública es inviable.

La comunidad universitaria se organiza, resiste y se solidariza con todos los sectores que hoy atraviesan una situación similar o peor por afrontar despidos masivos.

Martin Saavedra, presidente del centro de estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, habló de la necesidad de garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes. 

“Las políticas de becas son fundamentales para democratizar. Sin embargo, su recorte es alarmante. Tanto así, que al retraso respecto de la inflación, se sufren los recortes en las becas Progresar y Manuel Belgrano que se le suman recortes en términos de montos, requisitos y periodo de inscripción”.

“Estas decisiones del Gobierno Nacional hacen que el desguace sobre las herramientas conquistadas sea prácticamente total. Hoy, las universidades carecen del presupuesto suficiente para sostener becas propias. Ante esto, asumimos la tarea de defender inclaudicablemente el acceso a la educación a las grandes mayorías”.

José Sánchez, en representación de los egresados, proclamó: “No queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la Universidad Argentina. Somos la universidad pública, gratuita, e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la universidad para el gran pueblo argentino. Por eso lucharemos en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica por la educación que queremos y por el país que anhelamos”.

En otro tramo del documento se pronunció el sector de personal científico-tecnológico e investigación “atravesamos uno de los momentos más críticos de su historia. A través de las universidades y centros de investigación distribuidos federalmente, la Argentina se ha caracterizado por ser una referencia de ciencia y tecnología en el mundo entero, dotando de desarrollos de punto y profesionales de excelencia al sector público y privado. Nuestras científicas y científicos son desprestigiados respecto de la calidad de sus trabajos, cuestionados respecto del valor que la ciencia y la tecnología tiene para el desarrollo nacional, y privados del reconocimiento que poseen sus arduas labores, muchas veces de dedicación exclusiva.

La ciencia y la tecnología forman parte de la universidad pública, ya que la investigación es uno de sus pilares. Muchas investigadoras e investigadores no llegan a fin de mes y carecen de información cierta sobre la posibilidad de continuar con sus proyectos por los recortes del CONICET, así como en institutos dependientes de las universidades.  La ciencia y la tecnología son aspectos sustanciales para la producción de soberanía, desarrollo y progreso”.

A su turno, el Decano de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional, Sebastián Puig agregó: “Un país que no invierte en ciencia, renuncia a su soberanía. El desfinanciamiento de la universidad para lograr el crecimiento económico, es un retroceso para la economía del país, que puede tener en las exportaciones basadas en la economía del conocimiento un sustento significativo.

Gracias a un sistema universitario y científico, Argentina es el primer país de América Latina en investigación, desarrollo e innovación. En este país se fabricó uno de los 10 reactores de energía más importantes del mundo entre el 2018 y el 2022. La producción de software generó 19.500 millones de dólares. Más de 100 nuevas empresas en biotecnología han puesto al país también en el primer puesto en América Latina.

Gracias a la investigación aeroespacial en la Universidad Pública Argentina, es uno de los 10 países que tienen capacidad para diseñar y producir nuestros satélites. Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho”.

El documento continuó: “La Universidad es una como formidable herramienta de movilidad social ascendente y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad del conocimiento. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla. Hay que seguir en las calles luchando contra el ajuste del gobierno nacional utilizando todos los medios necesarios en las acciones que nos permitan derrotar estas políticas que pretenden privatizar la universidad pública y la quita de todos nuestros derechos. La defensa de la universidad pública es una obligación porque un territorio sin conocimiento es una comunidad sin un futuro”.

La marcha concluyó con cánticos y libros en alto, como forma simbólica de manifestación en defensa de la educación pública. Con información de Tiempo Sur