INFO. GENERAL
Todo listo para las 36 horas de protesta

El Gobierno presiona a la UTA, el gremio de los colectiveros, para que no adhiera a la medida con el argumento endeble de la conciliación obligatoria.
La semana que pasó resultó completamente negativa para el gobierno de Javier Milei, que incluyó un inútil (y costoso) viaje a Miami más una fuerte derrota en el Senado. La que comienza este lunes no se presenta muy diferente. En principio, porque es probable que en Diputados se apruebe la creación de una comisión investigadora sobre la criptoestafa $LIBRA. Luego, el miércoles y jueves se convertirán en dos jornadas intensas en cuanto a movilización, rechazo y repudio a su gestión. El 9 de abril desde el mediodía comenzarán a concentrarse la CGT junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas para acompañar la protesta que todos los miércoles realizan los jubilados y jubiladas (y que el gobierno puntualmente reprime). Se prevé una movilización imponente que prácticamente detendrá la actividad en buena parte del país. Y es que todas las regionales de la CGT replicarán esta marcha, que se transformará en el prólogo del paro general que se concretará a partir del primer minuto del jueves 10 de abril. El Gobierno sabe de la magnitud de esta medida y busca morigerarla de manera desesperada. Para eso presiona con maniobras non sanctas a la UTA, el gremio de los colectiveros, para que no acompañe y la debilite.
En la Casa Rosada predomina el nerviosismo. La imagen presidencial muestra un declive y no por acciones de la oposición sino por yerros, torpezas y desprolijidades propias del Presidente y su grupo íntimo de gobierno. El punto de inicio fue el discurso homofóbico que realizó en Davos, la criptoestafa de $LIBRA y luego siguieron la feroz represión a los jubilados del 12 de marzo, el acuerdo con el FMI, el falaz discurso por Malvinas, la aceptación sin chistar de la imposición por parte de Donald Trump de aranceles a los productos argentinos que ingresan a Estados Unidos y el retorno de la inflación.
En ese contexto se inscribe el paro y movilización de la CGT que, vale recordarlo, se sacó la modorra dialoguista y desempolvó el plan de lucha. La decisión que tomó la central obrera es realizar un paro de 24 horas, pero desde la semana pasada le sumó 12 horas a esa jornada de protesta. Es la mitad del día miércoles cuando a partir del mediodía las columnas de los gremios que la integran comiencen a marchar hacia la zona del Congreso. Allí se congregarán junto a otras organizaciones y, sobre todo, con las que aglutinan a los adultos mayores para protestar por la destrucción de las jubilaciones y reclamar la restitución de los medicamentos gratuitos, entre otros ítems.
Los jubilados representan el único grupo que ha permanecido protestando contra el gobierno de Javier Milei, incluso a pesar de la represión contínua que les propina Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad. Los otros sectores, incluida la CGT, tuvieron altibajos en la pelea por garantizar derechos que el libertario de la Rosada arranca.
Ahora bien, la Casa Rosada es consciente de la magnitud que puede tener la protesta que se avecina. Todo indica que «aprovechó» el conflicto salarial que lleva adelante la UTA y por eso rápidamente la Secretaría de Trabajo decretó la conciliación obligatoria. Lo hizo con el almanaque en la mano. Los diez días hábiles donde el sindicato que lidera Roberto Fernández no puede protestar incluye el día del paro nacional de la CGT.
El uso de la conciliación obligatoria como el argumento más fuerte para afirmar que la UTA no puede plegarse al paro de la CGT es por lo menos endeble. Alguno diría falaz. Lo que no puede hacer el gremio de colectiveros es realizar una protesta que esté relacionada con el conflicto que tiene con las cámaras patronales y el paro de la CGT no está incluido.
La central obrera llama al paro en reclamo de paritarias libres y homologadas, aumento de emergencia a los jubilados y un proyecto de actualización del bono, contra la represión a la protesta social, en defensa de la industria nacional, por la obra pública, un plan nacional de empleo, más presupuesto para educación y salud, respeto por las libertades y derechos logrados por los diversos colectivos sociales y por más equilibro y justicia social. El conflicto de la UTA no está incluido.
En este contexto, el gobierno de Javier Milei aprieta a Roberto Fernández para que no adhiera a la medida. La amenaza incluye desde multas, quita de la personería gremial y, sobre todo, despidos a los trabajadores agremiados a UTA. Los abogados del sindicato ahora sostienen, para alegría de los oídos libertarios, que no solo no deben adherir a la medida de fuerza cegetista las regionales de AMBA sino de todo el país. Habrá que ver cómo responden las seccionales de UTA en las provincias e incluso en AMBA donde Fernández tiene una fuerte disputa interna.
En tanto, en la CGT se espera una definición del sindicato de colectiveros. «Es probable que la UTA anuncie su posición recién el día anterior», afirma un conocedor de los pasillos de la central obrera. Ese día se conocerá cuál fue el resultado de la movilización del miércoles. De todas maneras, crece el malestar con este manejo por parte de Fernández. «En el reglamento de la CGT hay cosas que están previstas y no se cumplían, como la normalización de las regionales. Bueno, se comenzó a hacer y ya son 80 las regionales normalizadas. La expulsión de un gremio de la CGT también está previsto en esos reglamentos y, aunque nunca se hizo, siempre hay una primera vez», le confiaron a este diario.
INFO. GENERAL
Le piden al Dr Horacio Rosatti, Presidente del Consejo de la Magistratura, que investigue a una empleada de la diputada Roxana Reyes

La diputada nacional Roxana Reyes, Vocal ante el Consejo de la Magistratura, está en el foco de una denuncia contra su empleada Morena Agustina Guatti por quien le piden al Dr Horacio Rosatti, Presidente del CM de la Nación, instruya una investigación sumarial a ésta última, por la presunta comisión de los delitos de acceso indebido a un sistema informático de acceso restringido y violación de secretos, conforme los arts. 153 bis y 157 del Código Penal de la Nación, cuestión a determinar, según consta en la presentación que realizó el señor Nicolás Font, abogado y ex empleado de Reyes en el CMN, ante el presidente del Cuerpo.
El pedido de investigación se apoya en el artículo 19 inc. m) del Reglamento General del Consejo de la Magistratura que establece que el Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación es competente por razones de urgencia para ordenar auditorías por el Cuerpo de Auditores del Poder Judicial, en casos excepcionales o urgentes.
La denuncia
Nicolás Font se desempañó en la oficina de la Vocalía de la Magistratura Nacional (Paraná 385 Cap Fed)) de la diputada nacional Roxana Reyes desde junio del 2022 a enero del 2025 (Resoluciones N° 2558/2022, N° 117/2023 y N° 2240/24 de la Administración General del Poder Judicial de la Nación).

En la primera semana del mes de enero de este año, señala el relato al Dr Rosatti, cuando intentó ingresar al sistema (webmail PJN) desde su computadora personal, no pudo lograrlo. Le habían cambiado las contraseñas y negado el acceso.
El empleado lo puso en conocimiento de la diputada Reyes, quien le indicó que se dirigiera a Morena Guatti. El empleado del CM lo hizo, pero no logró una respuesta, ante lo cual decidió abrir el sistema con una nueva clave sin posibilidad de hacerlo; era obvio que alguien había decidido que Font estuviera excluido del acceso al mismo.
Luego de habérselo comunicado a la diputada Roxana Reyes, posteriormente dejó el cargo por Resol N° 606/25 de la Administración General del Poder Judicial de la Nación.
Font recalca en su denuncia que hay claros indicios que la agente Guatti, sin su consentimiento ni autorización, podría haber modificado las credenciales de acceso a su cuenta de webmail PJN, para impedirle el ingreso y utilizado ese acceso ilegítimo para ingresar a su legajo personal, obteniendo información de carácter privado y confidencial, incluyendo datos previsionales y fiscales. Reyes en conocimiento de esto, no adoptó ninguna actitud para aclarar ni modificar la situación, en lo que entiende el denunciante es su responsabilidad directa.
Refiriéndose a las acciones de Guatti señala “Dicho accionar vulnera mi derecho a la privacidad y constituye una grave infracción a la normativa vigente en materia de protección de datos personales y confidencialidad dentro del ámbito del Poder Judicial de la Nación”, plantea el denunciante y por tal motivo le pide al Presidente de CM que se realice un peritaje informático que permita identificar las direcciones IP desde las cuales se efectuaron los cambios en sus credenciales de acceso al sistema webmail PJN, así como también el usuario y equipo informático desde el cual se llevó a cabo dicho acceso.
También en la presentación requiere que se determinen las fechas, horarios y cualquier otra información técnica que permita establecer la trazabilidad de dichas modificaciones, a fin de identificar a los responsables.
Font alude allí que debido a la violencia moral y atropello que sufrió, no tuvo otra opción que renunciar, razones que le expuso a la Dra Roxana Reyes, quien no adoptó ninguna acción ni comportamiento acorde para llegar a la verdad.
En este sentido el denunciante pide se investigue si la agente Morena Guatti ha incumplido las obligaciones establecidas para los empleados del Poder Judicial de la Nación y pide una investigación sumarial sobre los presuntos delitos de acción pública y solicita que, eventualmente, se ordene la denuncia judicial correspondiente en los términos del art. 177, inciso 1° del Código Procesal Penal para que el organismo investigue si la agente Morena Agustina Guatti incurrió en varios delitos según el CPN como el de Acceso ilegal al sistema informático (Art 153 bis); y Violación de la Intimidad y Secreto Fiscal (Art. 157).
Cargos a la diputada Reyes
Nicolás Font, por fuera de la presentación realizada pidiendo una investigación sobre la agente Morena Guatti, señala a la diputada Roxana Reyes como alguien que no hizo lo suficiente para esclarecer lo hecho por su empleada, en un claro encubrimiento de sus acciones presuntamente ilícitas, nada menos que dentro del cuerpo del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Otros testimonios de personas que han pasado por ese lugar la señalan a la diputada como autoritaria, caprichosa y otros ex empleados suyos señalaron “si te cruzás con ella, perdiste. Saca y pone gente con gran facilidad, pero especialmente si se resisten a aportar la parte del sueldo que ella te exige cuando te hacen firmar el ingreso”, remarcando que en general contrata a personas de Santa Cruz para que cobren desarraigo y aumenten sus ingresos y el aporte sea mayor.

La empleada del CM Morena Guatti de acuerdo a la documentación consultada, fue dada de alta el 14 de julio del 2022 por Expte 16041/84 por pedido de Roxana Reyes como Consejera y el pedido fue para que la agente revistiera en relación de dependencia junto con Diego Fernando Gutiérrez, Bárbara Stefani Bahamonde, Xenia Aisha Nahir Castillo, Alejo Nahuel Maimo y Roberto Carlos Goicochea Machuca con categorías presupuestarias equivalentes a los cargos de Prosecretario Administrativo, Jefe de Despacho y Escribiente Auxiliar, respectivamente, para desempeñarse en la Vocalía a su cargo.
El Dr Horacio Rosatti, firmó la aprobación de todos los presentados por Reyes como así también muchas desafectaciones que ha realizado la diputada, en la mayoría de los casos por problemas de orden personal con cada uno de ellos, que merecerá una investigación posterior sobre los aspectos y los motivos que la llevan a cambiar (y/o reemplazar) a sus asistentes de manera casi permanente. (Agencia OPI Santa Cruz)
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