Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez, están detenidas desde noviembre de 2021, cuando se produjo la muerte del niño en Santa Rosa

Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio Dupuy, el chico de cinco años asesinado en noviembre de 2021 en la capital pampeana, y Abigail Páez, su pareja, serán juzgadas desde el jueves como coautoras del crimen, en un debate oral en el que declararán más de 100 testigos. El juicio se hará a puertas cerradas, y el abuelo de la víctima pidió que ambas sean condenadas a “prisión perpetua sin beneficios”.

”Espero el juicio muy nervioso, con muchas expectativas. Como venimos esperando hace un año. Será un juicio muy largo. Es muy duro volver a revivir todo nuevamente. No olvidamos a Lucio ni un solo minuto de nuestras vidas”, dijo Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, a la agencia Télam.

El juicio, que se desarrollará a puertas cerradas –ya que la víctima era menor de edad y, además del homicidio, se debatirá un delito contra la integridad sexual de la víctima–, comenzará este jueves a las 8 y estará a cargo del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el debate se desarrollará hasta el 22 de diciembre y declararán cerca de 105 testigos.

Espósito Valenti y Páez llegan a la etapa de juicio detenidas en el Complejo Penitenciario 1 de la ciudad de San Luis.

La madre de Lucio es acusada de homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado.

Abigail Páez carga con la misma acusación, excepto por la agravante del vínculo. No obstante, la sumatoria de cargos hace que enfrente, al igual que su novia, la pena máxima del Código Penal.

Precisamente, Ramón Dupuy pidió que sean condenadas a prisión perpetua. Pero también denunció que ambas reciben “beneficios” en el penal puntano en el que permanecen alojadas.

”Lo que pedimos es prisión perpetua sin beneficios y que permanezcan separadas. Están juntas en la penitenciaria. Parece que están de vacaciones, porque tienen un pabellón para ellas solas, miran la televisión y tienen juegos de mesa”, señaló el abuelo de Lucio.

En ese sentido, Ramón comentó que está “angustiado”, ya que en el juicio verá por primera vez a las imputadas.

”No me he detenido a pensar cómo lo vamos a sobrellevar. Yo espero que de la mejor forma. Es la primera vez que las voy a ver a la cara. Tengo sensaciones encontradas. Por un lado, quiero que sufran en el banquillo y, por otro lado, no sé cómo puedo llegar a reaccionar. Me angustia porque venimos acumulando mucha impotencia”, expresó el hombre.

La hora del horror
El crimen de Lucio ocurrió el 26 de noviembre de 2021, cuando el niño murió a raíz de los golpes recibidos, tras lo cual, detuvieron a su madre y a la pareja de esta, quienes en un primer momento estuvieron alojadas en la seccional 6ª de Santa Rosa, donde recibieron fuertes agresiones, lo que obligó a su traslado a San Luis.

Según reveló la autopsia, Lucio presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data, y su muerte se produjo por una “hemorragia interna”, producto de las agresiones. También se encontraron signos de abuso sexual.

”En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así”, había dicho a Télam el forense Juan Carlos Toulouse.

Tras la muerte de Lucio se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Por tal motivo, se inició una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias -y la oportuna atención de las que fueron hechas- que pudieron haber evitado este desenlace.

”La familia quiere que se investigue el rol de cada una de las áreas del Estado que intervinieron y no denunciaron, como la de Salud. Entiendo que el protocolo ante la intervención con un menor no establece que la situación queda sujeta al criterio del médico, sino que se tiene que denunciar la situación objetiva, que es que un menor ingresa traumatizado”, había manifestado a Télam el abogado Aguerrido.