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title: "20 años de planes inconclusos: las viviendas que quedaron sin terminar en Santa Cruz"
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description: "Durante dos décadas, Santa Cruz recibió fondos, licitó cientos de viviendas y anunció diferentes programas destinados a reducir el déficit habitacional. Sin embargo, detrás de los anuncios quedaron obras paralizadas, barrios sin concluir, ocupaciones irregulares y familias que esperaron durante años. Una denuncia presentada en 2023 puso bajo la lupa la gestión del IDUV entre 2016 y 2019, mientras que el período 2015-2023 forma parte de actuaciones judiciales que continúan en investigación."
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date_published: "2026-08-19T20:53:00-03:00"
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# 20 años de planes inconclusos: las viviendas que quedaron sin terminar en Santa Cruz

El acceso a la vivienda fue durante años una de las principales promesas de las administraciones provinciales de Santa Cruz. Planes nacionales, programas provinciales, licitaciones y convenios se sucedieron mientras miles de familias aguardaban una solución habitacional.

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Pero una parte de aquella política dejó otro paisaje: **viviendas inconclusas, obras paralizadas, plazos vencidos y construcciones que terminaron ocupadas antes de poder ser entregadas formalmente**.

El interrogante que permanece después de años de inversión pública es inevitable: **¿qué ocurrió con las viviendas anunciadas, licitadas y financiadas y cuántas llegaron finalmente a sus destinatarios?**

## Caleta Olivia, uno de los casos más críticos

Uno de los ejemplos más representativos se encuentra en **Caleta Olivia**, donde la problemática habitacional se combinó durante años con planes que quedaron sin finalizar.

En diferentes momentos llegaron a contabilizarse **más de 300 viviendas ocupadas irregularmente**, correspondientes a conjuntos habitacionales que todavía no habían completado el proceso necesario para ser adjudicados y entregados formalmente.

Entre los antecedentes aparecen los planes de **187, 60 y 40 viviendas**, cuyas unidades fueron ocupadas durante 2015.

El problema se prolongó durante años y obligó posteriormente al Estado a buscar alternativas para regularizar situaciones que originalmente debieron resolverse mediante la finalización de las obras y los correspondientes procedimientos de adjudicación.

Con el paso del tiempo, desde el propio Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda se reconoció además el prolongado período durante el cual Caleta Olivia no logró concretar nuevos planes habitacionales.

## 988 viviendas licitadas y 224 entregadas, según una denuncia

Otro capítulo surgió a partir de una **denuncia penal presentada en 2023 contra exautoridades del IDUV**.

Según lo denunciado, entre **2016 y 2019 habrían sido licitadas 988 viviendas**, mientras que durante ese período solamente **224 habrían sido entregadas**.

De tomarse esas cifras, las unidades entregadas representarían aproximadamente el **22,7% del total licitado**.

La diferencia entre ambas cantidades no permite concluir por sí misma que las restantes viviendas hayan sido pagadas completamente o abandonadas, ya que cada obra puede haber atravesado distintos grados de ejecución, certificación, financiamiento, paralización o continuidad posterior.

Sin embargo, la magnitud de la diferencia constituye uno de los elementos que motivaron cuestionamientos sobre aquella etapa de la política habitacional provincial.

Durante parte de esos años, **Pablo Grasso estuvo al frente del IDUV**. Posteriormente, la presidencia del organismo quedó en manos de su hermana, **María de los Ángeles Grasso**.

## Empresas que aparecen en distintas contrataciones

La revisión de las contrataciones correspondientes a aquellos años también coloca el foco sobre las constructoras que participaron de los diferentes programas habitacionales.

Entre los nombres mencionados aparecen **PERMACO S.R.L., Carrizo Stella Maris y CIAPECO S.A.**, entre otras firmas que tuvieron participación en obras públicas.

Algunas de esas empresas volvieron posteriormente a aparecer como proveedoras o contratistas del Estado.

Uno de los casos es **PERMACO**, que registró contrataciones con el IDUV y aparece nuevamente vinculada durante 2026 con órdenes de pago de la **Municipalidad de Río Gallegos**, actualmente conducida por Pablo Grasso.

De acuerdo con el relevamiento realizado sobre documentación administrativa, **entre enero y marzo de 2026 las órdenes vinculadas a PERMACO superarían los $107 millones**, contemplando conceptos relacionados con deudas, combustibles, repuestos, equipamiento y otros rubros.

Que una empresa haya trabajado con diferentes organismos o administraciones **no constituye por sí mismo una irregularidad**.

El interrogante relevante pasa por reconstruir qué contratos recibió, cuáles fueron los montos adjudicados y efectivamente abonados, qué porcentaje de ejecución alcanzó cada obra y cuáles fueron finalmente terminadas.

## Una etapa del IDUV bajo investigación

Las dudas sobre la administración de los recursos habitacionales también llegaron a la Justicia.

En 2025, el propio IDUV informó que se había presentado como **querellante y aportado documentación** en una causa destinada a investigar posibles delitos relacionados con la administración del organismo durante el período **2015-2023**.

Las actuaciones alcanzarían a distintas personas que ocuparon sucesivamente la conducción del Instituto, entre ellas **Pablo Grasso y María de los Ángeles Grasso**.

Se trata de **una investigación judicial en curso**. La existencia de una causa o denuncia no implica culpabilidad y las responsabilidades individuales deberán ser determinadas por la Justicia sobre la base de las pruebas incorporadas al expediente.

## Dos décadas y una pregunta pendiente

Más allá de nombres propios y responsabilidades que eventualmente pueda establecer la Justicia, existe una realidad visible en diferentes puntos de Santa Cruz.

Durante años se anunciaron planes habitacionales, se realizaron licitaciones y se comprometieron importantes cantidades de recursos públicos.

Al mismo tiempo, numerosos santacruceños continuaron esperando una vivienda.

Los barrios inconclusos, las construcciones paralizadas y las ocupaciones de unidades que nunca llegaron a entregarse regularmente forman parte de una historia que merece ser reconstruida con documentación.

Después de dos décadas de políticas habitacionales, **el debate ya no debería limitarse a cuántas viviendas fueron anunciadas o licitadas**.

La verdadera rendición de cuentas requiere responder otras preguntas:

**¿Cuántas se financiaron? ¿Cuánto dinero se desembolsó? ¿Cuántas obras se terminaron? ¿Qué empresas recibieron los contratos? ¿Cuántas viviendas fueron finalmente adjudicadas y entregadas a las familias?**

Responder documentalmente esos interrogantes permitiría conocer la verdadera dimensión de una deuda habitacional que Santa Cruz todavía arrastra.

**Fuente: La Prensa de Santa Cruz**

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