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Martes 10 de Junio del 2025

SOCIEDAD

Tras el apoyo de Llaryora en Diputados, Milei destraba una obra clave para Córdoba

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El Gasoducto Néstor Kirchner fue reactivado por Enersa, con la soldadura de caños en el tramo La Carlota-Tío Pujio.

Javier Milei puso en marca la primera gran obra pública en Córdoba luego del apoyo de Martín Llaryora en Diputados, clave para la media sanción de la ley ómnibus.

El presidente empezó a habilitar obras públicas para congraciarse con los gobernadores que necesita para que el Senado apruebe la ley definitivamente. Ya le había prometido obras a Maxi Pullaro y le liberó mil millones de dólares para obras al mendocino Alfredo Cornejo.

Ahora fue el turno de Córdoba. Tras el impasse de un semestre, iniciado luego del triunfo de Milei en balotaje, la estratégica obra para la reversión del gasoducto del norte fue reactivada por Enersa, con la soldadura de caños en el tramo La Carlota-Tío Pujio.

Es la obra que tiene a su cargo BTU, la empresa de la familia Mundín, mientras que la reconversión de cuatro plantas compresoras la hará Esuco, la empresa emblema de los negocios de la obra pública bajo el comando de Carlos Warner, quien dejó el cargo en 2019, cuando lo reemplazó Ramiro Juez.

Sorpresivamente, BTU le ganó la licitación a dos gigantes, Techint-Sacde, de Paolo Rocca y Marcelo Mindlin, y a la estadounidense Pumpco, propietaria del Inter Miami, y se quedó con la construcción del gasoducto de Integración Federal Tío Pujio-La Carlota.

BTU cotizó los trabajos en $ 157.544 millones, un 7,5 por ciento debajo del presupuesto oficial y desplazó a los Rocca y Mindlin.

Se quedó así con la construcción de un ducto con caños de 36 pulgadas de diámetro, que vincula a los gasoductos Centro-Oeste con el Norte, y permitirá abastecer del gas de Vaca Muerta a Córdoba y provincias del norte del país, con la mira puesta en la explotación de litio.

Además, BTU deberá llevar adelante la construcción de dos ampliaciones (loops) al Gasoducto Norte, de 62 km de extensión, con cañerías de 30 pulgadas de diámetro, también en la provincia de Córdoba.

En paralelo a esta licitación, Esuco se quedó con los trabajos en cuatro plantas compresoras a las que se les va a cambiar el sentido -es decir revertir el sentido del flujo de gas-: están ubicadas en Ferreyra y Deán Funes en la provincia de Córdoba; Lavalle, en Santiago del Estero; y Lumbreras, en Salta, ubicadas sobre la traza del Gasoducto Norte operado por TGN.

Ambas empresas iniciaron hace varios años procesos de relaciones públicas para despegarse de las sospechas de corrupción y negociados con Julio de Vido y la estructura de negocios espurios en torno a la obra pública: Esuco limpió a Carlos Warner y Carlos Damián Mundín se hizo cargo de BTU, la empresa que condujo su padre.

Los históricos empresarios compartieron prisión en el marco de la llamada «causa de los cuadernos». BTU y Esuco son dos viejas conocidas compartieron la UTE para la obra del Gasoducto del Noreste Argentina, aunque en 2018 Javier Iguacel paralizó el contrato cuando estalló el escándalo.


Avisos

RIO TURBIO

ATE advierte por la transformación de YCRT: “Hace dos meses que esperamos una convocatoria”

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El secretario general de ATE Río Turbio, Matías Delgado, cuestionó la falta de diálogo del Gobierno nacional en el proceso de transformación de YCRT en Sociedad Anónima. Denunció falta de inversión, creciente incertidumbre y advirtió sobre el riesgo de despidos en la Cuenca Carbonífera.

El proceso de transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima sigue generando malestar e incertidumbre entre los trabajadores. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio mayoritario en el yacimiento, advirtieron que aún no fueron convocados a ninguna instancia de diálogo por parte del Gobierno nacional.

“Hace dos meses nos dijeron que nos iban a convocar y todavía no llamaron a ninguno de los gremios”, expresó Matías Delgado, secretario general de ATE Río Turbio, en declaraciones a LU12 AM680 Radio Río Gallegos. Según el dirigente, la preocupación se centra en la falta de información oficial y en el avance unilateral del Ejecutivo en una decisión que afecta directamente a los trabajadores.

YCRT y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) trabajan en los aspectos administrativos para convertir la empresa de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima. El interventor Pablo Gordillo explicó recientemente que ya se resolvieron los aspectos económicos y financieros, y resta definir los convenios laborales y la posible participación accionaria de los trabajadores.

Sin embargo, Delgado remarcó que “la incertidumbre crece” y criticó la falta de voluntad política para sentarse a negociar. En ese contexto, ATE presentó una acción judicial contra el decreto que impulsa la transformación de la minera, exigiendo que cualquier modificación se discuta en la Secretaría de Trabajo de la Nación y no con la ATEP. “Vamos a defender el Convenio Colectivo homologado en 1975”, afirmó.

La misma postura fue sostenida por Luz y Fuerza, otro gremio con representación en el yacimiento. Su secretario general, Luis Avendaño, también se mostró dispuesto a dialogar, pero aclaró que no lo harán con la ATEP.

Uno de los principales temores de los sindicatos es la pérdida de empleos. Delgado advirtió que ya se registraron cerca de 48.000 despidos estatales en todo el país y que una ola similar en la Cuenca Carbonífera sería “una catástrofe social”.

Mientras tanto, los trabajadores continúan en sus puestos, produciendo carbón a pesar de que la venta del mineral está paralizada. “La gente ha cumplido. Se sigue sacando carbón, pero no se está comercializando. Eso es responsabilidad de la intervención”, señaló Delgado.

La falta de inversión agrava el panorama: escasean los elementos de trabajo, la indumentaria y los equipos de protección, y las maquinarias presentan signos de obsolescencia. “Solo se reciben fondos para pagar sueldos, nada más”, denunció.

Con agosto como fecha límite para completar la transformación en Sociedad Anónima, el reloj corre y el diálogo sigue ausente. “Cada vez nos queda menos tiempo”, alertó el dirigente sindical, que insistió en la necesidad de que la política reabra los canales de comunicación.

Respecto del Programa de Propiedad Participada, que plantea la posibilidad de que los trabajadores accedan al 10% del paquete accionario, Delgado sostuvo que no rechazan la idea, pero reclaman ser parte del debate. “No nos oponemos a dialogar ni a construir consensos, pero no podemos opinar sobre algo que ni siquiera nos presentaron”, concluyó.


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