Así se lo indicó el actual interventor Pablo Gordillo Arriagada a La Opinión Austral. Se refirió al proceso legal que sigue en las próximas semanas, ante el final de la intervención luego de 23 años. Habló de las cartas de intención para compra de carbón y también para inversión.

En las próximas semanas podría finalizar la intervención de la exempresa YCRT (ahora Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima), ante la inminente convocatoria a una asamblea que definirá los directores que tendrá el Estado nacional. Una de las posibilidades es que Santa Cruz tenga una silla en ese directorio, la que podría ocupar, en caso que Nación lo designe, el actual interventor, Pablo Gordillo Arriagada. El funcionario habló este martes con La Opinión Austral sobre cuáles son los próximos pasos legales.

LOA: Entendemos que está a punto de finalizar la intervención de YCRT. ¿Cuáles son los próximos pasos legales camino a la sociedad anónima?

Gordillo Arriagada: Lo que nosotros estamos esperando es que los accionistas hagan la convocatoria a asamblea, que es la que definiría los directores por parte del Estado nacional. Ese proceso está en marcha, ya nos ha notificado el accionista que en algún momento se va a dar la convocatoria a la asamblea para designar los directores y finalizaría luego de 23 años la intervención de YCRT. Quizás no es mañana ni pasado; se está dando en el tiempo ese proceso porque es uno de los requisitos que falta para terminar de registrar la sociedad anónima en la IGJ (Inspección General de Justicia).

LOA: ¿Podría explicar cómo quedó conformado el paquete accionario de la empresa?

GA: Lo que tiene previsto la Ley Bases es que mantiene el control estatal del 51%. Luego de eso se habilita la conformación de acciones para el capital privado, pero también para los trabajadores. Lo dice el estatuto. Entonces, una vez que los accionistas designen a los directores para que representen ese 51%, los directores van a tener las facultades para avanzar en lo que sería la integración de las acciones, tanto del capital privado como de los trabajadores.

LOA: ¿Ese es el próximo paso que todavía falta definir?

Gordillo Arriagada: Exacto. Primero falta determinar que se designe formalmente los directores, que yo creo que no es una cuestión de nombres, es una cuestión que tiene facultades hoy el gobierno nacional, que es el que controla a través de la Secretaría de Energía y Minería el 51% de las en la empresa.

LOA: ¿Entiende usted que alguno de los directores debería ser de Santa Cruz, habida cuenta que el yacimiento se encuentra en la provincia?

GA: Nosotros hemos gestionado, en conjunto con el gobernador (Claudio) Vidal, la posibilidad de que mi persona esté a cargo de la empresa, en representación de Santa Cruz, creyendo que principalmente hay un gran interés por parte de la provincia de que esto se sostenga, que se lleve adelante; en la designación de los directores puede llegar a cambiar la situación, pero bueno, también depende de cuál sea el rol que asuma la provincia a futuro.

LOA: De las charlas que ha ido manteniendo con los sindicatos, ¿cuál es el interés que tienen ellos de formar parte de la empresa?

GA: Yo no sé si la palabra es interés, lo que hay es un régimen de propiedad participada que es voluntario. Se integra de manera voluntaria la cuestión accionaria dentro de la empresa. Son discusiones, porque en realidad lo que todavía no está terminado de definir, que en eso sí por ahí se ha establecido una confusión respecto de las fechas, es que el 24 de agosto lo que se vence es el plazo de negociación de los convenios colectivos, que son los que van a definir qué tipo de situación se plantea en relación con los trabajadores de cada uno de los cuatro gremios que hoy están vinculados con la empresa a futuro.

LOA: Si no hubiera definiciones en estos días, ¿después del 24 de agosto los trabajadores se quedan sin convenio o hay alguna medida que los ampare en el mientras tanto?

GA: Yo creo que hay una continuidad de lo que está, hasta tanto también se resuelve una situación que ha planteado el gremio ATE ante la justicia del trabajo, la justicia laboral, que tiene que ver con la inconstitucionalidad de dos artículos del decreto, principalmente en la cuestión laboral, en la cuestión del empleo público.

LOA: ¿El proceso de venta de carbón ha seguido su curso o está frenado, esperando que se resuelva esta situación?

GA: Nosotros seguimos intentando lograr que se pueda generar la venta de carbón. Hemos tenido una rescisión de un contrato hace un par de semanas. A principios de julio entramos a una rescisión con el anterior comprador, donde no pudimos lograr que el carbón se embarque. Y hemos atendido ahora tres o cuatro ofertas, con las cuales estamos tratando de cerrar una carta intención y viendo también cómo sería principalmente, por supuesto, la fecha de carga, porque lo que tenemos como primera oferta es el carbón de Punta Loyola. Posteriormente se podría habilitar un contrato a largo plazo con distinta cantidad de toneladas de carbón que se pueden ir cumpliendo en el tiempo. Por lo pronto, estamos ofreciendo nosotros un contrato spot de 30.000 toneladas que está en Loyola, nuevamente, luego de no haber podido concretar la venta con el grupo español 

LOA: La idea, a futuro obviamente, una vez que termine todo este proceso legal, es que la empresa empiece a producir para que sea autosustentable en algún momento…

GA: Yo lo que le puedo decir de esto es que con la figura actual se hace muy difícil poder concretar inversión privada o interés para que esto funcione, principalmente porque trabajamos como un organismo público donde no tenemos ciertas garantías que podrían darse con la nueva figura jurídica. Eso en la cuestión comercial y en lo que es la inversión, sobre todo para la usina, que es lo que nos han manifestado varios interesados. No obstante, hemos solucionado algunas cuestiones que tienen que ver con tratar de que YCRT pueda tener la capacidad de vender el carbón en el mercado internacional, cumpliendo con distintos criterios que no los tenía la empresa, principalmente poder definir realmente cuáles son sus especificaciones, qué potencial tiene, qué plan de producción se puede llevar adelante y en otro que estamos trabajando, que es establecer un criterio de reserva, qué reservas probadas o comprobadas hay y a futuro uno tiene para poder generar o firmar un contrato a largo plazo. Esos son procesos que se han ido saneando, quizás no se ven en lo público o en grandes manifestaciones, pero creemos que han servido para sanear un poco la empresa hacia la disposición de ponerla en condiciones de vender el carbón en el mercado internacional.

LOA: Volviendo al tema de la privatización, ¿hay un valor de la empresa? En su momento surgieron algunos números que resultaron un tanto confusos.

GA: En realidad la confusión es que la evaluación se ha hecho principalmente, por ejemplo, en la usina, de los bienes de uso en el estado en que se encuentran, no en el estado productivo. Quizás eso le ha dado un valor inferior al que creían que podía tener. No obstante, nosotros creemos que, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el complejo carboeléctrico ferroportuario tiene un gran valor y que eso tiene que cotizarse una vez que uno lo tiene en marcha, principalmente generando energía y vendiendo carbón. Cosas que en este tiempo no se han podido lograr. La empresa necesita tener cierta evaluación porque necesita capitalizar su acción. O sea, tiene que saber cuánto va a valer cada acción de ese 51% que se queda el Estado y del otro 39% que integraría el capital privado y el 10% que integrarían los trabajadores. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no se ha hecho en otros tiempos, es, primero, tener un registro real del inventario y de los bienes de uso que tiene la empresa. Eso se ha valorizado y es más, han intervenido entes y están interviniendo en este momento como el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que está haciendo las validaciones correspondientes. No hay que asustarse de estas cuestiones. Y posteriormente lo que viene respecto de esto es tener el detalle de cuánto va a valer la acción a futuro. Y eso no cambia, porque no nos olvidemos que por ahí lo que también se desconoce es que todo el proceso de integración del capital privado tiene que ser aprobado por el Congreso de la Nación. Hay que seguir ciertos modelos, hay que tener ciertos esquemas de trabajo y principalmente están validados a través de un informe circunstanciado que es el que se presenta ante el Congreso para exponer todos estos temas. O sea, no es que de la noche a la mañana nosotros regalamos la empresa o la vaciamos, todo lo contrario. Es más, lo que hemos cotejado también es ver cómo se va encuadrar el esquema también de los bienes inmuebles. La empresa tiene 41 inmuebles que usa de manera estratégica para lo que es la explotación. Entonces, también estamos trabajando con el Estado Nacional para ver cuál va a ser el método o el uso que vamos a tener de esos de esos bienes inmuebles, que por supuesto que también capitalizan a la empresa y le dan un mayor valor, si es un poco la preocupación.

LOA: ¿Ha surgido interés privado por ese 39%? En las últimas horas se conoció, además, una plataforma digital que ha lanzado el Gobierno nacional para poner de alguna manera en oferta a las empresas del Estado. ¿Cómo se está trabajando?

GA: Nosotros, para dar transparencia a todo este proceso, lo que hemos hecho con los interesados que hay es celebrar acuerdos de confidencialidad, primero, para intercambio de información, que es información sensible, por supuesto. Y luego de eso, cartas de intención. Hemos recibido cartas de intención por compra de carbón y también por inversión para lo que requiere la puesta en marcha de la usina, que creemos nosotros que por ahí para el capital privado no son montos tan elevados; así que ojalá podamos encontrar próximamente interesados en invertir 30 o 40 millones de dólares para poder poner en marcha el primer módulo de los 2040. Quiero aclarar que los procesos que se están viviendo no tienen una decisión de la intervención, sino más bien de la Agencia de Transformación, que son las que van defendiendo los pasos para que esto se vaya dando. Y principalmente también llevar tranquilidad como siempre lo hacemos, en que nosotros por lo pronto hemos tenido los presupuestos aprobados de cada uno de los esquemas que hemos presentado, salvo la cuestión operativa. Y que en ningún momento, dada la presentación que se ha hecho a Nación y demás, ellos nos han pedido que hagamos una venta demasiada a las apuradas del carbón que tenemos en Loyola. Lo que creen en conjunto es que hay que primero trabajar y sanear algunas cuestiones que necesita la empresa para luego poder vender en buenas condiciones y a buen precio el carbón.