SOCIEDAD
Un acto instituyente
La situación argentina demanda a gritos un acto instituyente. Entiendo por acto instituyente una composición de fuerzas que logre articular las protestas y el malestar general que circula desde abajo en lo social, con una fuerza política que logré traducir el disenso que va creciendo en una forma política. Debe ser instituyente, porque esa articulación, si llegara a ser posible, no puede proceder de lo instituido políticamente hasta ahora. No será suficiente con una alianza de las fuerzas políticas anteriores, y sus estructuras conocidas; el acto instituyente demanda lo nuevo.
Esa es precisamente su capacidad para organizar una nueva realidad. Después de la catástrofe ultraderechista, con su correlato de dolor y castigo para los sectores populares y una radical puesta en tela de juicio del orden democrático, ya no se trata de sostener la gobernabilidad de un proyecto que pretende funcionar como un estado de excepción. Por el contrario, se trata de generar las condiciones para que el país vuelva a ser gobernable.
Ninguna rebelión popular, si llegara a darse el caso, podría por si misma derrocar a un gobierno. Incluso si permanece en la revuelta puede dar lugar a una situación aún más peligrosa que la actual. Y a mucho dolor conocido. La barbarie carece de límites y jamás el exceso de dolor trajo aparejado cambio alguno.
Por ello, mientras se producen los descontentos en las calles, los dirigentes que no han renunciado a la transformación de lo político y lo social y que siguen siendo leales a los legados de amor e igualdad para el pueblo, deben deponer sus apegos narcisistas y potenciar sus alianzas en aras de un salto instituyente. Esto implica que esos dirigentes se sepan situar más allá de sus entornos inmediatos e ingresen a una lógica diferente con respecto a los nuevos pactos.
El plan de la ultraderecha ha sido intentar lo que Gramsci designaba con el término Revolución pasiva. Se trata de un tipo de revolución reaccionaria donde aquellos que tendrían que haber combatido en contra de ese plan se han incorporado a sus filas. Si bien hay signos de que esto se comienza a resquebrajar, ahora tiene que emerger un nuevo Consejo instituyente sin jerarquías establecidas a priori, que determine un nuevo rumbo y que pueda reorganizar institucionalmente el inevitable desorden que se seguirá produciendo.
Lógicamente ese Consejo debe estar constituido por dirigentes del ámbito político, social, sindical y cultural que hayan sido siempre responsables con la representación política y ética de sus bases.
A veces lo más grande crece en medio de las urgencias.
28 DE NOVIEMBRE
Juana Albarracín y Gabriel Torrengo denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio
En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.
La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas. La Tarifaria no se debería haber aprobado por los ediles oficialista ya que la nueva Ordenanza de tierras se encuentra aun en comisiones para su análisis y tratamiento, denuncio.
Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.
Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.
En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.
Puntos claves:
- Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
- Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
- Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
- Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
- Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.
“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.
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