RIO TURBIO
Trabajadores del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio se reunieron con Diputados de Unión por la Patria

Convocada por la Diputada Nacional Ana María Ianni, la reunión sirvió para poner de relieve el trabajo que se lleva adelante en la denominada cuenca carbonífera, y desmentir los dichos surgidos desde el seno del Poder Ejecutivo.
En el marco de las reuniones que viene llevando a cabo el bloque de Diputados/as Nacionales de Unión por la Patria con los distintos sectores afectados por el DNU y el paquete de leyes propuesto por el Gobierno Nacional, esta tarde fue el turno de los trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, quienes se dieron cita en el tercer piso del Palacio Legislativo.
Los trabajadores, que estuvieron representados por dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), presentaron informes con respecto al funcionamiento de la mina de carbón cuyo principal objetivo hoy es la provisión de ese material para el funcionamiento de la usina que suministra energía al sistema interconectado, y que está en funcionamiento y desarrollo. También se mostraron preocupados ante la posibilidad del cierre de la empresa y la continuidad laboral de miles de familias de Río Turbio y de 28 de Noviembre, pueblos ligados directamente al funcionamiento de la mina carbonífera.

Cabe recordar que, recientemente, el vocero del Gobierno Nacional dijo en conferencia de prensa una serie de mentiras en relación a sus gastos y producción, mostrando un total desconocimiento a la hora de informar a la prensa, y sobre todo, cuando sostuvieron que la empresa no es productiva desde hace muchos años.
La Diputada Ianni, quien durante el gobierno de Mauricio Macri fue una de las principales defensoras de la empresa, sostuvo: “Es poco serio lo del Gobierno Nacional que, sin ponerse a investigar, intenta demonizar el trabajo de miles de trabajadores que a diario ponen sus vidas en riesgo para extraer el carbón. Debería estar pensando en cómo seguir invirtiendo para generar ganancias en vez de atemorizar a las familias con la amenaza del cierre de la empresa”.
Los diputados y diputadas del Bloque escucharon con mucha atención los reclamos de los trabajadores y se comprometieron a rechazar cualquier intento de privatización o cierre de YCRT.
Por su parte, los trabajadores, dieron a conocer el día de hoy que fueron dados de baja los cargos gerenciales que eran ocupados por santacruceños y designaron a personas desconocidas en la provincia, mientras que el interventor aún no se hizo presente en la cuenca. En tanto, anunciaron un plan de defensa de sus fuentes laborales, y de la soberanía energética, comprometiéndose a seguir haciendo los esfuerzos necesarios para la continuidad de la empresa y la producción de energía. Desde la cuenca, las históricas mujeres del carbón están acompañando el reclamo y organizando el plan de lucha y resistencia.
Participaron del encuentro las diputadas Ana María Ianni (Santa Cruz), Agustina Propato (Buenos Aires), Andrea Freites (Tierra del Fuego); el Secretario General de ATE Río Turbio, Matías Delgado; el Secretario Administrativo, Legal y Técnico de ATE Río Turbio, Carlos Arce; Darío Orellano y Luciano Fernández, de ATE Nacional; y César Garzón, Secretario de Relaciones Institucionales de la Regional Sur de CTA-A.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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