Tras la decisión de la Corte de «cesar» a Ana María Figueroa, se desató una guerra al interior de Casación por el manejo de los casos más calientes que esperan sentencia de la Sala I. El macrismo y el partido judicial aprovechan el escenario para avanzar contra la vicepresidenta y pretenden dejar sin voz ni voto al reemplazante de la jueza, el camarista Alejandro Slokar. El rol del máximo tribunal en la nueva etapa de persecución que podría afrontar CFK. 

Por Irina Hauser

Con Ana María Figueroa afuera de la Cámara Federal de Casación Penal por una decisión de la Corte Suprema y con la designación en su reemplazo del camarista Alejandro Slokar (cercano a ella en sus posiciones jurídicas) ya estalló una nueva discusión dentro del tribunal. ¿Intervendrá este juez en los casos más «calientes» que esperan sentencia en la Sala I, que ella integraba? Memorándum, Hotesur-Los Sauces y Oil Combustibles, son los más rutilantes de la lista, y en los que el macrismo y sectores judiciales afines querían evitar que la jueza saliente participara. Desde la presidencia de la Cámara de Casación, que ocupa Mariano Borinsky, empezó a circular la idea de que Slokar no debe votar en esas causas pese a que hay una acordada que se aplicó –al menos hasta ahora–  que contradice esa postura. 

Los dos excompañeros de Figueroa en la Sala I, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, están dispuestos (ahora que ella ya no está) a resolver Hotesur-Los Sauces este mes, confirmaron allegados al tribunal a este diario. Según La Naciónrevocarán el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, que habían sido acusados de lavado de dinero y otros delitos. De ser así, ordenarían que se haga un juicio oral. La exjueza había escrito su voto hacía meses pero perdió validez. El dúo de casadores aguardaba su salida y no tiene intención de convocar a Slokar. 

Si el dúo Barroetaveña-Petrone tiene una decisión tomada no queda claro por qué no avanzó antes, dado que el tema está listo para ser resuelto desde noviembre del año pasado. ¿Para que no quedara a la vista la argumentación de Figueroa, tal vez disidente? ¿Querían estar más cerca de las elecciones? ¿Otra cosa? Ellos, al parecer, argumentan que recién ahora están limando unas pequeñas diferencias. Del mismo modo, buscarían resolver el caso Memorándum, donde CFK y exfuncionarios fueron sobreseídos. Figueroa también había sentado posición. En estos u otros casos las partes, si quieren, podrán plantear sus objeciones frente a la composición del tribunal. 

Lo que viene

Figueroa ocupaba la vocalía 10 en la Cámara de Casación –máximo tribunal penal del país– adonde había ingresado en 2011. Desde este año era la presidenta del tribunal. Por el tiempo que durara ese mandato, no participaba de las nuevas causas que ingresaban a la Sala I. Su lugar allí quedó transitoriamente ocupado por Carlos Mahiques. Pero, como es habitual, la magistrada podía votar en aquellos expedientes donde ya se hubieran hecho las audiencias de rigor con las partes. También podían resolver Barroetaveña y Petrone solos en caso de estar en sintonía porque las normas procesales se los permite. En la pulseada que ya comenzó hay un sector que dice que Mahiques debe participar ahora de todas las causas de la Sala I. Sin embargo, ese despacho que dejó vacante Figueroa es subrogado por sorteo por Slokar.

La acordada 5 del año 2016 dice: «El tribunal integrado al momento de fijar audiencia de informes, y a fin de evitar toda demora en el trámite de los procesos (…) debe resolver el recurso atinente a esa convocatoria, cualquiera fuese la subsiguiente composición». Esta definición quedó ratificada en la causa donde se juzgaron crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como «La Cacha». Cuando llegó a Casación tardó cerca de cinco años en tener resolución la apelación de las condenas (en su mayoría a prisión perpetua). Uno de los acusados, el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart durante el período dictatorial, se quejó e hizo una denuncia por la demora. El tribunal ratificó el criterio establecido el año anterior sobre quiénes deben resolver: tiene que ser la integración de jueces/zas que había al momento del llamado a audiencia. Por coincidencia este asunto estaba en manos de la sala I. Confirmaron las condenas Figueroa, Petrone y Barroetaveña. 

Con esta perspectiva, en los casos donde Casación ya hizo audiencias, la resolución debe ser adoptada por la composición de la sala en aquel momento. Todo indica que esto no se quiere aplicar a las causas que mueven intereses políticos: Hotesur-Los Sauces y Memorándum, en las que CFK fue sobreseída; y la de Oil Combustibles, en la que fueron absueltos los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, que habían estado dos años en prisión.

Las causas de la discordia

* En la causa del Memorándum con Irán, donde la vicepresidenta y otros exfuncionarios fueron acusados de encubrimiento del atentado a la AMIA por el fallecido fiscal Alberto Nisman, el Tribunal Ora Federal 8 concluyó que no hubo delito, y por lo tanto no podía haber juicio. Fueron todos sobreseídos, pero las querellas de la AMIA y la DAIA apelaron y reclaman un enjuiciamiento. El fiscal Javier De Luca había desistido. Las audiencias ante la sala I se hicieron en noviembre de 2022, con participación de Figueroa. 

*En Hotesur-Los Sauces, se había acusado a CFK y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner por el supuesto alquiler irregular de hoteles de la familia, con la teoría de que se usaban para recibir pagos ilegales a cambio de obra pública pese a que todas las operaciones estuvieron bancarizadas. El caso llegó al Tribunal Oral Federal 5, con procesamientos por lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas, pero una mayoría estableció que no había nada que juzgar. La audiencia con Casación, donde el fiscal Mario Villar pidió revocar los sobreseimientos, también fue en noviembre pasado y estuvo Figueroa. 

Después de la última audiencia los jueces/zas tienen 20 días de plazo para resolver según las normas procesales. Suele haber una flexibilidad auto-atribuida. Pero en los dos casos mencionados ya pasaron nueve meses y es evidente el intento de dilación en un año electoral. La traba no era Figueroa. 

Según la acordada de Casación del año 2016 y sus ratificaciones, se deduce que la vocalía 10 que ocupaba Figueroa, que participó en las audiencias y tenía posición tomada, es la que debe continuar con el tema. Podría suceder que se hagan las audiencias otra vez o que Slokar repase los videos. Pero parece que Borinsky y otros jueces creen otra cosa y esto podría hacer escalar un conflicto con estos temas (y tal vez otros), que fueron alimentados por el macrismo, sus medios afines, y parte del sistema de justicia para hacer crecer la persecución judicial, y por ende política, contra CFK. 

Es posible que varios jueces digan que la vocalía 10, ahora con Slokar, fue asignada solo a la Sala III, que compartirá con Petrone y con Gustavo Hornos. Allí, por ejemplo, hay una causa conectada con la de los «cuadernos». Pero la vocalía en cuestión, tiene causas, por ejemplo, de la sala IV también. Ahí está en revisión la condena a CFK por Vialidad (seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para cargos públicos). En este caso los jueces son Borinsky, Hornos y Barroetaveña. 

* En el expediente conocido como «Oil Combustibles» los accionistas López y De Sousa, dueños también de los medios del Grupo Indalo (de los que el gobierno de Cambiemos los quiso despojar), fueron acusados de no pagar el impuesto a los combustibles líquidos. Pero el Tribunal Oral Federal 3 los absolvió por mayoría en marzo de 2022 y condenó al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray. La audiencia en Casación fue en junio de este año. Mahiques está excusado también. 

La Corte lo hizo 

Con la decisión unánime de hacer «cesar» a Figueroa, los cuatro supremos (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) buscaron posicionarse como quienes manejan por completo el poder de decidir. Figueroa cumplió 75 años, la edad jubilatoria, el 9 de agosto último. El Poder Ejecutivo había pedido, como permite la Constitución, que se le diera acuerdo en el Senado para seguir cinco años más. La Comisión de Acuerdos lo aprobó sin objeciones ni impugnaciones, pero la oposición y un grupo de peronistas disidentes y presionados a viva voz por Mauricio Macri, impidieron que su pliego se votara en el recinto. El expresidente señaló a Guillermo Snopek, Edgardo Kueider y el gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck y les advirtió: «No dejen que nombren a los jueces militantes». 

La jueza siguió esperando, pero la presión dentro de Casación –bajo obvias influencias externas– fue muy fuerte. Le dijeron que se tenía que ir. El primero en decírselo fue Guillermo Yacobucci. El único que la defendió fue Slokar. A la hora de resolver, la Corte primereó a los casadores. La jubiló por la fuerza antes de que el Senado resolviera y aplicó una visible doble vara. En casos previos no había impedido la continuidad de otros jueces/zas que habían cumplido la edad jubilatoria y esperaron el acuerdo por varios meses, como Juan Carlos Bonzón y Luis Imaz, ambos del fuero penal económico, y Silvia Mora, de un tribunal oral criminal, esposa del camarista antikirchnerista Ricardo Recondo, extitular de la Asociación de Magistrados por la lista Bordó. Figueroa mencionó en una entrevista publicada por Página/12 el caso récord, el del juez con competencia electoral en Córdoba Ricardo Bustos Fierro que estuvo siete años y ocho meses más después de los 75 sin decisión del Senado. La pregunta inevitable es: ¿qué pasará con todos los fallos que firmaron desde que cumplieron 75 años? ¿Son nulos?

La Corte estableció ahora que cuando un magistrado/a cumple 75 años se jubila automáticamente, a menos que ya haya obtenido la renovación del acuerdo. Citaron su propio fallo del caso del fallecido camarista Leopoldo Schiffrin, que había dejado en claro la edad jubilatoria en contraste con la vieja doctrina lograda por Carlos Fayt, que fue supremo hasta los 97 años. Por entonces, el Consejo de la Magistratura emitió una resolución que obligaba a jubilarse a todos/as quienes ya tuvieran 75 con excepciones que incluían un pedido de nuevo acuerdo del Ejecutivo, como tenía Figueroa. 

Más allá de la polémica por las facultades de la Corte para «cesar» a un juez/a, su decisión sobre Figueroa fue política. La querían lejos de la Casación, a tono con el macrismo, los grandes medios y sectores judiciales. Clarín y La Nación la señalaron como «la jueza de Cristina» o «afín» a ella». Difícilmente llamarían «jueces de Macri» a los que nombró a dedo en la Cámara Federal o a Rosenkrantz. Figueroa cuestionaba la falta de mujeres en la Corte, el modelo patriarcal en tribunales, venía de trabajar con organismos de derechos humanos y denunció como un funcionario del gobierno de Macri la quiso apretar por la causa sobre la validez constitucional del Memorándum. Deja una tercera vacante en Casación que, tal como está todo dado, podrá definir un próximo gobierno. Para las dos primeras hubo examen en mayo del año pasado pero los postulantes aún ni saben sus notas. Así, a pura rosca, especulación y mínimas decisiones, funciona el Consejo reformado por la propia Corte, presidido por Rosatti.