PROVINCIALES
Seguridad Ciudadana: cómo actuar ante la sospecha de hechos delictivos

Eloy Tuliz, subsecretario de Seguridad Ciudadana, brindó recomendaciones a tener en cuenta a la hora de presumir la existencia o sospecha de algún tipo de delito y cómo se sugiere actuar ante estas situaciones. Esto se da en el marco de la publicación en redes sociales por parte de la Junta Vecinal del Barrio Ayres Argentinos sobre un presunto intento de secuestro, tras la investigación de oficio se confirmó que no existió tal hecho.
A partir de la investigación realizada por personal de la Comisaría Séptima, se logró dar con el padre de los menores involucrados y se pudo conocer que en ningún momento hubo intento de rapto, sino que un vecino actuó de buena fe al intentar acercarlos al colegio y, ante la negativa de los jóvenes, siguió su curso.
“Lo que sucedió es que el jueves por la mañana un vecino ve un hecho, en el cual ve un auto que estaba parado y había unos chicos que estaban esperando el colectivo y se presumió que hubo intento de secuestro. A raíz de eso y de la publicación que luego se hizo, se inicia una causa de oficio, se pudo encontrar al padre de los menores que manifestó justamente que no había sucedido así, como suele suceder en los barrios más alejados, un vecino les preguntó a los chicos si querían que los acercara por el frío, los chicos le dijeron que no y la persona se fue”, explicó Tuliz.
Es por esto que, continuó, “nosotros llamamos a la responsabilidad a la hora de hablar de seguridad ciudadana, teniendo todos los canales a disposición del vecino y la vecina para que se puedan comunicar, no solamente con comisaría de jurisdicción, sino también las líneas de emergencia e incluso el mail de la subsecretaría que es min.seguridadciudadana.gmail.com, para que también se puedan comunicar con nosotros ante cualquier caso y que podamos canalizarlo por las vías correspondientes, sin tener que entorpecer ningún tipo de investigación”.
En este sentido, el subsecretario señaló que se llevan periódicamente reuniones con juntas vecinales, comerciantes y la comunidad, no sólo de Río Gallegos, sino de las diferentes localidades, para abordar estos temas.
“Ante cualquier hecho que vean sospechoso, pueden llamar al número de emergencia, en este caso el 101, donde pueden comentar justamente el hecho que sucedió o la situación sospechosa que vieron y se va a actuar en consecuencia de forma inmediata”, recordó Tuliz.
Resaltó, en otro tramo, “tener también la responsabilidad de que estamos manejando alguna información y hay que primero asegurarse de que sea la fidedigna, por eso siempre ir y recurrir a las fuentes oficiales” y señaló que “en este caso, nosotros nos encontramos con la situación de que no se había llamado a la línea de emergencia, tampoco se había realizado la denuncia, pero sí se inició, a partir del conocimiento del supuesto hecho, la causa de oficio”.
Por último, el subsecretario indicó que es muy importante que entre todos y todas “trabajemos en esa consonancia”.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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