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Miércoles 09 de Abril del 2025

PROVINCIALES

Obra Pública: Leandro Zuliani dijo que «Cristina no tiene que ser responsable de sus dependientes»

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El ministro de Gobierno de Santa Cruz habló con Radio Nuevo Día 100.9 tras la solicitud de 12 años de cárcel para la vicepresidenta. «Lo que se está vulnerando es el estado de derecho, el principio de inocencia», sostuvo.

Durante la jornada de ayer,  el fiscal Diego Luciani pidió que Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión en la causa por la obra pública en Santa Cruz. La vicepresidenta fue acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada.

Luciani también reclamó una pena de 12 años de cárcel para el empresario Lázaro Báez y de 10 años para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.  Para todos se solicitó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Asimismo, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara el pedido para volver a declarar en indagatoria, la exmandataria realizó una transmisión en vivo esta mañana con el fin de pronunciarse sobre la solicitud de condena de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. “¡Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”, dijo en su discurso. 

En este marco, Radio Nuevo Día 100.9 pudo conversar con Leandro Zuliani, ministro de Gobierno de Santa Cruz, quien declaró: «Se trata de una avanzada judicial, mediática y de los partidos de la oposición que son serviles a este proceso».

“No se ha presentado ninguna prueba y terminó pasando el pedido de condena que irónicamente son 12 años, lo que duró la gestión de lo que nosotros le decimos “la década ganada” de Néstor y Cristina”, alegó Zuliani. 

En esa línea, sostuvo que «quien hizo la denuncia fue (Javier) Iguacel en Vialidad Nacional y todo lo que dijo no fue comprobado”.

“Lázaro Báez tendrá que dar cuenta de su patrimonio, pero eso es distinto a decir que un Gobierno Nacional y popular fue electo solamente para armar una asociación ilícita con obras en Santa Cruz. Eso es una locura», afirmó. 

De igual manera, señaló que «Cristina no tiene que ser responsable de sus dependientes”.

«Yo no creo que sea una cuestión de defender por pertenecer a un espacio, lo que se está vulnerando es el estado de derecho, el principio de inocencia y la posibilidad de que la referente más importante de la política argentina pueda ir a una elección”, declaró.

Igualmente, arremetió contra los medios de comunicación «hegemónicos», a los que atribuyó una «construcción de sentido para la inhabilitación perpetua de Cristina para ejercer cargos públicos».

«Entendemos que es la democracia y que tenemos que estar todos muy alertas de lo que está pasando. Se está acusando a quien formó parte del proceso más distributivo de los últimos 50 años en la argentina», sostuvo. 

El ministro de Gobierno se refirió al “Lawfare”, término que utilizó la vicepresidenta para denunciar una presunta persecución contra ella y su entorno: “Es una guerra judicial y es preocupante porque tenemos lo de Brasil con la prescripción de Lula da Silva, lo del golpe de estado que tuvo Paraguay o lo que pasó en Bolivia que Evo Morales tuvo que venir a la Argentina».

Y añadió: “Entendemos que la condena ya está escrita, pero no es imparcial”.

En relación al lema “con Cristina no se jode” que fue replicado a lo largo de estos días por diversas figuras del oficialismo, expresó: “Cuando decimos eso no estamos amenazando a nadie, solamente que es la referente del espacio político del cual formamos parte”.

Finalizando, indicó que «muchos ministros y ministras se han expresado en las redes sociales, lo mismo que intendentes y concejales de distintas locales, y si amerita sacaremos un documento todos juntos para que la gente sepa que esto no es casualidad». 

(El Diario Nuevo Día)


PROVINCIALES

Autoridades provinciales se reunieron con taxistas, concejales y el municipio de Río Gallegos

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Las autoridades provinciales del Ministerio de Producción, Comercio e Industria y del Ministerio de Seguridad participaron del Plenario Comisión de Transporte en el Concejo Deliberante ante la situación planteada por el reclamo de los taxistas en la ciudad de Río Gallegos contra la aplicación UBER.

El subsecretario de Transporte, José Maldonado junto a la titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Eloy Tuliz entro otros funcionarios intervinieron en la reunión dando a conocer las normativas establecidas y que se llevan adelante a través de los entes provinciales, recalcando que «los hechos actuales son meramente responsabilidad del Ejecutivo Municipal».

“Vinimos a acompañar y ver en qué podíamos aportar a esta situación compleja”, explicó Sanz, y aclaró que la competencia directa en esta materia corresponde al municipio. “Hemos sacado dudas y explicado hasta dónde son nuestras competencias y hasta dónde no. Nosotros podemos aportar o no, acompañar o no, trabajar juntos, pero en la medida que nos dejen”.

En cuanto a la posibilidad de intervenir directamente cuando exista un rodado afectado a la aplicación, Sanz fue contundente: “No podemos hacer una investigación en un control porque nos parece que el señor es Uber o no. Eso queríamos dejarlo claro”.

También destacó la necesidad de que las normativas sean aplicables: “Las normas y las leyes por sí mismas no tienen sentido. Cada vez que legislemos, hay que hacerlo pensando en la viabilidad y en si se puede aplicar o no. Puede haber muchas ordenanzas, pero si no se pueden aplicar porque no se consultaron, no sirven”.

Respecto a los reclamos de los taxistas, reconoció que hay un problema real: “La discusión tiene que ver con cuestiones económicas y una competencia desleal del sistema de Uber. Tal vez tenemos que trabajar en regularlo para que sea compatible y no perjudique a quienes están en estado de legalidad”.

Sanz insistió en que el Ministerio de Seguridad actuará “en la medida que la Justicia lo requiera” y remarcó que muchas de estas cuestiones “son administrativas, no penales”.

Finalmente, fue enfática al hablar sobre los riesgos y la necesidad de mantener estándares mínimos: “Con la seguridad no se negocia, las licencias no se negocian. Si quiero tener un negocio, tengo que pagar. Yo vivo de esto. Pero más allá de eso, la competencia tiene que ser leal”.


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