SOCIEDAD
Ni Una Menos: el reclamo por justicia e igualdad para erradicar femicidios

Miles de mujeres y diversidades reclamaron cambios en el Poder Judicial y el fin de la violencia política y económica. Desde el primer Ni Una Menos hubo más de 2000 femicidios
“Vivas nos queremos”, la frase, que cada 3 de junio se convierte en un grito único, fue durante la jornada del sábado la que más se escuchó en cada colectivo, organización y manifestante que fue parte del noveno Ni Una Menos.

“Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Con este Poder Judicial no hay Ni Una Menos”, fue la consigna a la que se llegó luego de un proceso de debates y asambleas. El 1 de junio, dos días antes de esta marcha, se conocieron las cifras oficiales de los femicidios que elabora la Corte Suprema de Justicia: durante 2022 hubo 252, uno más que en 2021.
También los observatorios Ahora que sí nos ven y Adriana Zambrano -éste último de la Casa del Encuentro- elaboraron la cifra de la cantidad de femicidios que hubo en los ocho años desde el primer Ni Una Menos: 2000 y 2500 femicidios. Ambos observatorios, (tal como también lo hacen los observatorios Mumalá y Lucía Pérez), analizan además las variables y daños colaterales que atraviesan las situaciones de violencia de género.
“La cifra de femicidios y trans travesticidios no desciende. Nosotras analizamos casos desde 2008, estamos en 2023 y seguimos hablando de la misma cantidad de mujeres, niñas y personas trans asesinadas”, dice Ada Rico, titular de La Casa del Encuentro. “La violencia de género es multicausal, o sea que está ligada a diferentes situaciones en las que se encuentran quienes la atraviesan. Por eso hace falta un abordaje integral, multidisciplinario y federal”, agrega. “Es importante lo federal, porque muchísimas de las mujeres o las niñas asesinadas están en zonas rurales donde indudablemente no les llega el acceso a la información ni los mecanismos de protección necesarios”.
De acuerdo al informe de La Casa del Encuentro, entre el 3 de junio de 2015 y mayo de 2023 hubo 2554 femicidios. De ellos, 214 vinculados y 58 transfemicidios, los cuales ocasionaron que 2691 hijas e hijos pierdan a sus mamás. El 64% son niños y niñas menores de edad.
En el caso de Ahora que sí nos ven, registraron 2257, es decir, un femicidio cada 31 horas. “La cifra se mantiene bastante estable, lo cual nos preocupa. El año que más femicidios vimos fue en 2019 con 327. Sin embargo, es estable la cifra y eso es lo que nos preocupa. En el 2023 registramos 127 femicidios tanto directos como vinculados”, explica Laura Oszust.
El cambio cultural que falta
En el análisis que presentó Ahora que sí nos ven resultó que, en los 8 años, el 83% de los femicidios fueron perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.
“Es una variable que se mantiene bastante estable porque nunca baja del 57% que claramente le atribuimos a la construcción de las relaciones sexoafectivas. Esas relaciones tienen que ver con una desigualdad de poder entre el varón y la mujer, obviamente en favor del varón, sumado al mito del amor romántico que sostiene este tipo de relación”, analiza Oszust.
En el mismo informe, analizó que el 90% de los casos de femicidio en estos 8 años fueron cometidos por gente del círculo íntimo de la víctima: hijos, padres, hermanos, vecinos o amigos. “Hay que romper el mito de que nos atacan extraños o en un callejón en la vía pública. El 64% de los femicidios ocurre en el hogar de la víctima. Ese dato se puede leer en conjunto con el vínculo del agresor, porque habla de la imposibilidad de las mujeres de salir de esa situación de violencia. Una de esas imposibilidades es la económica, la punta del iceberg de un montón de otras desigualdades y violencias”, agrega.

La insuficiencia de la Justicia
Las historias de Atravesados por los femicidios, de familiares de víctima tienen en común el reclamo por la Justicia. O porque las denuncias no fueron atendidas o porque luego, con el femicidio concretado tampoco miran las causas con perspectiva de género.
“Voy a seguir luchando hasta que esté preso”, dice Adriana Chiaverano frente al Congreso de la Nación en la carpa de los familiares. Habla de Patricio Reynoso, el femicida de su hija, Pilar Riesco, quien murió cuando cayó del cuarto piso de un edificio de Nueva Pompeya. A pesar de que en ese momento estaban ellos solos y que la joven estaba golpeada y con sinos de ahorcamiento, la Justicia dijo que no podían comprobar que Reynoso la haya arrojado. “Ella quería dejarlo, pero no sabía cómo decírselo, le tenía miedo”, agrega.
Respecto a la situación de la Justicia, Ada Rico manifiesta: “El Poder Judicial no protege a las mujeres que se acercan a denunciar ni a las que incluso logran una medida cautelar. Si tienen una medida cautelar es porque están en riesgo. Y si están en riesgo, ¿de qué manera las protegen?”, se pregunta. “Nosotras siempre hablamos de los dispositivos dual donde se le aplica una tobillera electrónica al agresor y un botón antipánico a ella para que esté realmente monitoreado, pero no sucede. La mujer se retira de ahí simplemente con un papelito que no la va a proteger. Tenemos una deuda pendiente con la temática de género desde el Poder Judicial porque no tiene una perspectiva de género al otorgar las medidas o al atender a una mujer que va a solicitar acompañamiento”, dice Rico.
El porcentaje de mujeres que denuncian es de un 15%, según el observatorio Zambrano. “No creen que la Justicia las vayan a proteger. Trabajamos analizando caso por caso y hay una gran cantidad de carátulas que no llevan la violencia de género”.
Desde Ahora que sí nos ven, Laura Oszust dijo, “necesitamos una reforma judicial transfeminista que no esté al servicio de los femicidios. En estos 8 años el 17% de las víctimas tenían una denuncia previa, solo el 10% tenía medidas de protección. Eso nos habla de que fueron femicidios anunciados”.
El aporte y la construcción del Estado hoy tiene que ver con los programas Acompañar y Acercar Derechos que funcionan con resultados positivos. También con la aplicación de la ley Brisa. Son avances innegables, pero también es innegable el crecimiento de los discursos de odio que aportan a la violencia política y simbólica contra las mujeres y diversidades. Faltó, pero, sobre todo, hace falta mantener el proceso de organización y construcción democrática para una vez más en forma colectiva imponer una agenda definitiva que enfrente a la violencia de género. «
El Estado contra la violencia
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación elaboró dos planes nacionales de acción, el que tuvo vigencia entre 2020 y 2022 y el Plan Nacional de Acción contra la Violencia por Motivos de Género 2022-2024 (PNA). Este contiene más de 100 acciones de corto, mediano y largo plazo de 20 ministerios y cinco organismos descentralizados nacionales. Este nuevo plan reafirmó la perspectiva de abordaje integral de las violencias por motivo de género, que contempla el carácter estructural de las desigualdades y las violencias, y deja atrás los abordajes exclusivamente centrados en la emergencia.
«Ni Una Menos nos hizo ver en 2015 que la violencia por razones de género es estructural. Desde entonces empezamos a caminar hacia la igualdad, transformando las formas de gobernar. Este ministerio es parte del compromiso del gobierno nacional, que escuchó la demanda social de más y mejores políticas para erradicar las violencias», sostuvo la ministra Ayelén Mazzina.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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