INFO. GENERAL
Municipio, Diputados y organizaciones se unen para reclamar por el recorte en el Vademecum

El Intendente Pablo Grasso y el diputado Carlos Godoy encabezaron una reunión con funcionarios e integrantes de distintas asociaciones para dialogar sobre la difícil situación que están atravesando afiliados de la Caja de Servicios Sociales, ante el recorte de los medicamentos que cubre la Obra Social provincial.
Participaron el doctor Roberto Ortiz en representación de CENTA, Silvina Lamas por TEA, la concejala Soledad Kamú, el Director General de Establecimientos de Salud del Municipio Quirino Pereira, la Secretaria de Salud Marcela González, el Secretario de Legal y Técnica Gonzalo Chute, y los integrantes de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes Marta Rojel y “Fito” Cid. También fueron invitados otros entes y organizaciones, pero no pudieron asistir por cuestiones particulares.
Por su parte, Godoy excusó a sus pares Eloy Echazú, Agostina Mora y Lorena Ponce, quienes no pudieron asistir a la reunión por cuestiones de agenda legislativa, e informó a los presentes que se está reuniendo con diferentes actores sociales porque el recorte en la cobertura de medicamentos está afectando a la sociedad en general de una forma alarmante.
En encuentro se extendió por más de una hora y fue clave para reunir a sectores que de una u otra forma se encuentran afectados por esta medida del gobierno provincial. Al iniciar la charla, el Diputado por Pueblo de Río Turbio, Carlos Godoy, destacó la inquietud que existe en un grupo de legisladores por la situación y la intención de seguir generando acciones para beneficiar a los miles de afiliados afectados por esta medida.
Luego se abordó la situación financiera de la Caja y el bajo impacto de la deuda de los municipios en el presupuesto del ente provincial. También se hizo referencia a lo difícil que resulta para los afiliados llenar la planilla y hacer todas las gestiones para que la Caja reconozca algunos remedios, entre otros temas.
La intención del Intendente Grasso, según explicó, es que se haga un reclamo unificado entre todas las organizaciones y grupos de personas que se vieron afectados por la medida, y que este reclamo sea canalizado a través del Poder Legislativo con el apoyo de los Diputados Godoy, Echazú, Mora, y Ponce, de Unión por la Patria.
Grasso resaltó que el recorte en el Vademecun es una decisión política tomada por el Gobierno Provincial, y que debe ser tomada como tal, ya que el impacto de ahorro real que tendrá es insignificante. En este sentido, analizó que el gobierno provincial decide recortar el vademécum para bajar el déficit pero pagará el impuesto a las ganancias de decenas de funcionarios.
Por su parte, la secretaria de Salud Marcela González profundizó sobre algunos conceptos de medicina social, e indicó que la salud no puede ser una variable de ajuste porque, por ejemplo, lo que se ahorra hoy en remedios, se gasta mañana en tratamientos.
Cabe destacar que desde la Secretaría de Salud se ayuda en algunos casos en la presentación de las planillas y se sigue de cerca hasta que la Caja vuelve a reconocer el remedio solicitado, pero se hace en forma particular para colaborar con los vecinos.
Las organizaciones expresaron su preocupación y comentaron que si bien mantuvieron reuniones con autoridades de la Caja, aun resta mucho por resolver.
El Diputado Godoy se mostró conforme con la reunión y con la información recabada, que le servirá para avanzar en iniciativas legislativas y para seguir, junto a sus pares, buscando estrategias para ayudar a los afiliados.
Durante el encuentro se plantearon muchas ideas y posibles líneas de acción, que serán analizadas para luego, en una futura reunión, definir cuáles son las más acertadas para llevar adelante.
INFO. GENERAL
Alerta máxima en el kirchnerismo: creen que es inminente la detención de Cristina

En el Instituto Patria creen que la Corte fallará el próximo martes y se declaran en «alerta y movilización».
El senador Oscar Parrilli llamó por teléfono a el diputado Eduardo Valdés este viernes para comunicar el estado de alerta que vive por estas horas el Instituto Patria, bajo la convicción de que la Corte fallará contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad el martes próximo, en la reunión de acuerdos. La ex Presidenta y su entorno creen que su detención sería inminente.
La preocupación del kirchnerismo se palpa en los frenéticos mensajes que cruzan legisladores, dirigentes y militantes, tan solo para compartir la angustia ante una decisión que imaginan inminente, luego que la Corte removiera el ultimo obstáculo procesal al rechazar la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti. En el Instituto Patria confirmaron a LPO este viernes que no hay interlocución con el máximo tribunal.
Si la Corte falla y confirma la sentencia contra Cristina antes del 19 de Julio, no podrá ser candidata a diputada en las elecciones bonaerenses de septiembre, donde las encuestas indican que tiene buenas probabilidades de ganar en la Tercera Sección Electoral, esto es el sur del Conurbano, la zona más popular y poblada de la provincia.
Un camarista reconoció a LPO que existen presiones de sectores del poder para que Cristina vaya presa, algo que también habían admitido los senadores cuando se trató el frustrado proyecto de Ficha Limpia en el Senado. «En Argentina siempre es un mal momento para fallar, porque hay elecciones cada dos años y casi siempre estamos en campaña electoral», matizó un juez federal para conceder que la Corte puede resolver el caso ahora.
Ante la posibilidad de la detención de la ex presidenta, el kirchnerismo analizaba este viernes movilizarse. El diputado kirchnerista y secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó ante la prensa que «tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no». En el despacho de una colega suya del bloque peronista, confirmaron a LPO que la definición del momento en el peronismo es de «alerta y movilización».
Tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no.
Un juez de Comodoro Py que conoce a la ex presidenta afirmó a LP que Cristina esperaba este escenario. «De un momento a otro, los jueces pueden dar ‘enter’ para fallar o posponer la sentencia, ella lo sabía y por eso apuró su candidatura y los trató de guardia pretoriana», dijo en referencia al reportaje que le concedió Cristina a C5N el pasado lunes.

Como sea, las posibles consecuencias de una detención de Cristina eran analizadas este viernes en todo el sistema político. Una lectura es que el peronismo podría hacer una pausa en sus divisiones para defender a la actual presidenta del PJ, principal partido de la oposición, lo que también sugiere un posible impacto internacional.
«De la Rúa metió preso a Menem para tapar el ajuste y no le sirvió de nada», recordó un dirigente peronista de larga trayectoria y agregó: «en Brasil lo metieron preso a Lula, parecía que no pasaba nada y después volvió a ser electo Presidente». En efecto, el impacto de una detención de Cristina sobre el gobierno de Milei no es un tema menor.
«Es una bomba neutrónica en el peronismo», opinó con una mirada menos romántica uno de los dirigentes más importantes de esa fuerza. El gobierno, en tanto, podría experimentar el relativo alivio de no arriesgarse a una derrota en la tercera sección electoral que, como publicó LPO, amenaza con garantizarle la victoria al kirchnerismo en el resultado global del territorio bonaerense si la diferencia es abismal.
El peronismo, por supuesto, planteará la detención de Cristina como la proscripción de la ex presidenta. Esa es la razón por la que hasta un diputado macrista repetía hasta el cansancio cuando se discutió el proyecto de Ficha Limpia que «a Cristina hay que ganarle en las urnas».
Una decisión inminente de la Corte iría en contra de la jurisprudencia no escrita del máximo tribunal, acerca que no resuelve casos de corrupción que afecten o inhiban los derechos políticos de un posible candidato en un año electoral.
Como sea, las opciones de la Corte serían la de negarse a tomar el caso, por medio de la apelación del artículo 280 del Código Penal, y dejar firme la sentencia de la Cámara de Casación o abrir los recursos de queja y revocarlos, con el mismo desenlace para la ex presidenta. Pero los ministros también podrían revisar los recursos y tomar el de la fiscalía, que duplica la condena a 12 años bajo la figura de asociación ilícita, lo cual dilataría el proceso y otorgaría más tiempo a Cristina.
Con información de la Política On-Line
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