SOCIEDAD
Las organizaciones oficialistas defienden la suspensión de planes y responden las acusaciones del Polo Obrero

Desde el Movimiento Evita y Barrios Pie justificaron el proceso de baja de las coberturas sociales por falta de validación. Unidad Piquetera exige una reunión con la ministra Tolosa Paz y prepara manifestaciones.
Tras el anuncio de la suspensión de 154.441 planes Potenciar Trabajo por parte de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, los líderes de las organizaciones sociales oficialistas y opositores reaccionaron de forma dispar y volvieron a exponer su diferencias.
El secretario de Economía Social dentro del Ministerio de Desarrollo y titular del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, defendió los anuncios de Tolosa Paz y explicó que aún no se les quita el plan, sino que “se abre un período en el que si los compañeros se anotan, se les vuelve a dar de alta, mientras se les hace un aviso donde se le quita el 50%, todavía le quedan dos instancias más”.
“Hubo mucha difusión de cómo era el sistema y las unidades ejecutoras ayudaron también para hacer el trámite”, añadió Pérsico en declaraciones a FutuRock.
Por su parte, Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador de Barrios de Pie, se manifestó en un sentido similar y llamó a “prestigiar la política social”.
“Lo que hoy vemos es que después de una validación de datos, el 90% de los que reciben un plan, trabajan. Es válido que esté asociada a una obligación y no sólo a un derecho”, argumentó a Radio Rivadavia.
En tanto, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, nuevamente salió a criticar a la ministra Tolosa Paz y calificó a los últimos anuncios como “un ajuste”.
“Hay 160000 familias que el mes que viene cobran la mitad del ingreso, no porque no corresponda que estén, sino porque el sistema de validación es por internet y hay muchísimos pueblos y lugares donde no hay agua y luz”, explicó.
“Le van a reducir la mitad el ingreso que ya es una miseria. Esto no es una depuración, es gente que no pudo ingresar a un sistema para validar los datos. Tiene que citar a la gente personalmente”, agregó Belliboni entrevistado en radio La Red.
Mientras que el pasado lunes, Mónica Sulle, coordinadora del MST-Teresa Vive, había apuntado: “Dicen que la auditoría fue por orden y transparencia, con los trabajadores y los más pobres no es el mismo orden y transparencia que llevan con los evasores”.
Dirigentes de Unidad Piquetera pidieron una reunión urgente con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, reclamaron que se extienda el plazo para completar el trámite, exigieron que no se descuente el 50% del pago del plan y pidieron que cada organización pueda colaborar con las personas que tuvieron dificultades para validar sus datos
Además, este martes tienen previsto reunirse los dirigentes de las organizaciones que forman parte de Unidad Piquetera para evaluar la situación y definir si retoman el plan de lucha.
Qué datos arrojó la validación de identidad del Potenciar Trabajo
1.210.571 personas validaron la identidad y mantienen el Potenciar Trabajo.
Se suspendieron 154.441 beneficiarios del programa por falta de validación, que cobrarán el 50% en enero y a partir de la liquidación de febrero ya no percibirán el pago si no se inicia el reclamo por la App Mi Argentina.
El 60,87% (736.723 titulares) de los que validaron los datos no finalizó los estudios primarios o secundarias. De ese total, 124.000 personas no tienen la primaria terminada y más de 500.000 personas no tiene el secundario finalizado.
El 65,7% del padrón son mujeres.
1134.471 realizan como contraprestación tareas comunitarias o productivas; 46.471 declaran realizar programas y cursos de capacitación laboral, y 29.628 personas declaran estar finalizando estudios formales.
El 39,1% tiene como destinatarios a jóvenes de 18 a 29 años; el 29,5%, de 30 a 39 años; el 19,8%. entre 40 y 49 años, y el 11,5% desde 50 años o más
El 59% tiene hijos menores de 18 años.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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