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RIO TURBIO

Matías Delgado: «Defenderemos el convenio colectivo /75 del yacimiento y no negociaremos a la baja»

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El secretario general de ATE Río Turbio, Matías Delgado, abordó diversas cuestiones gremiales y sociales que afectan a los trabajadores del yacimiento, destacando la entrega de kits escolares, la situación salarial y la preocupación por la nueva normativa que podría modificar el convenio colectivo de trabajo.

En la seccional de ATE Río Turbio, el secretario general Matías Delgado dialogó con Patagonia Nexo sobre la actualidad gremial y social, incluyendo la entrega de kits escolares, la situación salarial de los trabajadores del yacimiento y la postura del sindicato respecto a la posible modificación del convenio colectivo de trabajo ante la transformación de YCRT en sociedad anónima.


Entrega de kits escolares: un esfuerzo en tiempos difíciles


«La verdad que es una tarea social que estamos llevando adelante con mucho esfuerzo», expresó Delgado, destacando que la decisión de realizar esta entrega fue tomada por toda la comisión directiva. «Hoy estamos cumpliendo, estamos entregando los kits escolares para los hijos de los afiliados con mucha concurrencia y la verdad es positivo, porque a pesar de las deudas que tiene el sindicato, hicimos el esfuerzo necesario con la ayuda de ATE Nacional y un fuerte trabajo del área de Finanzas», aseguró.


Salarios: gestiones en curso


Consultado sobre la situación salarial de los trabajadores de YCRT, Delgado explicó que el gremio está en contacto permanente con la empresa: «Recién estuve en comunicación con el encargado de Recursos Humanos, quien me comentó que todavía sigue el trámite de la liberación de fondos. Apenas tengamos la confirmación del pago, lo informaremos a través del grupo de delegados para que la información llegue a las bases».


Preocupación por el futuro del yacimiento


El dirigente también se refirió a la denuncia realizada por ATE a nivel nacional en relación con la viabilidad del yacimiento y las implicancias de la ley bases. «La semana pasada tuvimos una reunión sectorial en Producción con más de 100 compañeros, explicando cómo venimos avanzando en cuanto a ese decreto», detalló.


En este sentido, aseguró que están trabajando en conjunto con ATE Santa Cruz y ATE Nacional en una estrategia legal: «La semana pasada se presentó una carta documento como paso previo a una cautelar que se está preparando con todos los abogados de ATE Nacional, junto con nuestro representante legal en Río Turbio, León Obregón. La presentación formal se hará en estos días».


Convenio colectivo: «No vamos a negociar a la baja»


Uno de los puntos más sensibles para los trabajadores es la discusión sobre un nuevo convenio colectivo de trabajo. «Nosotros no estamos en total acuerdo porque ATE históricamente ha defendido el convenio /75. Somos el gremio mayoritario en el yacimiento y no queremos discutir un nuevo convenio. Sí podría acomodarse o discutirse para arriba, pero no negociar a la baja», enfatizó Delgado.


«Lo que tenemos hoy en día con el convenio /75 y sus actas complementarias es lo que vamos a resguardar. Desde ahí para adelante podemos discutir mejoras, pero no retroceder», afirmó. «Se ha dicho que vamos a entregar el convenio, y eso no es cierto. Nuestra postura es clara: defender lo que hemos conseguido y garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores», concluyó.


RIO TURBIO

YCRT: gremios con plazo de 180 días para discutir el convenio laboral ante Nación

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El interventor de la minera, Pablo Gordillo Arriagada, explicó en exclusiva a La Opinión Austral que la sociedad anónima entrará en vigencia a los 60 días del Decreto Nº 15. Los trabajadores pueden ser accionarios y formar parte del directorio. ¿Qué pasará con la usina 240?

Por Gustavo Argañaraz

La Opinión Austral entrevistó en exclusiva al actual interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, para conocer el presente de la única mina a carbón del país luego que el presidente de Argentina, Javier Milei, la convirtiera en la futura Carboeléctrica Río Turbio SA con la publicación del Decreto Nº 115/2025.

Explicó que desde el 24 de febrero pasado, fecha en que se publicó en el Boletín Oficial el decreto, hay un margen de 60 días para que la sociedad anónima entre en vigencia. Asimismo, se otorgaron 180 días para que el Gobierno nacional debata el régimen laboral con ATELuz y Fuerza, La Fraternidad y APS.

Asimismo, ratificó que el rumbo productivo es la venta de carbón y generación de energía. Marcó que el Gobierno nacional no invertirá dinero para la finalización de la construcción de la usina de 240 MW. Se estima que la inversión rondará los USD 30 millones.

Otro aspecto de importancia es que el futuro directorio de la sociedad anónima estará integrado por cinco personas, de las cuales habría dos designaciones del Estado nacional en las áreas de Energía Minería. Los trabajadores podrán nombrar a dos representantes en el directorio.

Después del decreto

LOA: ¿Cuál es el presente de la minera luego del decreto presidencial?

PGA: La sociedad anónima como tal aún no funciona. Hay que armar las asambleas, integración de directores y hacer todo el trabajo contable que queda por delante. Por un lado, avanzamos con el inventario de la empresa. Nunca tuvo uno aprobado, los informes de la SIGEM todo fueron objetados, por lo que se concluye que algo se hacía mal o no se presentaba.

Hay un equipo de dos contadores y seis personas que trabaja en el relevamiento de los bienes, esencialmente los inmuebles. Además se inició un trabajo con Tesorería del Estado para transferir los inmuebles. En ese esquema, entre inventarios y balances, hay 60 días de plazo.

El otro dato es que se trabaja para armar tres balances, la compañía no concluyó con el de 2023 y se debe sumar el de 2024 y los meses que transitamos de 2025, según informó la Agencia de Transformaciones Públicas.

Asimismo, ya comenzó la convocatoria a los gremios para trabajar los convenios. Se hizo un primer encuentro para explicarles cómo será la negociación y qué convenios colectivos de trabajo van a seguir o qué colectivos nuevos se van a aplicar.

LOA: ¿Es un debate en el que participa la intervención de YCRT?

PGA: Esto será llevado adelante por el Gobierno nacional con los gremios, nosotros no intervenimos.

En todas las empresas del Estado se convocó a los sindicatos para debatir qué convenios colectivos seguirán. Es un tema no menor que llevará su proceso. Según el decreto, hay una ventana de tiempo de 180 días de trabajo para llegar a un acuerdo en el régimen laboral.

Además, se habilitó el ingreso al Estatuto de los trabajadores y gremios como accionistas. Se analiza cómo se integrarán las acciones clase C.

También es oportuno aclarar que a la empresa se le estableció un capital inicial,pero no es el verdadero valor. Muchos piensan que la compañía vale 30 millones de pesos, pero es sólo la garantía inicial. Se trabaja para capitalizar YCRT y para eso es necesario concluir con los inventarios, y entre los bienes muebles e inmuebles hay que definir el valor fiscal de la empresa.

LOA: Una vez que se conoció el decreto, desde la intervención se indicó que los salarios están garantizados. ¿Es así?

PGA: Sí, están garantizados. Para la liquidación de este mes viajo a Buenos Aires, sucede que con la figura de la carboeléctrica nos modificaron todos los códigos para hacer una transferencia. Esto generó que los sueldos estén garantizados desde el Estado nacional, pero sin poder ser acreditados. La firma del pago está y ahora hay un retraso con los nuevos códigos.

LOA: ¿Cómo es que los trabajadores pueden transformarse en accionistas?

PGA:Trabajadores y gremios pueden formar parte de las acciones y del directorio. Hay que avanzar en alguna de las asambleas y definir cómo se va a integrar el régimen de participación privada, esto fue solicitado por los sindicatos desde un primer momento.

En su momento se habló de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM), tranquilamente se puede ir hacia ese esquema. La sociedad anónima puede se un primer paso para que luego se integre cierta cantidad de acciones para los mineros.

De esta manera, los asalariados y gremios quedarán involucrados en el control de la empresa, más allá que el Estado sostiene el 51% de las acciones.

El desafío es cómo se da ese trabajo a futuro y cómo los trabajadores asumirán la responsabilidad de designar a una o dos personas para integrar el directorio, que estará compuesto de cinco integrantes. El cargo tiene mucha responsabilidad, se responde con el patrimonio de cada persona.

Vienen tiempos de gran responsabilidad y previsión. La empresa puede salir adelante si vende carbón produce energía.

Las críticas vienen por el lado de que desaparece el esquema de empleo público y se va hacia el contrato de trabajo, pero no hay que perder de vista que el Estado lo hizo con todas las empresas y está firmado en un DNU y una ley.

Ahora, esto no implica que se negocien los convenios colectivos y que no se sigan manteniendo los derechos vigentes de los trabajadores.

LOA: ¿Cómo va el debate con los sindicatos de YCRT?

PGA: Hubo varios encuentros y se comenzó a vincularlos con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Desde la intervención e YCRT no tenemos participación en ese debate, pero podemos hacer un vínculo y trabajar para que se mantengan los derechos actuales. Al igual que la estabilidad laboral, vinimos con un plan de reactivación y el objetivo es no dejar a nadie afuera. Hay que producir para sacar adelante a la empresa.

LOA: ¿Cómo recibieron los gremios el escenario que se avecina?

PGA: ATE fue el que peor recibió. Fue muy crítico conmigo, pero es una decisión del presidente Javier Milei. Trato de acercar las partes para que el camino a transitar sea de la mejor manera. Hay antecedentes que en otras esferas del Estado no se tocó el convenio colectivo de trabajo.

Desde ATE aseguran que el presidente no tiene la facultad de decretar una sociedad anónima, sin embargo, el Gobierno ya avanzó en este sentido con más de 10 empresas.

En este escenario intervino la Provincia para señalar a las autoridades del Estado nacional que YCRT es un caso diferente y complejo, se lo planteó que no hay dónde reubicar al personas, entonces sí o sí hay que reactivar el proyecto.

LOA: ¿Nación planteó la necesidad de achicar los puestos de trabajo?

PGA: No. El planteo es una reducción del déficit mes a mes. Se presentaron dos proyectos de reactivación de la usina 240 y no los aceptaron. Dijeron que son casi 30 millones de dólares quetiene que conseguir la empresa con inversión de un privado, aseguraron que el Estado no lo va a financiar. Entonces se aceleran los tiempos para motivar al inversor privado.

LOA: ¿A cuánto haciende el déficit?

PGA: En este mes en curso vamos a pagar 6.800 millones de pesos. El cálculo anual es de cien mil millones de pesos.

Hemos reducido mucho el déficit, fuimos cancelando deudas tributarias y fiscales. Vamos a mantener el CUIT y hay obligaciones que deben estar al día.

Mineral

LOA: ¿Cómo resultó la venta del carbón por subasta?

PGA: Las 30 mil toneladas están colocadas, resta un estudio que hizo la empresa que compró el mineral. Tiene que armar la ventana de carga, implica que el mineral tenga la humedad para ser transportado. Mientras tanto, la empresa está designando el buque que podrá cargar el carbón.

Creemos que la venta se concretará en el transcurso de este mes.

LOA: ¿Y la producción, cómo sigue?

PGA: Tenemos más toneladas extraídas. Queremos armar lotes de ventas para avanzar en otras transacciones.

Pero hay que hacer otro trabajo posterior a la venta, sucede que la compañía hace más de 10 meses que no aplica gastos operativos,entonces hay inconvenientes con elementos de protección personal, repuestos e insumos. Esto nos impide tener un plan productivo vigente.

Carbón y producción hay, se tiene que trabajar en los otros aspectos. Creo que cuando tengamos acomodado lo financiero y contable, deberemos atraer a los inversores para que pongan en marcha la usina en seguida.

El cálculo preliminar es que si vendemos carbón cada 60 días y generamos energía con un solo módulo -entre 80 y 90 MW-, el déficit se reduce a cero y se cubren todos los salarios.

De esta manera, los pueblos de la Cuenca Carbonífera siguen de pie con la esperanza intacta de vivir del valor agregado del carbón.


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