Asociaciones y familias de personas con discapacidad marchan hacia Plaza de Mayo, donde quieren instalar una carpa blanca para visibilizar sus reclamos contra el ajuste a “una de las áreas más vulnerables de la sociedad” según explican desde las organizaciones convocantes.

La protesta que comenzó este mediodía se extenderá hasta el 31 de agosto y se realiza simultáneamente en la Ciudad de Buenos Aires y en las principales localidades del país, entre ellas, Córdoba, Rosario, Mendoza y San Miguel de Tucumán.

Bajo la convocatoria es No al DNU, no al ajuste en discapacidad, los organizadores aseguran que “confluyen los reclamos que se vienen realizando desde hace tres años y en la coyuntura actual se ven agudizadas cada una de las problemáticas de nuestro colectivo”.

“Una vez más se entregará un petitorio al presidente Alberto Fernández con puntos específicos reclamados para su intervención”, adelantaron.

Por su parte, los prestadores indicaron por medio de cadenas a través de servicios de mensajería a las familias de sus pacientes que la falta de pagos comenzó, en muchos casos, en abril y explicaron que desde la Superintendencia de Servicios de Salud estarían “reteniendo los fondos para cubrir los pagos adeudados” al tiempo que recién en “la primera quincena de septiembre” girarían el dinero a las obras sociales para éstas, realicen abonen los honorarios profesionales.

En tanto, diversos voceros reclamaron ante la “constante invisibilización que afecta a las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios de salud e integración escolar”

Entre los principales reclamos figuran el pedido de que las pensiones no contributivas estén “acordes a la inflación”.

“Si bien pasaron de 16000 a 23000 pesos, este monto no cubre el sustento mínimo y menos aún medicamentos imprescindibles para esta población que no son cubiertos por el programa Incluir Salud. Lo que conlleva a un posterior reclamo vía recurso de amparo ya que el programa Incluir Salud no es una obra social de asistencia médica integral”, explicaron.

Según lo publicado por diversos medios, el ministro de Economía, Sergio Massa, les advirtió a los sindicatos que solo le transferiría $1.500 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) hasta fin de año, para poder alcanzar la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional. Esto implica un recorte de $10.000 millones en esta partidas que se usan para pagar servicios de alta complejidad, servicios de discapacidad y otras prestaciones.