PROVINCIALES
Mazú y García renovaron mandatos como autoridades en la Legislatura Provincial

El Bloque Frente de Todos – Partido Justicialista en la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, eligieron autoridades para este período legislativo.
De esta manera, renovaron en la presidencia el diputado Provincial Matías Mazú, por tercer año consecutivo en el presente mandato, y María Rocío García, como vicepresidenta de la bancada mayoritaria, también por tercer año consecutivo.

Cabe destacar que este es el segundo mandato que lleva adelante Matías Mazú en la Legislatura Provincial, y que previo a ello fue electo por tres períodos como Intendente de la ciudad de Río Turbio, concejal de esa misma localidad por dos períodos consecutivos, además de vocal en representación del Poder Ejecutivo en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, como así también ministro de Asuntos Sociales de la Provincia de Santa Cruz.
Por su parte, Rocío García es Odontóloga, recibida en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Comenzó su desarrollo profesional en el Hospital Regional de Rio Gallegos, capital de la provincia y centro de mayor complejidad de la misma. Allí se desempeñó como odontóloga durante 10 años, realizando todo tipo de prestaciones tanto a niños como adultos.
En el año 2014 fue designada Coordinadora de Articulación Local de Políticas Socio Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación en Río Gallegos. Desde su área a cargo, llevó adelante la implementación de diversos programas de atención primaria de la salud, como así también la novedosa estrategia territorial de Móviles Sanitarios.
En el año 2015, fue convocada para conducir el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, cargo que desempeñó hasta asumir como diputada provincial en diciembre de 2019.
PROVINCIALES
ATE frena los pases a disponibilidad: la Justicia multa al Gobierno con $10 millones diarios

El Juzgado Federal N°2 de San Martín ordenó al Ejecutivo cumplir con la cautelar que anuló el decreto 462/25 y frenar los despidos en el INTA. Si no acata, deberá pagar una sanción millonaria por cada día de incumplimiento.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores del INTA sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se expidió nuevamente en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), intimando al Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar que había suspendido el decreto 462/25 y frenado los pases a disponibilidad en el organismo.
Pese a la resolución judicial dictada la semana pasada —y a que el Senado votó en contra del DNU— el Ministerio de Economía intentó avanzar con la Resolución 1240, que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del INTA. Frente a esta maniobra, la Justicia reaccionó con dureza: ordenó el cumplimiento inmediato de lo dispuesto y estableció una multa de $10.000.000 diarios en caso de desobediencia.
Desde ATE celebraron el fallo y cuestionaron la actitud del Gobierno. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, advirtió: “El Presidente insiste en desconocer a los otros poderes del Estado. Pretenden gobernar por decreto y a espaldas de la legalidad, pero la Justicia volvió a darnos la razón. No vamos a permitir despidos encubiertos ni atropellos contra los trabajadores”.
El gremio sostuvo que cada fallo judicial fortalece la resistencia sindical y ratificó que seguirán defendiendo a los empleados del INTA y de todo el sector público frente a las políticas de ajuste.
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