Alberto Fernández anunció que el fallo que impidió la realización de los comicios en San Juan y Tucumán será incorporado como causal de remoción en el proceso contra los jueces de la Corte que debate el Congreso. Gobernadores, referentes del Frente de Todos, de la CGT y de organismos de derechos humanos rechazaron la medida del máximo tribunal. Sectores del oficialismo evalúan promover una manifestación. Mientras, en Juntos por el Cambio celebraron el fallo como propio.

Por Melisa Molina

Luego del cimbronazo por la decisión política de la Corte Suprema de suspender las elecciones en San Juan y Tucumán, se multiplicaron los repudios desde todas las terminales del oficialismo. El presidente Alberto Fernández anunció que la decisión de la Corte se sumará como causal de remoción en el juicio político contra los supremos que debate el Congreso. El rechazo al fallo incluyó comunicados y declaraciones de gobernadores y referentes del Frente de Todos, de la CGT y las Madres de Plaza de Mayo, entre otros. Desde el oficialismo consideran que la respuesta a este fallo político y al avance del Poder Judicial sobre el resto de los poderes se debe dar «en las calles», como ocurrió hace seis años ante la sentencia del «2x1», que buscó beneficiar a represores de la dictadura. Una fecha posible para esa movilización es el 25 de mayo, para cuando el kirchnerismo organiza un acto en conmemoración de los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente. La alianza opositora de Juntos por el Cambio, mientras tanto, siguió festejando el fallo como propio y señalando a los jueces de la Corte como si fuesen parte de un mismo equipo.

«Vamos a enviar los antecedentes de las decisiones tomadas para que se sumen a las causales de juicio político y seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo«. Ese fue el anuncio del Presidente ayer por cadena nacional, en la que consideró que el máximo tribunal demostró que “sigue respondiendo las órdenes” del expresidente Mauricio Macri, y acusó a los jueces de “adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición”.

La jornada previa había sido muy compleja para el Gobierno. Sucede que todos los funcionarios se enteraron por los medios de comunicación de la decisión que había tomado el máximo tribunal de suspender dos de las cinco elecciones del próximo domingo. En Casa Rosada consideran que el fallo fue un mensaje político que, entre sus objetivos, apunta a intimidar a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, ante una posible candidatura, y creen que es la sociedad la que deberá manifestarse para revertirlo. Consideran que el Gobierno «tiene las manos atadas» y depende de los votos en el Congreso para avanzar con el juicio político que enviaron en enero.

Tras conocerse el fallo, el Presidente estuvo reunido anteayer en Casa Rosada con sus funcionarios de confianza: el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el vicejefe, Juan Manuel Olmos; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello; y la vocera, Gabriela Cerruti. El mandatario se comunicó por teléfono con el sanjuanino Sergio Uñac y con el tucumano Juan Manzur; decidieron que lo más urgente era lanzar un comunicado oficial mientras en las provincias evaluaban cómo seguir. Uñac le comentó a Fernández que la idea en su provincia era suspender las elecciones a gobernador y vice y continuar con el resto –lo que finalmente confirmaron desde la junta electoral provincial–. Con Manzur conversaron de las dudas que tenía el tucumano sobre si suspender o no los comicios en su provincia. Finalmente, los suspendió. En los diálogos con Uñac, también analizaron que fue un error que no haya firmado el proyecto de juicio político a la Corte con el resto de los gobernadores: según dicen en Balcarce 50, si él hubiera firmado, hoy tendría un argumento para pedir la recusación de los cortesanos.

Mientras todo eso se definía, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, tras conversar con la vicepresidenta, terminaba de preparar su propio discurso, que difundió cerca de las 22 del martes. Allí, vinculó el fallo con la persecución que sufre CFK, algo que no había estado presente en el mensaje previo de Presidencia. Fernández, según dicen desde ambas oficinas, estaba al tanto de que Wado De Pedro grabaría ese mensaje y lo que diría. «Es obvio que iba a hablar él. Es el ministro del Interior y era un tema electoral», justificaban en Casa Rosada sobre por qué el mensaje más fuerte del Gobierno lo pronunció De Pedro y el Presidente habló un día más tarde. Sobre una de las últimas frases del ministro, en la que dijo que «este domingo habrá cinco elecciones», explicaron en su entorno que fue «una manera de decir», y que, cuando armaron el discurso, todavía no estaba definido que en Tucumán se suspenderían.

Ayer temprano se conoció que el Presidente también grabaría un mensaje y que sería emitido en cadena nacional. Según dicen desde su entorno, la idea surgió antes de saber que De Pedro también hablaría, y destacan que «fueron dos mensajes en línea». Argumentan que el primero que salió con un comunicado fue el Presidente; que luego habló el ministro y que él, con más tiempo, armó lo que diría por cadena. «El comunicado fue inmediato y la cadena un mensaje más elaborado y pensado», dijeron. Decidieron que ese sea el formato por «la gravedad institucional del tema», y porque el Gobierno busca que toda la sociedad esté al tanto. «Esperamos que haya más conciencia social, como ocurrió con el 2x1», dicen.

En Casa Rosada consideran que «habrá que hacer campañas o reforzar con la militancia», y que «no hay muchas más armas», debido a la connivencia que hay entre la oposición y sectores del Poder Judicial, que trabó todos los intentos de reformas. Admiten, más allá de eso, que la sociedad está desmovilizada y preocupada más por los números de la inflación y los bajos salarios, que por la democratización del Poder Judicial y que, por eso, el desafío será doble. «Es difícil hacer que la gente comprenda la gravedad de la situación y cómo eso tiene que ver también con su vida cotidiana», repiten.

En los pasillos de la Casa de Gobierno explican que no pudieron adelantar la jugada del tribunal supremo porque «es una Corte que está loca». Remarcan que «no puede ser» lo que hizo su presidente, Horacio Rosatti, que fue a una reunión en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, habló allí de temas económicos y después sacó esa resolución política. «Es todo una locura. Son cuatro truhanes con comportamientos mafiosos», disparan. También destacan que, mientras se conocía el fallo, el ex administrador de la Corte Héctor Marchi denunciaba ante la comisión de juicio político que Rossati «recibía sobres», haciendo referencia a contratos para negociar fallos. «Con esto sacaron el foco de ese escándalo y de tantas otras cosas como lo de los teléfonos de Gerardo Milman que fueron borrados en las oficinas de Patricia Bullrich«, subrayan.

Los repudios

La CGT apuntó que el fallo de la Corte «compromete la vigencia del federalismo y genera un grave antecedente institucional». La Asociación Madres de Plaza de Mayo consideró que la decisión del tribunal «es una verdadera advertencia hacia Cristina si se presenta como candidata. Es indudable que la quieren proscribir de cualquier modo y recurriendo a métodos ilegales e ilegítimos». «Es una muestra más para provocar la desestabilización democrática, de impedir que las provincias ejerzan su autonomía como dispone la Constitución», subrayaron.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló que «el partido judicial se negó a investigar los vínculos financieros y las conexiones políticas que tuvieron que ver con el atentado a Cristina Kirchner» y agregó: «Cuatro tipos que no han sido elegidos por el pueblo creen que pueden hacer cualquier cosa, creen que pueden llevarse puesto un proceso electoral». Su par de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, añadió que “una vez más, la Corte ha dejado en evidencia su intromisión no ya sobre los otros dos poderes de la república, sino en la vida institucional de nuestro país”. El gobernador de una de las provincias en las que se votará el domingo añadió: “Se trata de una medida claramente política”.

Sobre la idea de movilizar para enfrentar el fallo, el ministro bonaerense Andrés «Cuervo» Larroque sugirió que la fecha puede ser el 25 de mayo, cuando el kirchnerismo prepara un acto masivo a 20 años de la asunción de Kirchner como presidente. “De lo único que hablan los compañeros y compañeras es de movilizar el 25 de mayo. De ir a la (avenida) 9 de julio y generar una inmensa manifestación popular”, aseguró. Horas antes, De Pedro había señalado: «Hace 6 años salimos a la calle para rechazar el fallo de la Corte Suprema que beneficiaba con el 2×1 a los genocidas. La misma Corte que suspendió elecciones en dos provincias argentinas. La democracia siempre se defiende en las calles».

Alineados

La oposición, en tanto, siguió festejando el fallo de la Corte. El expresidente Mauricio Macri, que había anticipado el fallo un día antes, cuando dijo que «se iban a terminar los feudos en las provincias», volvió a la carga y se explayó con una metáfora futbolera: «La Corte es el árbitro de nuestra vida en común. Es la que aplica las reglas del partido que jugamos todos los días. Podemos estar en desacuerdo con sus fallos, como podemos dudar de si una mano fue penal o no. Pero no podemos cuestionar la legitimidad del árbitro o parar el partido para pedir que pongan a otro». También volvieron a manifestarse los presidenciables del PRO. Patricia Bullrich aseguró que «los que violan la ley siempre tienen problemas con los jueces», mientras que Horacio Rodríguez Larreta exigió al Presidente que deje de «atentar contra la división de poderes» y sostuvo que los argentinos son «rehenes de su incapacidad de gobernar». En la misma línea, los radicales Mario Negri y Martín Lousteau, entre otros referentes de JxC, hablaron de «defender las instituciones, la división de poderes» y «acatar los fallos judiciales».