El Gobierno presiona a la UTA, el gremio de los colectiveros, para que no adhiera a la medida con el argumento endeble de la conciliación obligatoria.

La semana que pasó resultó completamente negativa para el gobierno de Javier Milei,  que incluyó un inútil (y costoso) viaje a Miami más una fuerte derrota en el Senado. La que comienza este lunes no se presenta muy diferente. En principio, porque es probable que en Diputados se apruebe la creación de una comisión investigadora sobre la criptoestafa $LIBRA. Luego, el miércoles y jueves se convertirán en dos jornadas intensas en cuanto a movilización, rechazo y repudio a su gestión. El 9 de abril desde el mediodía comenzarán a concentrarse la CGT junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas para acompañar la protesta que todos los miércoles realizan los jubilados y jubiladas (y que el gobierno puntualmente reprime). Se prevé una movilización imponente que prácticamente detendrá la actividad en buena parte del país. Y es que todas las regionales de la CGT replicarán esta marcha, que se transformará en el prólogo del paro general que se concretará a partir del primer minuto del jueves 10 de abril. El Gobierno sabe de la magnitud de esta medida y busca morigerarla de manera desesperada. Para eso presiona con maniobras non sanctas a la UTA, el gremio de los colectiveros, para que no acompañe y la debilite.

En la Casa Rosada predomina el nerviosismo. La imagen presidencial muestra un declive y no por acciones de la oposición sino por yerros, torpezas y desprolijidades propias del Presidente y su grupo íntimo de gobierno. El punto de inicio fue el discurso homofóbico que realizó en Davos, la criptoestafa de $LIBRA y luego siguieron la feroz represión a los jubilados del 12 de marzo, el acuerdo con el FMI, el falaz discurso por Malvinas, la aceptación sin chistar de la imposición por parte de Donald Trump de aranceles a los productos argentinos que ingresan a Estados Unidos y el retorno de la inflación. 

En ese contexto se inscribe el paro y movilización de la CGT que, vale recordarlo, se sacó la modorra dialoguista y desempolvó el plan de lucha. La decisión que tomó la central obrera es realizar un paro de 24 horas, pero desde la semana pasada le sumó 12 horas a esa jornada de protesta. Es la mitad del día miércoles cuando a partir del mediodía las columnas de los gremios que la integran comiencen a marchar hacia la zona del Congreso. Allí se congregarán junto a otras organizaciones y, sobre todo, con las que aglutinan a los adultos mayores para protestar por la destrucción de las jubilaciones y reclamar la restitución de los medicamentos gratuitos, entre otros ítems.

Los jubilados representan el único grupo que ha permanecido protestando contra el gobierno de Javier Milei, incluso a pesar de la represión contínua que les propina Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad. Los otros sectores, incluida la CGT, tuvieron altibajos en la pelea por garantizar derechos que el libertario de la Rosada arranca.

Ahora bien, la Casa Rosada es consciente de la magnitud que puede tener la protesta que se avecina. Todo indica que «aprovechó» el conflicto salarial que lleva adelante la UTA y por eso rápidamente la Secretaría de Trabajo decretó la conciliación obligatoria. Lo hizo con el almanaque en la mano. Los diez días hábiles donde el sindicato que lidera Roberto Fernández no puede protestar incluye el día del paro nacional de la CGT. 

El uso de la conciliación obligatoria como el argumento más fuerte para afirmar que la UTA no puede plegarse al paro de la CGT es por lo menos endeble. Alguno diría falaz. Lo que no puede hacer el gremio de colectiveros es realizar una protesta que esté relacionada con el conflicto que tiene con las cámaras patronales y el paro de la CGT no está incluido. 

La central obrera llama al paro en reclamo de paritarias libres y homologadas, aumento de emergencia a los jubilados y un proyecto de actualización del bono, contra la represión a la protesta social, en defensa de la industria nacional, por la obra pública, un plan nacional de empleo, más presupuesto para educación y salud, respeto por las libertades y derechos logrados por los diversos colectivos sociales y por más equilibro y justicia social. El conflicto de la UTA no está incluido.

En este contexto, el gobierno de Javier Milei aprieta a Roberto Fernández para que no adhiera a la medida. La amenaza incluye desde multas, quita de la personería gremial y, sobre todo, despidos a los trabajadores agremiados a UTA. Los abogados del sindicato ahora sostienen, para alegría de los oídos libertarios, que no solo no deben adherir a la medida de fuerza cegetista las regionales de AMBA sino de todo el país. Habrá que ver cómo responden las seccionales de UTA en las provincias e incluso en AMBA donde Fernández tiene una fuerte disputa interna. 

En tanto, en la CGT se espera una definición del sindicato de colectiveros. «Es probable que la UTA anuncie su posición recién el día anterior», afirma un conocedor de los pasillos de la central obrera. Ese día se conocerá cuál fue el resultado de la movilización del miércoles. De todas maneras, crece el malestar con este manejo por parte de Fernández. «En el reglamento de la CGT hay cosas que están previstas y no se cumplían, como la normalización de las regionales. Bueno, se comenzó a hacer y ya son 80 las regionales normalizadas. La expulsión de un gremio de la CGT también está previsto en esos reglamentos y, aunque nunca se hizo, siempre hay una primera vez», le confiaron a este diario.