La sentencia de la Corte sobre la coparticipación porteña pone al alcalde en un potencial enfrentamiento con la mayoría de las provincias. La necesidad de cerrar la controversia rápido.

Por: Claudio Mardones@mcmardons

El fallo de la Corte que le dio a la Ciudad el porcentaje del 2,95% de coparticipación federal, un 0,5 menos del 3,5 que le había dado Mauricio Macri y luego le quitó el presidente Alberto Fernández, le llegó a Horacio Rodríguez Larreta en un buen momento. Sucede cuando busca quedar fortalecido dentro de la interna del PRO y de Juntos por el Cambio por la candidatura presidencial de 2023. El espaldarazo provisorio del máximo tribunal le permite esgrimir que la estrategia elegida fue la correcta, a pesar de las críticas de Macri y Patricia Bullrich. También le anticipan que tendrá un campo minado de cuestionamientos en todas las provincias afectadas por la redistribución de la corta frazada de la coparticipación para el año electoral que está por comenzar.

La Corte cerró la controversia a medias porque le dio la razón al gobierno porteño, que había comenzado a recibir el 1,4% a partir de una decisión de Fernández que resolvió en 2020 dejar sin efecto el incremento dispuesto por Macri para financiar el traspaso de toda la estructura porteña de la Policía Federal a la administración capitalina. Desde la reforma constitucional de 1994 no se pueden transferir servicios de la Nación a las provincias sin los fondos y esa fue la razón que esgrimió Macri para transferir las 53 comisarías a la Ciudad con una abultada billetera extraordinaria para Rodríguez Larreta. Fernández le sacó ese porcentaje para financiar el conflicto salarial de la Policía Bonaerense, que había escalado al punto de desconocer la autoridad del gobernador Axel Kicillof y autoacuartelarse con una movilización a la residencia de Olivos contra el presidente.

La reducción del gobierno puso en guerra al ejecutivo porteño. Recurrieron a una Corte que, mal que les pese a los dirigentes de JxC más convencidos de la división de poderes, tiene una relación muy promiscua con diputados y senadores del principal conglomerado opositor. Algunos llegan a mantener comunicaciones vía WhatsApp en medio de un año donde el máximo tribunal ha sido determinante respecto al futuro del Consejo de la Magistratura, en un conflicto de poderes con el Congreso que ahora suma otro, pero con el Poder Ejecutivo y la mayoría de los estados provinciales.

Fernández anunció que desconocerá el fallo. Si lo hubiera hecho en soledad habría sido otro escenario para Rodriguez Larreta. Pero el presidente tomó la decisión de recurrir la sentencia de la Corte con una apelación «in extremis» que deberán resolver los mismos cortesanos. Algunos auguran que volverán a ratificar la medida porque responde a una cautelar y todavía no se resolvieron la cuestiones de fondo. El planteo de la Casa Rosada es acompañado por 14 gobernadores peronistas. Si bien algunos no pierden de vista que la pulseada gira en torno al financiamiento de la Provincia de Buenos Aires, bancan igual la ofensiva del gobierno nacional. Hay dos jugadores peronistas no kirchneristas de la zona núcleo que no pusieron el gancho. Ni el santafesino Omar Perotti ni el cordobés Juan Schiaretti acompañaron el planteo y lo mismo sucede con los tres mandatarios radicales: el jujeño Gerardo Morales, el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Rodolfo Suárez.

La demostración de fuerza, más allá de la controversia judicial, es un mensaje político para la Corte. Sus miembros deberán valorar la advertencia de las provincias. Pero también es una flecha con fuego para el alcalde porteño por el año que viene. La nacionalización de la pelea por los fondos coparticipables puede minar su recorrido electoral durante la campaña presidencial que está preparando a lo largo de todo el país. La decisión de la Corte implica la devolución de una caja que, según cuentan como un tabú dentro del larretismo, el alcalde ya no esperaba recibir en su totalidad porque una parte fue cubierta con los aumentos de impuestos. Los voceros oficiales porteños acotan que será una pérdida de 154.000 millones de pesos en 2022 pero otros conocedores de las arcas larretistas relativizan esa cifra.

La respuesta de la Nación es que no tiene recursos para concretar la devolución. El Presupuesto 2023 ya fue transformado en ley por el Congreso y es considerado un escudo por el Gobierno para seguir con el litigio. Eso pone en una situación políticamente muy incómoda al ejecutivo porteño porque pedirá el embargo de fondos que van a parar a las provincias. Indirectamente le toca el bolsillo a los gobernadores en la previa de un verano caliente que será la antesala de las elecciones. Larreta sabe que es la misma bronca que tuvo cuando le quitaron «una parte de la copa». Cada administración espera los fondos coparticipables como el agua y si bien la controversia afecta directamente al territorio bonaerense, Larreta se enfrenta al scrum de 14 mandatarios que, con matices, le apuntarán a la Ciudad y al porteñocentrismo de un precandidato presidencial, empeñado en nacionalizar su figura. Para esa misión la pelea por la coparticipación puede resultar letal si no es canalizada a tiempo.

La pulseada de la última semana del año será sólo el arranque. El gobierno recusará a los cortesanos y vestirá de discurso la apelación que anunció el presidente. Rodríguez Larreta redoblará las acusaciones sobre un «quiebre del orden constitucional» y pedirá la ejecución del fallo, es decir, que el Banco Nación, conducido por Silvina Batakis, gire los fondos o afronte la otra parte de la novela: una tormenta de demandas penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la Cámara de Diputados los bloques de JxC multiplicarán los pedidos de juicio político contra el presidente y la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se subirá al ring side con denuncias penales contra el mismo destinatario.

Los planteos en el Congreso no tendrán eco hasta marzo en un contexto donde JxC apuesta a retomar la agenda legislativa en febrero, con un eventual período de extraordinarias en el que el oficialismo definirá el temario. Con esta nueva pulseada las chances de retomar el funcionamiento de los dos recintos son más escasas que a principios de esta misma semana. No habrá horizonte posible para las urgencias políticas que impone la pulseada por la coparticipación. Para el oficialismo es parte de una puesta en escena que apunta a instalar un escándalo institucional que podía ocurrir desde el momento en que se cayó la negociación extrajudicial entre la Rodríguez Larreta y el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro. En la Nación dicen que estuvieron muy cerca y en la Ciudad sostienen que había mucha distancia. Cerrado ese capítulo quedó esperar el fallo de la Corte. Hasta ahora Rodríguez Larreta disfruta las mieles del primer impacto: casi todo JxC está detrás suyo y hasta lo defienden Macri y Bullrich, que lo acusaban de tibio.

Con el torbellino de recursos que entrarán en tribunales durante esta última semana quedará saber si se habilitará la feria de verano para que se resuelvan las controversias antes de febrero. Detrás de la pirotecnia discursiva de JxC, que sumó un nuevo elemento aglutinante en el estribo del año, la estrella de Rodríguez Larreta seguirá empalideciendo en las provincias. Lo mejor que le podría pasar es que la controversia se resuelva con una negociación de verano antes del inicio del calendario electoral. Si la pulseada se extiende, quizás comience a arrepentirse de no haber cerrado el acuerdo extrajudicial al que sus negociadores ahora le bajan el precio, cargados de la adrenalina por la pulseada que arrancó antes de Navidad y que los volvió a poner en estado de campaña permanente.