SOCIEDAD
¿Por qué no hay cámaras de seguridad en los colectivos?

El asesinato del chofer en La Matanza reflotó el reclamo por las cámaras de seguridad a bordo de las unidades. Un decreto de hace cinco años daba un plazo de 180 días para instalarlas, pero las empresas se excusaron diciendo que utilizaron los fondos para sueldos, neumáticos, gasoil y respuestos y argumentaron que la seguridad pública no está dentro de sus competencias.

El asesinato del colectivero Daniel Barrientos –y la posterior golpiza al ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni– pusieron en el centro de la escena el debate en torno a la seguridad pero también desnudó la desidia de empresarios del transporte que no instalaron las cámaras de seguridad en los colectivos tal como lo prevé una ley y un decreto provincial. Ese decreto que firmó en 2018 el gobierno anterior, obliga a las empresas del transporte colectivo de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal a contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo. A cinco años de esa normativa, son pocas las empresas que cumplen. Desde 2021, el gobierno de Axel Kicillof incorporó un sistema especial y dos centros de monitoreo para controlar lo que sucede en los colectivos, pero sobre todo, otorga subsidios para que cumplan con la norma y que representan unos 2.500 millones de pesos. «Estamos intimando a las empresas para que cumplan porque solo se instalaron 2000 cámaras. Aquellas que no lo hicieron van a ser sancionadas», advirtió Kicillof.
«Seguimos poniendo 160 millones de pesos mensuales para que haya cámaras y existe un incumplimiento por parte de las empresas del sector», dijo el ministro bonaerense de Transporte, Jorge D’ Onofrio y aseguró que «evidentemente, el Estado está sólo para poner y los empresarios para abrir los brazos y recibir».
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Los hechos
En 2017 se aprobó la ley provincial 14.897 que establece medidas de seguridad para colectivos provinciales y municipales. Esa ley dice que es una obligación de las empresas que los colectivos tengan cámaras. Recién en 2018, y tras una muerte violenta de un colectivero, la norma fue reglamentada por un decreto firmado por la exgobernadora, María Eugenia Vidal. Desde ese momento las empresas deberían hacerse cargo de todos los gastos para la incorporación y funcionamiento de las cámaras y el gobierno de monitorear. Cuando JxC dejó la gestión, sin embargo, la tarea no estaba terminada. Kicillof continuó. El ministerio de Seguridad terminó de poner en marcha los centros de monitoreo –que funcionan en La Plata y en Mar del Plata– y el ministerio de Seguridad contrató una plataforma para llevar adelante la tarea.
La cartera de Seguridad provincial pagó el servicio a 1200 colectivos que funcionaron como prueba de la plataforma, instaló cámaras y durante dos años pagó los abonos y el servicio de mantenimiento. No se hicieron cargo del 100 por ciento porque, según la ley, era responsabilidad de las empresas. En junio de 2021, como las empresas no cumplían con la norma, el gobierno de Kicillof decretó un subsidio y las empresas empezaron a cobrar un ítem específico para pagar las cámaras y su funcionamiento. Desde noviembre de 2021 el ministerio de Seguridad dejó de hacerse cargo de las 1200 unidades y pasó a manos de las empresas que ya tenían el subsidio para pagarlo.
En total, en provincia de Buenos Aires, son aproximadamente entre 10 mil y 12 mil los colectivos que circulan, pero el monitoreo actual es sobre dos mil. El funcionamiento de la plataforma es el siguiente: los colectivos cuentan con cámaras que filman las 24 horas y con un botón de pánico que tiene cada conductor. Cuando hay una situación peligrosa se activa el botón, que dispara una alarma al 911 y da aviso a la policía. Actualmente en los centros de monitoreo, según cuentan desde Seguridad, están recibiendo, en promedio, una alarma por día.
El incumplimiento de las empresas
El problema surge porque las empresas nunca usaron el subsidio que les da la provincia de Buenos Aires para instalar las cámaras. El 4 de enero de este año el ministerio de Transporte intimó a las empresas para que incorporen equipos de monitoreo. La respuesta llegó el 14 marzo donde, según el documento entregado al ministro de Transporte, argumentaron que la seguridad pública «no está dentro de sus competencias», aunque reconocieron haber recibido fondos por parte del gobierno para la instalación de cámaras.
Según dijo Berni, “el gobernador Kicillof ya entregó 2.500 millones de pesos a través de subsidios para seguridad que eran para colocar las cámaras. La plata estuvo, las cámaras… algunas se pusieron, pero no tienen los chips para transmitir en manera directa”. Se trató de $986.644.204 previstos para vehículos municipales y $1.472.750.004 para vehículos provinciales. Las compañías agregaron en su descargo que «el dinero que las empresas reciben en este y otros conceptos no pueden ser destinados enteramente a la instalación de cámaras de seguridad por cuanto son orientados al cumplimiento de las obligaciones salariales y fiscales; de gastos operativos como gasoil, neumáticos y repuestos; y a la exigua renovación de material rodante».

La respuesta de la gobernación
Desde la gobernación expresaron en diálogo con este diario que «todos los colectivos tendrían que tener este sistema pero, por más que reciben el subsidio, no lo usan para eso. Si la respuesta es que lo usan para otra cosa, está mal porque hay una ley que tienen que cumplir». Luego agregaron que «tampoco es válido que digan que no se quieren hacer cargo de la seguridad porque es el Estado, a través de subsidios específicos, el que está pagando para que instalen las cámaras y se puedan hacer los controles». Por último, agregaron que «si quieren o necesitan plata para otra cosa que la pidan, pero es obligación de ellos cumplir con la ley y usar el subsidio para lo que figura que tiene que ser utilizado». «Si la plata es para bananas no podés comprar peras, tienen que decir por qué hicieron eso», dijo D´Onofrio. Se puede tratar, incluso, de una malversación de fondos, opinan cerca del ministro.
Según acordaron en una reunión que tuvieron el lunes el gobernador Kicillof; los ministros provinciales de Seguridad y Transporte y el titular de la Unión Tranviarios Automotor, Roberto Fernández, el compromiso es formalizar una comisión de seguimiento para poner en marcha la gran mayoría de cámaras instaladas. A la par, se buscará hacer efectiva la intimación a las empresas –cursada el 4 de enero– para que se coloquen los dispositivos que faltan.
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RIO TURBIO
Menna: “unidad para frenar el ajuste”

La decisión de la Corte Suprema, que confirmó la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la dos veces Presidenta, encendió protestas en todo el país. En la Cuenca Carbonífera, militantes, sindicatos y organizaciones sociales recorrieron la ciudad y concluyeron con un acto frente al monumento a Néstor Kirchner en Julia Dufour.
La jornada del 10 de junio de 2025 marcó un punto de inflexión: la Corte Suprema dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, ratificando la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua que había dictado el Tribunal Oral Federal Nº2 en diciembre de 2022.

Caravana en Río Turbio y acto en Julia Dufour
En Río Turbio, la convocatoria surgió de forma casi espontánea: sindicatos mineros, agrupaciones juveniles, centros de estudiantes, organizaciones feministas y referentes barriales confluyeron en la Plaza Teniente del Castillo pasadas las 18 h. Desde allí partió una caravana de autos y camionetas que—entre banderas, bombos y cánticos—recorrió las arterias céntricas antes de dirigirse a Julia Dufour.

La llegada al monumento a Néstor Kirchner fue el momento cúlmine: bajo una densa neblina, los manifestantes escucharon a los oradores que denunciaron “la proscripción de la principal dirigente del campo nacional” y reclamaron “unidad para frenar el ajuste”.
El mensaje de Darío Menna: “Sumar a todos”
Entre los discursos, el intendente Darío Menna, se dirigió a los presentes con un tono tan autocrítico como combativo:
“Cristina es la compañera que estaba fortaleciendo al PJ, tratando de unirnos y de poner en discusión lo que hicimos mal. Y por esas cosas que hicimos mal volvieron los «gorilas». Hoy tenemos nuevamente un gobierno de derecha que nos quita derechos, nos persigue, nos saca los medicamentos y pone presos a nuestros conductores. Por eso, más que nunca, debemos unirnos y poner bien en alto nuestro sello, el Partido Justicialista, sumando a todos.
Menna concluyó invitando a radicales, izquierda y a distintos actores de la comunidad, a unirse frente a los embates de este gobierno nacional que cada vez más unde a la clase trabajadora de todo el país.
Acá quiero a los radicales, quiero a la izquierda, los quiero a todos, porque la Cuenca Carbonífera siempre demostró que es un pueblo de lucha y hoy más que nunca lo tenemos que ser. Que esto no decaiga: sigamos convocando actores políticos, partidarios y sociales”.
El intendente cerró su intervención con un llamado a sostener la movilización. La militancia selló la consigna de la noche: “Con Cristina no se jode”.
La movilización de Río Turbio no fue un hecho aislado sino un eslabón más de la resistencia popular que se extendió de Ushuaia a La Quiaca tras la condena firme a Cristina Fernández de Kirchner.
Con información Diario Menna Intendente
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