La Cámara del Trabajo le corrió traslado de la respuesta a la CGT, que tiene diez días para pronunciarse. Después, los camaristas resolverán si habilitan el camino hacia el máximo tribunal.

Por Luciana Bertoia

Rodolfo Barra no viene pisando fuerte en la defensa del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que Javier Milei pretende sentar las nuevas bases de la economía argentina. El 3 de enero pasado, la Cámara del Trabajo frenó la reforma laboral que trae incluida el decretazo. Ese mismo día, el procurador del Tesoro se jactó en una entrevista que en el plazo de una semana tendría revocada esa cautelar y el problema encaminado. Pasaron casi dos semanas y poco de la estrategia del jefe de los abogados del Estado se cumplió: en las últimas horas, tuvo que enmendar un papelón porque se había olvidado de adjuntar los documentos que acreditan que puede intervenir en el proceso y, de esa forma, llevar la discusión a la Corte Suprema.

Barra tiene dos estrategias: empujar la discusión sobre el DNU hacia la Corte y, por otro lado, concentrar todos los reclamos en el fuero contencioso administrativo, que son los tribunales que él mejor conoce.

Para llegar a la Corte, tiene la causa que inició la CGT contra el megadecreto de Milei. La Cámara del Trabajo –con los votos de Alejandro Sudera y Andrea García Vior– dictó una cautelar para impedir que la reforma laboral se pusiera en vigencia. El viernes, el gobierno de Milei hizo trascender que había presentado un recurso extraordinario para intentar que la Corte revierta la decisión de Sudera y García Vior.

La presentación se hizo, pero incompleta. Así lo advirtió la Cámara el lunes e intimó a la Procuración del Tesoro para que presentara todos los papeles. En la madrugada del martes, entraron todos los documentos que faltaban al sistema. Antes de las 2 de la mañana ya estaban presentados.

Después de que Barra subsanara el error, el camarista Sudera le corrió traslado a la CGT para que opine. Tiene diez días para hacerlo. Después la Cámara decidirá si el tema escala hasta la Corte Suprema. Los supremos ya tienen una presentación contra el DNU –la que hizo la provincia de La Rioja con el patrocinio de Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra–. La Corte ya avisó que no va a analizar la cuestión antes de febrero.

En su recurso, la Procuración del Tesoro defiende el DNU como si fuera un tema de vida o muerte y discute la decisión de la Cámara del Trabajo de tener a los trabajadores y las trabajadoras como un sector socialmente vulnerable –lo que habilita intervenciones más rápidas de la justicia sin pedirle opinión al Poder Ejecutivo.

Entre otros argumentos, el organismo que dirige Barra sostiene que:

• La sentencia de la Cámara del Trabajo no tuvo en cuenta los “graves efectos irreversibles” que ocasiona a la población argentina su decisión de frenar el capítulo IV del DNU y que cobra especial relevancia “en el contexto actual de emergencia”;
• Las medidas estatales suspendidas forman parte de un programa normativo integral “imprescindible para la subsistencia del Estado”;
• Suspender el DNU hasta el dictado de una sentencia definitiva –que podría demorar hasta un año– puede traer consecuencias “irreversibles”. Y agrega: “Puede ser demasiado tarde para los argentinos”.

La Procuración del Tesoro va a tener la difícil tarea de explicar cómo mejora la vida el DNU para el gran conjunto de los argentinos cuando extiende los períodos de prueba de tres a ocho meses, no castiga el trabajo no registrado, facilita el despido de quienes participen de medidas de fuerza o limita fuertemente el derecho a huelga en un contexto de ajuste declarado.

En paralelo con la cautelar que frena el DNU, tramita la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma –que ya está en vigencia–. En el caso de la CGT; la jueza laboral Silvia Garzini le pidió el lunes al Poder Ejecutivo que, en un plazo de 72 horas, produzca el informe que establece la ley 16.986 en su artículo 8. Según esta legislación, si una acción de amparo es admisible, se le pide al Estado que haga un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de lo que es impugnado. Una vez presentado, la jueza debería dictar sentencia dentro de las 48 horas.

Barra tiene los intereses puestos también en el fuero contencioso administrativo. Allí le interesa lo que pueda decir la Cámara –integrada por Sergio Fernández y Carlos Grecco– sobre si todos las acciones presentadas contra el DNU deben tramitar juntas y en esos tribunales. De suceder eso, Barra podría celebrar una victoria porque concentraría la defensa del decretazo desde ese fuero. El juez Enrique Lavié Pico está en condiciones también de pronunciarse en la causa que iniciaron tanto el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, el economista Claudio Lozano, la CTA Autónoma y ATE así como el expresidente del Colegio Público de Abogados Jorge Rizzo.