El asesinato del chofer en La Matanza reflotó el reclamo por las cámaras de seguridad a bordo de las unidades. Un decreto de hace cinco años daba un plazo de 180 días para instalarlas, pero las empresas se excusaron diciendo que utilizaron los fondos para sueldos, neumáticos, gasoil y respuestos y argumentaron que la seguridad pública no está dentro de sus competencias.

Por Melisa Molina

El asesinato del colectivero Daniel Barrientos –y la posterior golpiza al ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni– pusieron en el centro de la escena el debate en torno a la seguridad pero también desnudó la desidia de empresarios del transporte que no instalaron las cámaras de seguridad en los colectivos tal como lo prevé una ley y un decreto provincial. Ese decreto que firmó en 2018 el gobierno anterior, obliga a las empresas del transporte colectivo de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal a contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo. A cinco años de esa normativa, son pocas las empresas que cumplen. Desde 2021, el gobierno de Axel Kicillof incorporó un sistema especial y dos centros de monitoreo para controlar lo que sucede en los colectivos, pero sobre todo, otorga subsidios para que cumplan con la norma y que representan unos 2.500 millones de pesos. «Estamos intimando a las empresas para que cumplan porque solo se instalaron 2000 cámaras. Aquellas que no lo hicieron van a ser sancionadas», advirtió Kicillof.

«Seguimos poniendo 160 millones de pesos mensuales para que haya cámaras y existe un incumplimiento por parte de las empresas del sector», dijo el ministro bonaerense de Transporte, Jorge D’ Onofrio y aseguró que «evidentemente, el Estado está sólo para poner y los empresarios para abrir los brazos y recibir».

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Los hechos

En 2017 se aprobó la ley provincial 14.897 que establece medidas de seguridad para colectivos provinciales y municipales. Esa ley dice que es una obligación de las empresas que los colectivos tengan cámaras. Recién en 2018, y tras una muerte violenta de un colectivero, la norma fue reglamentada por un decreto firmado por la exgobernadora, María Eugenia Vidal. Desde ese momento las empresas deberían hacerse cargo de todos los gastos para la incorporación y funcionamiento de las cámaras y el gobierno de monitorear. Cuando JxC dejó la gestión, sin embargo, la tarea no estaba terminada. Kicillof continuó. El ministerio de Seguridad terminó de poner en marcha los centros de monitoreo –que funcionan en La Plata y en Mar del Plata– y el ministerio de Seguridad contrató una plataforma para llevar adelante la tarea.

La cartera de Seguridad provincial pagó el servicio a 1200 colectivos que funcionaron como prueba de la plataforma, instaló cámaras y durante dos años pagó los abonos y el servicio de mantenimiento. No se hicieron cargo del 100 por ciento porque, según la ley, era responsabilidad de las empresas. En junio de 2021, como las empresas no cumplían con la norma, el gobierno de Kicillof decretó un subsidio y las empresas empezaron a cobrar un ítem específico para pagar las cámaras y su funcionamiento. Desde noviembre de 2021 el ministerio de Seguridad dejó de hacerse cargo de las 1200 unidades y pasó a manos de las empresas que ya tenían el subsidio para pagarlo.

En total, en provincia de Buenos Aires, son aproximadamente entre 10 mil y 12 mil los colectivos que circulan, pero el monitoreo actual es sobre dos mil. El funcionamiento de la plataforma es el siguiente: los colectivos cuentan con cámaras que filman las 24 horas y con un botón de pánico que tiene cada conductor. Cuando hay una situación peligrosa se activa el botón, que dispara una alarma al 911 y da aviso a la policía. Actualmente en los centros de monitoreo, según cuentan desde Seguridad, están recibiendo, en promedio, una alarma por día.

El incumplimiento de las empresas

El problema surge porque las empresas nunca usaron el subsidio que les da la provincia de Buenos Aires para instalar las cámaras. El 4 de enero de este año el ministerio de Transporte intimó a las empresas para que incorporen equipos de monitoreo. La respuesta llegó el 14 marzo donde, según el documento entregado al ministro de Transporte, argumentaron que la seguridad pública «no está dentro de sus competencias», aunque reconocieron haber recibido fondos por parte del gobierno para la instalación de cámaras.

Según dijo Berni, “el gobernador Kicillof ya entregó 2.500 millones de pesos a través de subsidios para seguridad que eran para colocar las cámaras. La plata estuvo, las cámaras… algunas se pusieron, pero no tienen los chips para transmitir en manera directa”. Se trató de $986.644.204 previstos para vehículos municipales y $1.472.750.004 para vehículos provinciales. Las compañías agregaron en su descargo que «el dinero que las empresas reciben en este y otros conceptos no pueden ser destinados enteramente a la instalación de cámaras de seguridad por cuanto son orientados al cumplimiento de las obligaciones salariales y fiscales; de gastos operativos como gasoil, neumáticos y repuestos; y a la exigua renovación de material rodante».

La respuesta de la gobernación

Desde la gobernación expresaron en diálogo con este diario que «todos los colectivos tendrían que tener este sistema pero, por más que reciben el subsidio, no lo usan para eso. Si la respuesta es que lo usan para otra cosa, está mal porque hay una ley que tienen que cumplir». Luego agregaron que «tampoco es válido que digan que no se quieren hacer cargo de la seguridad porque es el Estado, a través de subsidios específicos, el que está pagando para que instalen las cámaras y se puedan hacer los controles». Por último, agregaron que «si quieren o necesitan plata para otra cosa que la pidan, pero es obligación de ellos cumplir con la ley y usar el subsidio para lo que figura que tiene que ser utilizado». «Si la plata es para bananas no podés comprar peras, tienen que decir por qué hicieron eso», dijo D´Onofrio. Se puede tratar, incluso, de una malversación de fondos, opinan cerca del ministro.

Según acordaron en una reunión que tuvieron el lunes el gobernador Kicillof; los ministros provinciales de Seguridad y Transporte y el titular de la Unión Tranviarios Automotor, Roberto Fernández, el compromiso es formalizar una comisión de seguimiento para poner en marcha la gran mayoría de cámaras instaladas. A la par, se buscará hacer efectiva la intimación a las empresas –cursada el 4 de enero– para que se coloquen los dispositivos que faltan.

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