Por Irina Hauser

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, aprovechó el martes su exposición en el foro de negocios organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) para meterse en la política económica y cuestionar lo que llamó «la expansión incontrolada de la emisión monetaria». Para que no pareciera un mero comentario antigobierno sino una advertencia jurídica, dijo que el el artículo 75 de la Constitución «manda a defender el valor de la moneda». Salvando algunas distancias, en el mundo judicial y político hubo quienes recordaron al exsupremo ya fallecido Julio Nazareno –ícono de la mayoría automática menemista– cuando extorsionaba, habano en mano, al recién llegado al gobierno Néstor Kirchner y amenazaba con emitir un fallo para dolarizar los depósitos del corralito. Fue un momento cumbre de degradación institucional y de la relación entre los poderes. Horas después del discurso de Rosatti, que ya le daba una comidilla a los portales de noticias, salió la medida cautelar que copó la escena, ya que suspendía las elecciones en Tucumán y San Juan,donde aparecían favoritas las fórmulas peronistas. La decisión cinco días antes de la votación, sobre planteos que llevaban entre uno y cinco meses en el tribunal, y respecto de los cuales no resolvió la cuestión de fondo, le dio más volumen al escándalo. 

Tapen a Marchi

La cautelar de una mayoría de los supremos que admitió planteos de Juntos por el Cambio y de un sector alineado con Javier Milei contra las candidaturas de Sergio Uñac a gobernador de San Juan y de Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán, logró opacar lo que ocurría en ese momento en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde declaraba por segunda vez el exsecretario de administración de la Corte Daniel Marchi, expulsado después de entregar los informes sobre el escándalo de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN). 

El contador, aliado del juez Ricardo Lorenzetti, introdujo algunas denuncias novedosas: dijo que Rosatti lo había amenazado personalmente y le reclamó que destruyera el legajo de Mariano Althabe, director actual en la OSPJN, para ocultar que él había promovido su nombramiento; dijo que en la actual gestión se perdieron 2700 millones de pesos de la institución de salud; y le atribuyó al presidente supremo la negociación del cierre de una causa por supuesto enriquecimiento ilícito en su contra a cambio de contratos para la Cámara de Casación Penal Federal, que debía fallar. 

Junto con la suspensión de las elecciones, el trío integrado por Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, rechazó un pedido de licencia de Marchi por 180 días y un requerimiento del juez/consejero Alberto Lugones para llevarlo al Consejo de la Magistratura como asesor. La Corte lo mandó a la Cámara de la Seguridad Social. 

El exadministrador presentó este miércoles al propio tribunal un recurso para que reconsidere su resolución e insistió en que se lo está sancionado por sus informes sobre la OSPJN. Les señaló a los cortesanos que la Cámara donde lo quieren mandar consintió su pedido de ir a otro organismo. El próximo paso del contador será ir este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su desplazamiento y por la demora de la Corte en tratar su demanda contra Elisa Carrió por haberle atribuido un delito por el que fue absuelto. 

Las manos que mueven la Corte

Sería ingenuo pensar que lo único que busca la Corte con la suspensión de los comicios es dar batalla al juicio político. El tribunal se metió de cabeza con el proceso electoral en el que incluso busca tener injerencia y mostró un alineamiento –que no es nuevo pero quedó muy en evidencia– con el PRO. La precandidata Patricia Bullrich lo hizo palpable: «Les frenamos las re-reelecciones a Uñac y Manzur», dijo. 

La frase pareció exceder el mero hecho de que Juntos por el Cambio fuera el promotor de las acciones judiciales. Pero como es habitual, la política (en especial la derecha) y parte del Poder Judicial, nunca están disociados de la cuestión mediática. No parece casual la concatenación de hechos: el lunes el diario La Nación publicó un editorial que titulaba «Los repulgues de Manzur para eternizarse en el poder» y que recordaba que la  discusión sobre su nueva candidatura estaba en el máximo tribunal y le indicaba qué debía resolver: «Es de esperar que (la Corte) ratifique su jurisprudencia que impide la perpetuación en el poder de quienes ya se han desempeñado en cargos electivos por el tiempo máximo que fija la ley». 

La posición de Lorenzetti

Hasta fines de la semana pasada, Uñac y Manzur estaban convencidos de que la Corte no resolvería nada y aplicaría lo que el fallecido supremo Carlos Fayt bautizó como «cronoterapia». A lo sumo, que mandarían los amparos a los tribunales provinciales. Lo creían porque era lo que les informaban desde adentro del tribunal. Cuando días atrás el expediente circuló entre los supremos, Lorenzetti había puesto una anotación que suelen utilizar: «lo veo al final». Después Rosatti puso lo mismo. 

Lorenzetti se inclinaba por interpretar que las constituciones de San Juan y Tucumán tienen aspectos que deben interpretar los tribunales de esas provincias. Pero se fue de viaje, como mostraron sus fotos y videos en El Vaticano, y el trío aprovechó la situación para firmar las cautelares. Con un detalle, como explicó Página/12, que fue que Rosenkrantz cambió rotundamente su postura respecto de lo que había dicho en el fallo de 2019 donde una mayoría invalidó la candidatura de Alberto Weretilneck en Río Negro. 

Ahí había dicho que el asunto ya había sido resuelto en la provincia, que no se violaba el principio republicano de gobierno y que los denunciantes (Martín Soria) no demostraban la intención del postulante de perpetuarse en el poder. Ahora que las demandas no son del peronismo cambió de idea y garantizó un voto sin el cual la cautelar no podía salir. 

Rosatti, te estamos llamando

El mismo martes de la resolución, por la noche, el conductor de La Nación + Eduardo Feinmann lanzó al aire un dato revelador cuando Jonatan Viale le decía que los supremos habían tardado demasiado en resolver: «Lo que se comenta, y dentro de la Corte también, es que el ministro Rosatti lo tenía pisado el tema y habría recibido un par de llamadas de vaya a saber quiénes, diciéndole ‘che, es ahora'». A ese relato se sumaron versiones que hablaban del llamado de una mujer de la política.

Lo que es claro es que la primera presentación contra la candidatura de Manzur fue realizada por el partido distrital y provincial CREO el 1 de diciembre del año pasado y que la procuradora Laura Monti ya dijo el 16 de diciembre que «el proceso resulta ajeno al conocimiento del tribunal». Otra impugnación contra el tucumano fue la de Germán Alfaro, candidato a vicegobernador de JxC y líder del Partido por la Justicia Social que llegó a la Corte el 20 de abril y pedía explícitamente algo que los supremos esperaban: la suspensión de las elecciones. La Procuración volvió a decir que no era competencia de la Corte el 25 del mismo mes. Ya lo había postulado también el 13 de abril ante el planteo de Evolución Liberal contra Uñac, que había llegado tres días antes.

Los tiempos políticos de la Corte 

Como es obvio, hace rato que la Corte estaba en condiciones de resolver. Y podía haberlo hecho sobre el fondo, como hizo en su momento en el caso de Río Negro. Pero eligió, cómo advirtieron varios juristas, hacer un uso político de su función judicial. 

Los trascendidos del cuarto piso del Palacio de Justicia dicen que la Corte tomará su decisión final antes de fin de mes. En la medida cautelar citan fundamentos de otros casos (Río Negro y Santiago del Estero), donde hablaban de desalentar la «perpetuación en el poder» e invocaban “la vigencia del sistema republicano consagrado en los artículos 1° y 5° de la Constitución Nacional presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de las autoridades». 

La cuestión es que en medio del proceso electoral esta decisión podría alentar la presentación los amparos en otros lugares y complicar aún más la crisis institucional.