SOCIEDAD
Ley Ómnibus: YPF sale de la lista de empresas estatales a privatizar

Después de muchas idas y venidas -y de reuniones en el hotel Savoy-, el Gobierno incorporó las modificaciones a la ley ómnibus que le pedía la oposición amigable (PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal) para votarle el proyecto. Entre los cambios principales aceptados por el oficialismo están YPF, que sale de la lista de remates de empresas estatales; se modifica la delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo y se saca el aumento a las retenciones.
A pesar de que Milei había dicho que no aceptaría un solo cambio a la letra, su ministro del Interior, Guillermo Francos, comandó las negociaciones y le estaría acercando a la oposición light un borrador en el que incorporó alguno de sus tantos pedidos.
YPF no se privatizaría; las facultades extraordinarias (que el Presidente pretendía tener por dos años prorrogables por otros dos) pasan a ser por un año prorrogable por otro más y se eliminó el aumento de las retenciones a las economías regionales.
Asimismo, según el documento al que accedió la prensa se eliminan: la declaración de emergencia en las áreas de Defensa, Social y Sanitaria; la prohibición de reunión de tres personas en el espacio público sin autorización previa; la modificación en la composición de la Cámara de Diputados (que querían pasar a un sistema de circunscripciones uninominales) y el capítulo completo de salud pública, entre otros cambios.
Los principales cambios en el proyecto de la Ley Ómnibus, también llamada «Ley de Bases»
Delegaciones facultades: el Gobierno aceptó reducir de dos años (con posibilidad de otros dos años de prórroga) a un año. Se reducen las emergencias.
Fórmula de movilidad jubilatoria: la suspensión de la ley vigente sin un reemplazo como pretendía el menú quedó fuera del mismo, quedando en pie dos opciones. La primera es introducir una nueva fórmula de movilidad indexada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y que los haberes se actualicen según la inflación del mes anterior. La otra opción e,s directamente, retirar el artículo sobre la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y postergar la discusión para más adelante, en una ley separada.
Retenciones: se mantiene el 33 % de las retenciones a la soja pero se reduce a cero los derechos de exportación a las economías regionales, que en el proyecto original se elevaban al 15 %.
Privatizaciones: se mantiene el paquete de empresas públicas sujetas a privatización pero se quita de la nómina a YPF,que de esta forma, continuará siendo una sociedad anónima de propiedad mixta con participación mayoritaria estatal. Se acordó que ante cualquier privatización, el Gobierno debe enviar el pliego con los términos y condiciones a una comisión bicameral del Congreso. Además de YPF, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal quieren impedir que se privaticen el Banco Nación, ARSAT, YMAD y Nucleoeléctrica.
Reforma electoral: se deja de lado la propuesta de uninominalidad de circunscripción, cuya aplicación afecta gravemente la representación de los partidos más chicos en la Cámara de Diputados. Se mantiene el sistema actual.
PROVINCIALES
Brizuela: «El SOEM no puede exigir mejoras en la CSS si el intendente que ellos respaldan es uno de los principales responsables de desfinanciarla»

El ministro de Gobierno apuntó contra Pedro Mansilla, del SOEM.
Nicolás Brizuela, ministro de Gobierno, apuntó contra Pedro Mansilla, secretario general del SOEM de Río Gallegos, por «reclamar mejores prestaciones en la Caja de Servicios Sociales sin mencionar la negativa del intendente Pablo Grasso a realizar los aportes correspondientes», informó Gobierno.
«Es llamativo que el sindicato municipal haga reclamos a la obra social y, al mismo tiempo, guarde silencio sobre el incumplimiento de su propio empleador. Esta omisión no es ingenua, es claramente una complicidad», afirmó Brizuela.
El funcionario aseguró que la falta de aportes municipales no solo «rompe el sistema solidario que sostiene la salud de los trabajadores, sino que también pone en riesgo el sistema jubilatorio provincial».
«Cada mes que el intendente no deposita lo que corresponde, la deuda crece y el daño al sistema es mayor. Es una bomba de tiempo que terminarán pagando todos los santacruceños y que genera desigualdades que hace que sea cada vez más inviable sostener su funcionamiento», siguió.
«El SOEM no puede exigir mejoras en la obra social si el intendente que ellos respaldan es uno de los principales responsables de desfinanciarla. Reclamar por un lado y encubrir por el otro es hipocresía pura y más en épocas electorales», concluyó el ministro.
Diario Nuevo Dia
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