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Miércoles 09 de Abril del 2025

PROVINCIALES

“Orgas Unidas” de El Calafate denunciaron un nuevo atentado contra una de sus integrantes

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El grupo que denuncia diversas problemáticas y que reclama actualmente por el agua, dijo que “pareciera que las opiniones siempre quieren ser dirigidas por el poder público”.

Mediante un comunicado, Organizaciones Unidas de El Calafate (“Orgas Unidas”) compuesta por diferentes sectores de la Villa Turística, comunicaron que una vecina “sufrió un nuevo atentando”.

Se trata de Mónica Mansilla, referente social e integrante de este grupo, quien fue la encargada de tomar la muestra de agua y enviar para su análisis a un laboratorio de La Pampa.

Las Organizaciones reclaman desde el año pasado problema en la red de agua, pero semanas atrás, como publicó TiempoSur,

indicaron que tienen la presunción que el agua que beben se mezcla con las cloacas y que por esto se produjeron diversas enfermedades gastrointestinales.

Ante esto enviaron notas a Servicios Públicos, SAMIC y Ministerio de Salud, ya que si bien los resultados del análisis del agua dieron como resultado que es apta para consumo humano y que además cumple con las exigencias establecidas en el Código Alimentario Argentino (Artículo 982), contiene bacterias coliformes fecales y “un nivel de arsénico que se encuentra al límite de lo aceptado por la autoridad sanitaria”.

El viernes, Mansilla encontró que habían forzado la puerta de una vivienda que estaba en alquiler, pero se encontraba desocupada. En el interior guarda balanzas digitales, equipamiento comercial, bateas, sierras carniceras y demás implementos con un alto valor, aunque los vándalos no se llevaron nada.

Según Mansilla y las Organizaciones es el segundo atentado. Hace dos meses, rompieron los vidrios de otra propiedad “sin intenciones de robo”.

“Presumo que es un atentado porque viralizó y viralizamos problemas de la gente que hay en la localidad, y que me piden que publique y lo hago. Se trata de problemas en general. Pero no sé si que haya mandado analizar el agua, haya agravado las cosas”, indicó a este medio.

Mansilla también contó que meses atrás reclamó por una laguna con desechos cloacales que se había originado en un barrio de El Calafate y que afectaba a otra vecina.

“Esto se lo comuniqué al secretario del Intendente, y me dijo que le correspondía a Servicios Públicos. El tema se viralizó y la fueron a visitar a la vecina y le dijeron que salga a decir que no tenía ningún problema y la amenazaron, y también a mí por su intermedio”, relató, y expuso: “Reclamamos junto a las Organizaciones pero creerán que soy como una mente maestra”.

El comunicado
De acuerdo al comunicado que repudió el atentando “este nuevo hecho que sufre una vecina, la que no es cualquier vecina, es justo una que a diario dedica su tiempo a preocuparse por los temas públicos y opina”.

Indicaron que “hace uso de su derecho humano a decir lo que piensa, a compartir información y a reivindicar sus ideas. Sería actuar con hipocresía, no entender este nuevo aberrante hecho en El Calafate sin contextualizarlo y creer que es producto del azar. Las condiciones estructurales e institucionales permitieron y permiten que en nuestro querido pueblo se violen los derechos humanos de manera sistemática, y este hecho nos expone cara a cara con esta situación, la pone en evidencia de una manera grosera, ante la que no podemos mirar para el costado sin no ser cómplices”.

…“Al saber de un nuevo ataque a una vecina, una vecina que opina y no calla, y que molesta en un contexto social actual, donde pareciera que las opiniones siempre quieren ser dirigidas por el poder público, que en vez de ser garante del derecho a la libertad de expresión, con una conducta totalmente ilícita pareciera que sale a restringirlo de manera deliberada”, expresaron.


PROVINCIALES

Autoridades provinciales se reunieron con taxistas, concejales y el municipio de Río Gallegos

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Las autoridades provinciales del Ministerio de Producción, Comercio e Industria y del Ministerio de Seguridad participaron del Plenario Comisión de Transporte en el Concejo Deliberante ante la situación planteada por el reclamo de los taxistas en la ciudad de Río Gallegos contra la aplicación UBER.

El subsecretario de Transporte, José Maldonado junto a la titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Eloy Tuliz entro otros funcionarios intervinieron en la reunión dando a conocer las normativas establecidas y que se llevan adelante a través de los entes provinciales, recalcando que «los hechos actuales son meramente responsabilidad del Ejecutivo Municipal».

“Vinimos a acompañar y ver en qué podíamos aportar a esta situación compleja”, explicó Sanz, y aclaró que la competencia directa en esta materia corresponde al municipio. “Hemos sacado dudas y explicado hasta dónde son nuestras competencias y hasta dónde no. Nosotros podemos aportar o no, acompañar o no, trabajar juntos, pero en la medida que nos dejen”.

En cuanto a la posibilidad de intervenir directamente cuando exista un rodado afectado a la aplicación, Sanz fue contundente: “No podemos hacer una investigación en un control porque nos parece que el señor es Uber o no. Eso queríamos dejarlo claro”.

También destacó la necesidad de que las normativas sean aplicables: “Las normas y las leyes por sí mismas no tienen sentido. Cada vez que legislemos, hay que hacerlo pensando en la viabilidad y en si se puede aplicar o no. Puede haber muchas ordenanzas, pero si no se pueden aplicar porque no se consultaron, no sirven”.

Respecto a los reclamos de los taxistas, reconoció que hay un problema real: “La discusión tiene que ver con cuestiones económicas y una competencia desleal del sistema de Uber. Tal vez tenemos que trabajar en regularlo para que sea compatible y no perjudique a quienes están en estado de legalidad”.

Sanz insistió en que el Ministerio de Seguridad actuará “en la medida que la Justicia lo requiera” y remarcó que muchas de estas cuestiones “son administrativas, no penales”.

Finalmente, fue enfática al hablar sobre los riesgos y la necesidad de mantener estándares mínimos: “Con la seguridad no se negocia, las licencias no se negocian. Si quiero tener un negocio, tengo que pagar. Yo vivo de esto. Pero más allá de eso, la competencia tiene que ser leal”.


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