SOCIEDAD
Se cae la causa iniciada por Bonadio contra Cristina por el uso de aviones presidenciales

Se trata de un expediente derivado de los cuadernos de Centeno. La Cámara de Casación indicó «quebrantamiento a una garantía básica que afecta al orden justo» por parte del difunto juez.
Por: Néstor Espósito@nestoresposito
Otra causa que se cae. La Cámara Federal de Casación Penal anuló todo el expediente iniciado por el difunto juez Claudio Bonadio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por el presunto uso de los aviones presidenciales para trasladar muebles y otros enseres a sus propiedades y hoteles en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El fallo –que es apelable ante la Corte Suprema, que suele aplicar un estricto criterio “restrictivo” para este tipo de expediente- sostiene que Bonadio nunca debió haber intervenido. Por su propia voluntad, se convirtió en parte y juez: primero hizo la denuncia contra Cristina Kirchner y después llevó a cabo la investigación sobre aquello que él mismo había denunciado.
Derivaciones de la causa Cuadernos
La causa se inició en 2018, como consecuencia de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Bonadio investigaba Cuadernos también mediante un mecanismo de conexidades forzadas que pusieron en tela de juicio su condición de “juez imparcial”. Mientras “investigaba” cuadernos se topó con testigos que le relataron que “durante las presidencias de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández se realizaban vuelos en avión con el único fin de llevar los diarios a los nombrados desde esta ciudad a las ciudades de El Calafate y Río Gallegos, como así también otros elementos que no se encontrarían relacionados con la función pública”.

Como juez, Bonadio tenía la obligación de promover una investigación. Ello lo convertía en “denunciante”; ergo, no podía investigar aquello que él mismo había denunciado. Por esa razón fue apartado del expediente, pero para entonces ya había hecho un enchastre que incluyó las ocho indagatorias para Cristina Kirchner en un aniversario del natalicio de su difunto marido. En efecto, la Causa Aviones fue una de aquellas ocho indagatorias en un mismo día, un episodio único en la historia del Poder Judicial argentino.
Los jueces Ángela Ledesma y Alejandro Slokar anularon todo. Desde la foja 1 hasta la última del expediente, en el que Cristina Kirchner estaba procesada. El voto de mayoría de la Casación indicó que se había violado una garantía constitucional básica: el derecho a ser juzgado por un juez independiente.
“Menester es destacar que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial constituye una garantía esencial del debido proceso legal”, sostuvo la sentencia. Pero más allá de esa declamación, el documento precisó que “la imparcialidad requiere que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia”.
Bonadio hizo lo que técnicamente se conoce como “fórum shopping”. Se trata de un mecanismo ilegal por el cual una de las partes que interviene en un proceso judicial “elige” al juez que va a intervenir en el expediente. En este caso, y más allá de la formalidad o no de un sorteo, Bonadio se eligió a sí mismo. Formuló la denuncia y se dedicó a investigar lo que él mismo había denunciado. ¿Qué otra cosa podía hacer que no fuera procesar a la imputada? Lo contrario habría significado reconocer que su denuncia era, cuanto menos, apresurada. Y, cuanto más, falsa.

Foto: Telam
“Es incontrovertible que el presente expediente lo inició el entonces magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 11 de la Capital Federal a partir de lo dispuesto por él mismo en el punto dispositivo XVIII del auto de mérito dictado el 19 de octubre de 2018”. Ese fallo fue uno de los que firmó Bonadio en el marco de la Causa Cuadernos y sus derivaciones.
“Habré de ordenar la extracción de testimonios de las partes de interés y remitirlos a la Cámara del Fuero a fin que desinsacule al Juzgado que deberá investigar la posible comisión del delito de malversación de caudales públicos”, dispuso el fallecido juez.
El VAR de Bonadio
La Cámara de Casación advirtió que “resulta a todas luces evidente que con toda la asertividad posible el juez denunciante prefijó la totalidad de los extremos que constituirían a posteriori las piezas inaugurales de la presente causa, individualizando la prueba relevante e incluso tipificando las conductas con la adecuación legal que ponderó de aplicación, la cual -no sin sorpresa- replicó ulteriormente en el dictado del auto de mérito”.
Porque Bonadio, claro está, terminó procesando a Cristina Kirchner.
“La actuación del magistrado denunciante como juez del caso, ha transgredido la garantía de imparcialidad del juzgador”, resumió la Casación.

Si bien el mecanismo es diferente, la anomalía en la forma de quedarse con un expediente tiene una matriz similar con el mecanismo de la Causa Cuadernos. Cuando los jueces tienen interés en quedarse con un expediente o intervenir en él ven conexidades donde no las hay; por el contrario, cuando algo no es de su interés, rechazan las conexidades aun cuando sean evidentes.
Para quedarse con Cuadernos, Bonadio encontró una conexidad que es como esos penales de VAR que sólo los referís cuyas madres tienen las orejas ardiendo observan. Para mantener separadas las causas por el intento de magnicidio y Revolución Federal, Comodoro Py sufrió una abrupta pero persistente ceguera.
La Causa Aviones, en resumen, fue declarada nula porque “el incumplimiento de apartarse por parte del juez denunciante –luego ocurrido por vía de recusación– vio comprometer irremediablemente el deber de imparcialidad, condición indispensable para asegurar un proceso debido. (…) En virtud del quebrantamiento a una garantía básica que afecta al orden justo debe fulminarse con la sanción de nulidad todo lo actuado por el juez denunciante y a la vez instructor en la causa”.
RIO TURBIO
ATE advierte por la transformación de YCRT: “Hace dos meses que esperamos una convocatoria”

El secretario general de ATE Río Turbio, Matías Delgado, cuestionó la falta de diálogo del Gobierno nacional en el proceso de transformación de YCRT en Sociedad Anónima. Denunció falta de inversión, creciente incertidumbre y advirtió sobre el riesgo de despidos en la Cuenca Carbonífera.
El proceso de transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima sigue generando malestar e incertidumbre entre los trabajadores. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio mayoritario en el yacimiento, advirtieron que aún no fueron convocados a ninguna instancia de diálogo por parte del Gobierno nacional.
“Hace dos meses nos dijeron que nos iban a convocar y todavía no llamaron a ninguno de los gremios”, expresó Matías Delgado, secretario general de ATE Río Turbio, en declaraciones a LU12 AM680 Radio Río Gallegos. Según el dirigente, la preocupación se centra en la falta de información oficial y en el avance unilateral del Ejecutivo en una decisión que afecta directamente a los trabajadores.
YCRT y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) trabajan en los aspectos administrativos para convertir la empresa de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima. El interventor Pablo Gordillo explicó recientemente que ya se resolvieron los aspectos económicos y financieros, y resta definir los convenios laborales y la posible participación accionaria de los trabajadores.
Sin embargo, Delgado remarcó que “la incertidumbre crece” y criticó la falta de voluntad política para sentarse a negociar. En ese contexto, ATE presentó una acción judicial contra el decreto que impulsa la transformación de la minera, exigiendo que cualquier modificación se discuta en la Secretaría de Trabajo de la Nación y no con la ATEP. “Vamos a defender el Convenio Colectivo homologado en 1975”, afirmó.
La misma postura fue sostenida por Luz y Fuerza, otro gremio con representación en el yacimiento. Su secretario general, Luis Avendaño, también se mostró dispuesto a dialogar, pero aclaró que no lo harán con la ATEP.
Uno de los principales temores de los sindicatos es la pérdida de empleos. Delgado advirtió que ya se registraron cerca de 48.000 despidos estatales en todo el país y que una ola similar en la Cuenca Carbonífera sería “una catástrofe social”.
Mientras tanto, los trabajadores continúan en sus puestos, produciendo carbón a pesar de que la venta del mineral está paralizada. “La gente ha cumplido. Se sigue sacando carbón, pero no se está comercializando. Eso es responsabilidad de la intervención”, señaló Delgado.
La falta de inversión agrava el panorama: escasean los elementos de trabajo, la indumentaria y los equipos de protección, y las maquinarias presentan signos de obsolescencia. “Solo se reciben fondos para pagar sueldos, nada más”, denunció.
Con agosto como fecha límite para completar la transformación en Sociedad Anónima, el reloj corre y el diálogo sigue ausente. “Cada vez nos queda menos tiempo”, alertó el dirigente sindical, que insistió en la necesidad de que la política reabra los canales de comunicación.
Respecto del Programa de Propiedad Participada, que plantea la posibilidad de que los trabajadores accedan al 10% del paquete accionario, Delgado sostuvo que no rechazan la idea, pero reclaman ser parte del debate. “No nos oponemos a dialogar ni a construir consensos, pero no podemos opinar sobre algo que ni siquiera nos presentaron”, concluyó.
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