SOCIEDAD
Marcha atrás en Río Negro con la eliminación de los boletines de calificaciones

El Consejo Provincial de Educación emitió una nueva normativa en la que dice que el tema merece más tiempo «para la recepción de aportes». «Este es un gran triunfo de los que defendemos la educación», dijo un legislador de Juntos por el Cambio
Finalmente, luego del revuelo que se generó, el gobierno rionegrino dejó sin efecto la resolución que había eliminado el uso de boletines en las escuelas primarias. A tal respecto, se decidió avanzar en una nueva normativa del Consejo Provincial de Educación, en la que se dispone la suspensión de los cambios so pretexto de la necesidad de “establecer un tiempo para la recepción de aportes”.
La marcha atrás se motorizó a través de la Resolución 3143, que lleva las firmas de la ministra de Educación de Rio Negro, Mercedes Jara Tracchia, de la vocal gubernamental, Angélica Portales, del vocal docente, Marcelo Nervi, del representante de los padres, Alberto Reyes y del secretario general del CPE, Leonardo López.
La norma aprovecha para explicar que la decisión de eliminar los boletines se había refrendado en el marco de las jornadas institucionales establecidas por calendario, donde “se revisitaron concepciones inherentes a la evaluación y su alcance, dando lugar a la posibilidad de rediseñar un dispositivo pedagógico de evaluación de trayectorias escolares con el fin de valorar y registrar las trayectorias, los saberes enseñados y los indicadores de aprendizaje”.
Quien expuso la polémica cuestión fue el legislador rionegrino Juan Martín, de Juntos por el Cambio, asegurando que con esa medida —ahora reformulada— “Río Negro eligió el camino de la mediocrización educativa”
Ahora, luego de la vuelta atrás por parte del Ejecutivo provincial, el mismo referente dijo a Noticias Argentinas: «Este es un gran triunfo de los que defendemos la educación. El Ministerio emitió una resolución sin hablar antes con las familias o con los docentes y todo esto resultaba poco claro».
Y añadió: «Nos parece bien que se busque mejorar la forma de evaluar, pero tiene que ser de una forma consensuada y en ningún caso hay que dejar de lado los parámetros que permiten saber si los chicos están aprendiendo y si el sistema educativo funciona».
Por su parte, desde la cartera de Educación de Rïo Negro explicaron: “Vamos a modificar el formato, diseño y forma de comunicar cómo se evalúa, ampliando la descripción de las trayectorias de los y las estudiantes para que las familias tengan más información de cómo van en la escuela. Ello no implica eliminar la Evaluación Conceptual, la cual se expresa con una escala por nota (SO, MSA, PSA Y SA). A esta conceptualización se le sumarán más elementos descriptivos que den cuenta del proceso educativo”, expresó la titular de la cartera educativa”.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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