SOCIEDAD
Raúl Zaffaroni: «La Corte coacciona al Presidente para que cometa el delito de malversación»


“Hay un caos jurídico, ausencia de derecho», sostiene el exjuez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni. “Sucede que la Corte le ordena al Presidente que tome dinero y le pague a CABA. Pero como hay una ley de presupuesto votada, si el Presidente utiliza el dinero para algo no previsto en la ley, incurre en el delito de malversación de fondos. O sea, la Corte coacciona al presidente a cometer un delito. Por lo tanto, en todo caso, tiene que mandar una ley de modificación del presupuesto, algo que se demora, por supuesto», afirma.
«Mientras tanto se presenta el pedido de revocatoria ante la propia Corte. En términos jurídicos si hay un recurso, no hay incumplimiento. Esto es lo inmediato, pero es es la culminación de un proceso complejo que se viene dando desde hace mucho tiempo. Es como si estuviésemos en un planeta pequeño que no tiene ley de gravedad, no podemos saber si algo es más pesado o liviano, así como no podemos saber si algo es lícito o ilícito”.
“El caos es tan grande -le dijo Zaffaroni a Radio 10-, que no hay ante quien reclamar nada, quienes debían custodiar la eficacia de normas constitucionales, las violan. El derecho no son solo leyes vigentes porque la sancionaron autoridades competentes, sino que requiere un mínimo de eficacia. Esa eficacia se perdió. Estamos ante un vacío jurídico que lo generó la propia Corte Suprema.”
Haciendo referencia a lo decidido por el máximo tribunal respecto de los senadores y el Consejo de la Magistratura o el viaje a Lago Escondido de un grupo de magistrados, Zaffaroni agregó: “No se entiende por qué la Corte se entromete en la forma en la que se configuran los bloques del Senado nacional o permanece indiferente cuando se ve a jueces que reciben un viaje pago por un magnate y programan como lo disimulan en una descarada conversación por chat.”
El exjuez de la Corte también reflexionó que “no se sabe por qué la Corte Suprema decide cuestiones sanitarias y epidemiológicas sin pedir opinión de peritos (fallo sobre las medidas del gobierno nacional en relación a la covid) o que no le interesa abrir una instancia cuando por instrumento público probamos que el principal testigo fue pagado con un hotel (caso Ciccone) o permite que uno de sus propios jueces no se excuse en causas que son parte sus ex clientes (en referencia a Carlos Rosenkranz). Todo esto es porque se le da la gana.”
“Hay una cuestión institucional importantísima como es la coparticipación federal. La corte emite una medida cautelar, algo que sucede en un juicio civil o comercial cuando se embarga a alguien que se supone que se puede insolventar o cuando se mete en prisión preventiva a un tipo que puede fugarse. Ahora, ¿la Corte considera que el Estado es un posible insolvente o que se puede profugar? No lo hace por eso, sino que hay otra cosa, prefieren no decidir la causa de fondo”, añadió.
“En lugar de sentenciar en una cuestión institucional, la Corte decide proceder como si fuese un juicio mercantil y provisoriamente le da la mitad a cada uno, sabiendo que miente. La Corte no tiene plazos para resolver y en ese reparto mercantilista hará que eso dure hasta que se le ocurra agregar una sentencia definitiva”, apuntó.
Zaffaroni tamibén dijo que “mientras se interponen recursos no hay incumplimiento, lo que va a pasar es que no le van hacer caso. Entonces el Ejecutivo debería violar la ley de presupuesto, incurriría en un delito de malversación que está tipificado en el artículo 260, sino me equivoco, del Código Penal. El Ejecutivo no puede destinar partidas a otra cosa, se puede reacomodar pero no hacer lo que quiere.”
“No me imagino la situación en la que me encontraría si tengo que defender a un Presidente de la República frente a un tribunal penal y tengo que alegar que es inocente porque actuó coaccionado por la Corte Suprema y por eso cometió el delito de malversación. Yo mandaría la cuestión al Congreso de la Nación”, dijo.
“Si el Congreso dice que no, el Ejecutivo no puede cometer una malversación porque si no pueden procesar al presidente Alberto Fernández. Si es de imposible cumplimiento porque no se me proveen el instrumento, prefiero no cumplirlo y no convertirme en un malversador”, explicó Zaffaroni
“Nos queda un vacío del derecho, no hay autoridad a quien reclamarle la eficacia de las normas de la constitución y algún día el pueblo se va a dar cuenta de esto. Esto es el caos jurídico y la teoría del caos dice que este se organiza. Hay formas de caos que tienen un centro y en este caso es el pueblo soberano, la política democráticamente entendida es el pueblo. El derecho no puede llenar un vacío de derecho, lo jurídico no puede llenar lo ajurídico. El pueblo es el que va a devolver el derecho, los juristas no tenemos soluciones porque provocaron una situación de ausencia de juridicidad”, añadió.
PROVINCIALES
Brizuela: “La provincia transfirió en cinco meses a Río Gallegos, por coparticipación, más de 26 mil millones de pesos»

El ministro de Gobierno de Santa Cruz, Nicolás Brizuela, detalló que, durante los primeros cinco meses del año, la capital provincial recibió $26.356 millones en concepto de coparticipación, sin que hasta la fecha se haya presentado una rendición formal sobre el uso de esos recursos.
“Estamos hablando de más de 26 mil millones de pesos en lo que va del año, un promedio de 5.250 mil millones mensuales. Preocupa que el intendente Grasso siempre esté criticando a la provincia por los recursos y las inversiones, cuando nosotros tenemos publicada la información, en boletines oficiales donde entre otras cosas podés encontrar licitaciones o, sin más ni menos, en la página Web de la provincia se puede acceder a muchísima información, como todo lo que se coparticipa a los municipios, recaudación de ASIP (Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos). Sin embargo, el municipio no presenta informes de ejecución presupuestaria, no implementa un boletín oficial, etc. No puede ser que una capital provincial tenga un sistema de acceso de información como si fuera una estancia y Grasso su patrón», subrayó Brizuela.
El funcionario también advirtió que el municipio no publica ejecutados presupuestarios, lo que impide conocer el destino real de los fondos. “No hay un solo informe disponible para los vecinos”, explicó.
Brizuela también señaló la inacción histórica del Tribunal de Cuentas provincial, que no ha auditado de forma efectiva las cuentas del municipio. “Durante años, el organismo de control se mantuvo al margen. No puede ser que un municipio de este tamaño, que administra recursos millonarios no tenga controles reales”, remarcó.
Finalmente, el ministro llamó a fortalecer los mecanismos de transparencia y control, en todos los niveles de gobierno. “Lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía. Es tiempo de poner fin a las zonas grises en el manejo de los fondos públicos».
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