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Lunes 01 de Septiembre del 2025

PROVINCIALES

Municipio de Río Gallegos quiere aplicar multas de 100 mil pesos a quienes vandalicen monumentos

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El Municipio capitalino impulsa proyecto para multar a quienes dañen el patrimonio público Ante los reiterados hechos de vandalismo que se registraron en los últimos tiempos, a través de la Secretaría de Legal y Técnica, remitirá en las próximas horas al Concejo Deliberante un proyecto para incorporar al Código de Faltas.

Las multas podrían superar los 100 mil pesos aunque también existe la posibilidad de realizar trabajo comunitario para sustituir el pago. Este proyecto, que será ingresado al Legislativo local para su análisis por concejales, establece multas para todas aquellas personas que dañaran, alteraran o menoscabaran monumentos, plazas, bancos, asientos, juegos infantiles, parques, calles, alumbrado público, caminos o paseos públicos o edificios municipales. En definitiva, se contempla todo el patrimonio y espacios públicos, que son propiedad de toda la ciudadanía.

Las multas serán expresadas en módulos y, de acuerdo a la gravedad del hecho, podrían superar los 100 mil pesos. Ello aparte del pago de los costos de la reparación del daño.

De todas formas, también se establece un sistema de pago con tareas comunitarias, algo que ya existe y que será definido en cada caso por el Juez Municipal de Faltas. Gonzalo Chute, Secretario de Legal y Técnica del Municipio, destacó la necesidad de contar con una herramienta legal que penalice el ataque al patrimonio público, teniendo en cuenta además que se vienen registrando hechos vandálicos en forma reiterada en los últimos tiempos. Afirmó que “este proyecto que elevamos al Concejo se complementa con la próxima puesta en funcionamiento del Centro de Monitoreo.

Consideramos que ambos van a ser un factor disuasivo para reducir o eliminar los hechos vandálicos”. Chute aclaró que se debe diferenciar vandalismo con arte callejero: “como Municipio fomentamos las expresiones artísticas y el arte callejero, pero siempre que se desarrolle en un marco de respeto a la comunidad”, dijo en referencia a las cientos de iniciativas de expresiones artísticas que se desarrollan con el acompañamiento de la Comuna.

Por otra parte está el vandalismo, que consiste en romper o dañar la propiedad pública, sin respetar a los demás. El funcionario dijo que “afectar y dañar el patrimonio municipal no sólo va contra el esfuerzo que hace la gestión para tener la ciudad que todos queremos, si no que en realidad perjudica más al vecino que disfruta de los espacios públicos y que paga sus impuestos sabiendo que ese dinero está destinado a obras y trabajos para tener una Rio Gallegos más linda”.

“Las acciones vandálicas no pueden ser toleradas”, afirmó Chute, resaltando que “debemos recurrir a todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para proteger los bienes que son de todos los vecinos de Río Gallegos”. Por ello, en cada hecho vandálico que se registra se procede a realizar la denuncia y a solicitar el resarcimiento del daño, tal como fue el caso reciente del vandalismo a las estatuas de Néstor Kirchner y “Freddy” Martínez ubicadas en el palacio municipal.

“En ese caso rápidamente el Secretario de Gobierno Silvio Escobar puso a disposición de la Justicia el material fílmico y se presentó como querellante, porque es nuestro deber cuidar lo que es de todos y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para lograrlo”, dijo Chute. (Nuevo Dia)


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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